A unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente ante el Congreso la iniciativa de Ley General de Aguas y una reforma constitucional para fortalecer el derecho humano al agua, especialistas coincidieron en que el éxito de las modificaciones dependerá de tres factores: calidad, inversión y control efectivo del recurso, con medidas que vayan más allá del discurso y se traduzcan en resultados concretos.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, señaló que la iniciativa representa un paso histórico tras 13 años de rezago legislativo, aunque insistió en que sin recursos suficientes no podrá garantizarse el derecho humano al agua.
En entrevista recordó que esta ley es la reglamentaria del artículo 4° constitucional, aprobado en 2012, y cuya emisión ha sido postergada por más de una década. “Era una iniciativa largamente esperada. Ya teníamos 13 años de retardo, pero ahora parece que viene con un consenso muy interesante, derivado de los foros que se hicieron en toda la República”, destacó.
Sin embargo, subrayó que uno de los principales obstáculos será la falta de recursos presupuestales.
“No hay recursos. Estamos viendo un presupuesto federal con una reducción en el sector hídrico. Sabemos que el próximo año habrá un crecimiento económico muy magro, y eso limita las asignaciones presupuestales”, señaló.
El especialista advirtió que sin financiamiento no podrá concretarse la infraestructura necesaria para garantizar el derecho humano al agua, ni se reforzarán las tareas de supervisión, debilitadas por la austeridad republicana que, en años anteriores, redujo las plazas encargadas de inspección.
Además, llamó a los legisladores a priorizar al sector hídrico en la aprobación del Presupuesto de Egresos, pues —afirmó— los problemas del agua “no se resuelven con discursos, sino con recursos”.
También, consideró que, aunque la iniciativa llega en un año atípico de abundantes lluvias, México enfrenta una vulnerabilidad estructural ante el cambio climático, que puede traducirse en sequías severas. Por ello, insistió en la necesidad de una política hídrica de largo plazo basada en innovación tecnológica, economía circular y regeneración del agua.
Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, alertó que la inversión pública en el sector hídrico está muy por debajo de los estándares internacionales, al representar menos del 1% del PIB, cuando organismos como el Banco Mundial, el BID y la ONU recomiendan destinar entre el 3 y 5% del PIB.
“Estamos muy por debajo de esa meta. Si hablamos de inversiones de alrededor de 150,000 millones de pesos, hoy estamos lejos de poder hacer frente a la crisis y los retos del sector”, indicó.
Bustamante advirtió que México continúa utilizando agua de baja calidad en la agricultura, la industria y el consumo doméstico, por lo que las reformas deben incorporar metas claras de tratamiento y reutilización. “Hoy en día sólo se trata el 40% del agua y de ese porcentaje se reutiliza menos del 2%. Necesitamos reutilizar al 100% el agua que descargamos, ya sea en riego, industria o sector urbano, para hablar de eficiencia hidráulica real”, puntualizó.
Por otro lado, mencionó como viable elevar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al rango de Secretaría, aunque advirtió que la experiencia de la Ciudad de México muestra los riesgos de aumentar la burocracia y reducir la autonomía técnica.
“Vale la pena regresar al modelo de Secretaría del Agua o Secretaría de Recursos Hidráulicos. El ordenamiento nacional es muy importante. Pero no podemos repetir el error de la Ciudad de México, donde hacer del Sistema de Aguas una secretaría lo hizo más dependiente y menos operativo”, explicó.
También, consideró como un obstáculo para implementar las reformas, la infiltración del crimen organizado en el manejo del agua. “Muchas concesiones irregulares son controladas por grupos criminales. En el Sistema Cutzamala hay tomas clandestinas controladas por ellos, y lo mismo ocurre en pozos sin título en estados del norte como Sinaloa, Sonora o Chihuahua”, alertó.
Objetivo de las modificaciones
El pasado miércoles, el gobierno de México anunció que el lunes 29 de septiembre, enviará al Congreso dos iniciativas clave en materia hídrica: una reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua y una nueva Ley General de Aguas, acompañada de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.
Según las autoridades, el objetivo es poner fin al mercado negro del agua, fortalecer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y endurecer las sanciones contra quienes lucran ilegalmente con el recurso.
La iniciativa propone eliminar la posibilidad de transmisión de concesiones entre particulares, mecanismo que desde hace décadas ha permitido la compraventa irregular de derechos de agua, generando un sistema paralelo fuera del control estatal.
Otro de los ejes es la creación de un capítulo específico sobre delitos hídricos, que establecerá penas más severas para quienes roben agua, perforen pozos ilegales o cometan reincidencia en prácticas ilícitas como la venta de pipas provenientes de extracciones clandestinas.
Cortesía de El Economista
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