Torpemente, las autoridades capitalinas dieron por cerrada la primera etapa de la tragedia del Puente de la Concordia: 29 familias están de luto, pero ahora casi un centenar de lesionados apenas inician su rehabilitación. Los peritajes iniciales apuntan a la impericia del conductor y al exceso de velocidad como las causas probables del funesto evento.
Entre la indemnización por los daños, configurada en el derecho penal, y la reparación integral no debería haber discrepancias, pues se trataría de un mismo contenido de derechos que operan bajo dos denominativos diferentes.
La protección de las víctimas, en todo caso, es lo que debería priorizarse. El incidente provocado hace dos semanas por la volcadura de la pipa cargada con 45,000 litros de gas LP también afectó a otros 32 vehículos. Las narrativas falsas —alimentadas inclusive por funcionarios capitalinos— apuntaron inicialmente a la falta de seguros.
Otras conflagraciones recientes —la estampida en el Flow Fest, del 2022, el derrumbe de una grúa en el Bicentenario durante el Festival Ceremonia y recientemente, la caída de gradas en un concierto del artista Quevedo— han generado un intenso debate sobre las causas probables y el cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad civil. En estos espectáculos masivos, ¿se prioriza el lucro sobre la seguridad? Y los abogados, ¿quieren aprovecharse de la vulnerabilidad de las familias afectadas por los incidentes?
El litigio mediático no empata con lo que están resolviendo los tribunales. Y la narrativa del desplome de grúas en el Festival AXE Ceremonia 2025 comienza resquebrajarse. En la audiencia inicial por homicidio culposo, celebrada a finales de la semana pasada en Doctor Lavista, se hicieron evidentes las diferencias entre las defensas de las dos víctimas, ambos fotógrafos: mientras la familia de Berenice Giles exige que se impute a OCESA y a la empresa de seguridad LOBO, la representación de Miguel Ángel Hernández coincide con la fiscalía en que esos corporativos no tuvieron responsabilidad directa en la instalación de los artefactos que colapsaron.
La tensión procesal abre un dilema: ¿se busca justicia o responsables con nombre de alto perfil? El equipo jurídico de Berenice encabezado por el abogado Fermín Alejandro Victoria Rangel, acusa a la fiscalía capitalina de encubrir a las grandes empresas y reclama que se cambie su estatus de testigos a imputados. En contraste, la defensa de Miguel considera que no hay elementos en la carpeta —de 15 tomos— que los involucren en la operación de las grúas. Dos lecturas de un mismo expediente, dos estrategias para enfrentar un dolor compartido.
Los abogados de Berenice impulsaron una audiencia por omisiones, prevista para el 29 de septiembre, mientras los de Miguel se desmarcaron de esa ruta y aceptaron el diferimiento de la audiencia inicial hasta el 16 de octubre. La percepción es que los Giles quieren acelerar la confrontación, mientras que los Hernández optan por una defensa técnica, respaldada por los dictámenes de Protección Civil y las diligencias realizadas tanto por la alcaldía Miguel Hidalgo como por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que señalan que OCESA no fue responsable, promotor ni organizador del evento, pues las autorizaciones y permisos para el acceso de la grúa que se desplomó fue gestionado directamente por terceros ajenos a dicha empresa.
La disputa entre familias, más allá del dolor, podría fragmentar la búsqueda de justicia y dar margen a que los imputados —tres empresas y ocho personas— prolonguen el caso. El reloj judicial corre, y la diferencia de estrategias amenaza con diluir la exigencia colectiva en pleitos cruzados.
Cortesía de El Economista
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