El tarimazo del presidente Gustavo Petro en Medellín, el pasado 21 de junio, sigue dando de qué hablar. En las últimas horas se conoció que el alcalde Federico Gutiérrez envió una carta de siete páginas al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al FBI y a la DEA en la que expuso los hechos como “información relevante sobre situación crítica de seguridad y criminalidad trasnacional”.
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El mandatario distrital comenzó la misiva expresando su preocupación por cuenta de las acciones que, en su consideración, estarían “presuntamente favoreciendo de forma directa e indirecta a estructuras criminales que históricamente han afectado tanto la seguridad” de Medellín y de países aliados como los Estados Unidos.
“Desde la década de 1980, cuando el Cartel de Medellín dominaba el narcotráfico global, hasta la actualidad, la ciudad ha sido un nodo estratégico para actividades delictivas transnacionales”, planteó Gutiérrez, recordando que las estructuras delincuenciales mutaron de un modelo criminal centralizado hacia “redes fragmentadas pero interconectadas”, entre las que mencionó a la “Oficina” y a Grupos Delictivos Organizados (GDO), como “El Mesa”, “Los Chatas”, “Pachelly”, “La Terraza”, “Robledo” y “La Sierra”-, y los G.D.C.O. como “San Pablo” y “La Oficina del Doce”.
El alcalde indicó que estos continúan con su actuar delictivo en la ciudad y el Valle de Aburrá, con hechos como tráfico internacional de estupefacientes con destino principal a Norteamérica y Europa, y reiteró que dichos grupos delincuenciales tienen como aliados activos a carteles de otros países, como el “Tren de Aragua”, “CJNG”, “Cartel de Sinaloa”, “Mafia Albanesa”, “Choneros”, “Lobos”, “Cartel de los Soles”, “Maras Salvatruchas”, “Ndrangheta” y “Camorra”, entre otros.
En este punto del documento el alcalde lanzó una fuerte crítica ante la política “Paz Total” del Gobierno Nacional, planteando que a través de esta se estaría legitimando públicamente a los cabecillas de esas estructuras, aún activas “en el tráfico de drogas, explotación de menores de edad y adolescentes, tráfico armas, trata de personas y otras rentas ilegales de interés transnacional”.
En este orden de ideas, Gutiérrez expuso a las instituciones estadounidenses que en el evento de ese 21 de junio, llamado “Un pacto por La Paz Urbana de Medellín”, pero conocido como el “tarimazo”, el presidente Petro estuvo en tarima pública al lado de nueve de los máximos cabecillas de estas estructuras.
“Entre ellos sujetos incluidos en la Lista OFAC (Office of Foreing Assets Control) como Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”) y Freyner Alfonso Ramírez García (alias “Pesebre”), fueron exhibidos en tarima como ‘voceros de paz’, pese a tener condenas en firme por crímenes atroces (como homicidio, tráfico de narcóticos, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir, entre otros delitos de altísima gravedad) y a que, al parecer, siguen controlando sus estructuras delictivas desde el centro penitenciario en el que se encuentran recluidos (particularmente, en la cárcel de Itagüí)”, agregó el alcalde.
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En la carta, Gutiérrez recordó que al evento asistieron, además de Petro, varios de sus ministros, así como congresistas de la coalición, como Isabel Zuleta, León Fredy Muñoz, Alex Flórez y Pedro Baracutao, y hasta aliados políticos como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
En el congreso de Fenalco, que tuvo lugar este jueves, el alcalde hizo referencia al tema y sostuvo que el Gobierno Nacional se estaría poniendo de lado de los cabecillas y recordó que la Alcaldía de Medellín interpuso quejas disciplinarias en contra de algunos de los funcionarios que estuvieron en la tarima. Además, contó que envió la carta a las autoridades estadounidenses.
El alcalde también sostuvo en la carta que en dicho acto público se pudo haber revictimizado a personas afectadas por reconocidos actores del mundo criminal que fueron legitimados en la tarima, como los conocidos con los alias de ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Vallejo’, el ‘Saya’, ‘Albert’, ‘Juan XXIII’, ‘El Tigre’, ‘Pesebre’ o ‘El Indio’.
Asimismo, Gutiérrez cuestionó la asistencia de varios de estos personajes al acto político “sin contar con autorización de un Juez de la República para salir de su lugar de reclusión en establecimiento carcelario, pese a que todos ellos actualmente tienen sentencia condenatoria (y ejecutoriada) en su contra”, y agregó que la salida de la cárcel contó con una solicitud de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico.
El alcalde también habló de las posibles filtraciones de información delicada sobre operativos en contra de algunos criminales vigentes, cuyas capturas se habrían visto frustradas porque fueron alertados con anterioridad sobre las diligencias, lo que también puso en riesgo a los funcionarios a cargo de realizarlas.
Además, Gutiérrez hizo mención a grupos armados ilegales incluidos en la política de “Paz Total”, como el Clan del Golfo, el ELN, La Segunda Marquetalia у las disidencias de las extintas Farc, señalados de “narcotráfico hacia Estados Unidos, secuestro, terrorismo y
otras actividades criminales transfronterizas”. Y alertó sobre las redes de explotación sexual comercial infantil, manejadas por grupos delincuenciales organizados de Medellín y que tienen muchas veces como explotadores a extranjeros de Estados Unidos y Europa: “Las estructuras que lideran esta criminalidad también están sentadas hoy en la mesa de negociación con el gobierno”.
Al final, el alcalde expresó que, en su calidad de máxima autoridad civil y de Policía, hacía un llamado a las agencias del gobierno de Estados Unidos para fortalecer los canales de cooperación bilaterales con Colombia, a pesar de los hechos que calificó como “legitimadores” de las estructuras criminales.
“Hago un llamado respetuoso, pero urgente, para fortalecer los canales de cooperación bilateral y analizar de forma conjunta esta coyuntura, que amenaza con desestabilizar los avances logrados en materia de seguridad en las últimas décadas, tanto en Colombia como en los países aliados”, dijo.
“Rechazamos cualquier tipo de legitimación institucional de estructuras criminales que han generado dolor, desplazamiento y muerte en nuestras comunidades, y cuyas actividades siguen teniendo como destino las calles de Estados Unidos de América. Por ello, las amenazas que enfrentamos actualmente no son únicamente locales. Son amenazas compartidas, y sólo mediante la cooperación podremos enfrentarlas con eficacia”, añadió.
Cortesía de El Colombiano
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