La investigación federal sobre el huachicol fiscal, derivado del aseguramiento de un buque tanque en Altamira que introdujo de contrabando diésel documentado como aceite para no pagar impuestos, sigue arrojando presuntos responsables del delito, pero con un giro inesperado: la vinculación de alrededor de 20 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las estructuras en la Armada y en Aduanas que participaron en los actos de corrupción y daños a la Nación.
Las investigaciones, que aún no han sido judicializadas, han logrado establecer que hasta el momento hay 53 marinos, varios de ellos del Alto Mando y algunos de ellos que se mantienen en activo, presuntamente involucrados en la red del huachicol fiscal, por el cual dos sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, están sometidos a proceso, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, que se encuentra prófugo. De acuerdo con la información que ha trascendido, unos 45 marinos de diferentes rangos serán separados de sus cargos o les girarán órdenes de aprehensión.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, que autorizó la operación para desmantelar la red de corrupción en Altamira en marzo, está viendo cómo el gabinete de seguridad ha ido avanzando en las investigaciones, verificando la información de inteligencia que han ido recabando, principalmente, la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, con insumos que les han proporcionado las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Aunque la orden de acabar la red de huachicol fiscal fue de Sheinbaum, se ha revelado que las presiones de diplomáticos de la Administración Trump acotaron sus márgenes de maniobra, que impidieron que se toparan los crímenes cometidos en los sobrinos políticos del almirante Ojeda, que era una estrategia para evitar la contaminación en la Secretaría de Marina y, eventualmente, a la Presidencia de López Obrador.
El primer mensaje específico de Washington se lo dieron a la Presidenta un mes antes, aproximadamente, de la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, cuando le dijeron que la Casa Blanca esperaba que cualquier acuerdo político que hubiera tenido con López Obrador no significara un velo de impunidad para militantes de Morena. A lo largo de semanas, el interés principal se ha centrado en el senador Adán Augusto López, que ante la inacción de abrirle una carpeta de investigación en México e iniciarle un proceso para determinar su nivel de responsabilidad, provocó uno de los momentos más ríspidos en la reunión con Rubio, al considerar los estadounidenses que estaban buscando protegerlo.
Sheinbaum lo ha defendido en declaraciones, pero no ha sido lo mismo en privado, donde ha tenido encuentros ásperos con él, al tiempo de no haber frenado las investigaciones federales. Resultado de ellas, el caso del huachicol fiscal tomó un nuevo giro en las últimas semanas, de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, al encontrarse que alrededor de 20 personas que fueron colaboradores cercanos a López Obrador se encuentran vinculados a la red criminal de huachicol fiscal.
Algunos de los nombres son ampliamente conocidos, como el del senador López Hernández y el del exadministrador de Aduanas y hoy secretario de Gobierno en el Estado de México, Horacio Duarte, pero otros nunca habían sido incorporados en ninguna investigación previa, como el de Octavio Romero Oropeza, uno de los ideólogos de López Obrador en sus primeros años en la política en Tabasco, a quien nombró director de Pemex e impuso como director del Infonavit en el Gobierno de Sheinbaum.
Las investigaciones incluyen al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en el sexenio de López Obrador, como secretario de Relaciones Exteriores, compró las pipas para abastecer combustible cuando en las primeras cuatro semanas de ese Gobierno, el expresidente y Romero Oropeza provocaron desabasto de combustible. Junto con él figura, también por primera vez en una investigación de este calado, la actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que en la administración anterior inició como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, por donde pasó el análisis sobre las pipas y las asignaciones presupuestales extraordinarias para adquirirlas.
La información que ha trascendido no detalla las razones por las cuales están incorporados en el tema del huachicol fiscal, en donde aparecen, también de manera sorprendente, familiares de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tampoco se revelaron los nombres de los familiares, pero aparece un exfuncionario muy cercano a ella, Ricardo Peralta, que cuando una investigación sobre corrupción en Aduanas que realizó la Marina fue el preámbulo de su cese como administrador general, lo rescató como subsecretario. Peralta, que ha sido vinculado por las autoridades estadounidenses a una red de huachicol en Tamaulipas creada por el empresario Sergio Carmona, que aunque tiene vasos comunicantes con la del sur del país, es distinta a la red de los marinos.
La investigación sobre el huachicol fiscal se sigue profundizando, y la Presidenta no la ha frenado. Constantemente tiene reuniones de actualización con los secretarios de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, sobre los cuales está descansando la parte previa a la judicialización, donde el caso lo lleva Alfredo Higuera, fiscal especializado en materia de Delincuencia Organizada.
Hasta ahora, el senador López Hernández es el político de Morena de mayor jerarquía señalado en las investigaciones, cuya presunta relación con el huachicol fiscal de los marinos se conecta con las imputaciones que existen en la Secretaría de la Defensa por su supuesto involucramiento en otras actividades criminales, que incluyen negocios ilícitos con combustible robado en Chiapas y Tabasco, que operaba su exsecretario de Seguridad en el Estado, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso en El Altiplano y bajo proceso por delincuencia organizada.
El huachicol, en sus modalidades fiscal y de robo de combustible, es un negocio ilegal que detonó durante el Gobierno de López Obrador y se extendió más allá de su sexenio. Los sobrinos políticos del almirante Ojeda no son la cabeza de la hidra, sino la puerta a la estructura de poder del obradorismo que está siendo exhibida y expuesta, pese al interés político del régimen para lograr que la bala hacia donde se dirige nunca llegue.
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Cortesía de El Informador
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