Mujeres y niños escondidos entre desechos, parece un guion de película, pero es la realidad, es un rostro más de la precariedad laboral que viven trabajadoras agrícolas en México. Entre acoso y condiciones insalubres, ellas se enfrentan a una explotación sistemática.
La voz de Esther García, representante de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Indígenas (MUDJI) y el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) de Valle de San Quintín, Baja California, se quiebra al relatar la realidad que se vive durante las inspecciones laborales.
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Hay casos en los que los patrones utilizan camiones para ocultar a sus empleados de la autoridad cuando hay inspecciones sorpresa por parte de la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STPS); “en un caso en particular, los llevaron a un basurero, a niños, a mujeres”, recuerda.
Durante la presentación del estudio Sembrando el Cambio: Hacia un futuro con trabajo justo para las trabajadoras agrícolas en México de Unidas, Esther García relata que, como trabajadora del campo, ella también ha vivido acoso sexual, violencia; “he vivido despido por estar embarazada”, por lo que cuestiona: “¿Dónde está la justicia?… Me da mucha tristeza ver que no existe eso que dicen, esa justicia que ofrecen al trabajador”.
Nubia Díaz, de la Unión de Jornaleros Agrícolas de Guasave, Sinaloa, también levanta la voz, mientras las trabajadoras agrícolas sostienen la alimentación del país, enfrentan condiciones laborales que atentan contra su dignidad humana.
El estudio, elaborado por Fundación Avina, Ethos, ProDesc y Oxfam México, pone en perspectiva la magnitud del problema, casi la mitad de las 368,000 trabajadoras agrícolas vive en pobreza multidimensional, y por si eso fuera poco, el 90% carece de un contrato formal y un 86% ni siquiera cuenta con seguridad social, lo cual las deja en un estado de vulnerabilidad.
“Esto significa que cuando enfermamos, nos accidentamos o envejecemos trabajando, quedamos desprotegidas; significa también que no tenemos acceso a guarderías, ni servicios básicos que nos permitan estar presente en la vida de nuestros hijos”, alertó Nubia Díaz.
Precariedad laboral del trabajo en el campo
Mónica Corona directora de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos compartió que, según los resultados del estudio, las trabajadoras del campo se enfrentan a 6 barreras estructurales:
1. Carencia de contratos escritos
Los acuerdos normalmente son verbales, y por si fuera poco, hay intermediarios que amplían la violación sistemática de los derechos de las trabajadoras.
2. Carencia de seguridad social
Por el tipo de trabajo, los riesgos de accidentes son latentes, no obstante, los patrones prefieren emplean pases para que las trabajadoras vayan a consultorios y se atiendan, lo cual no solo impide su acceso a la salud, sino también a realizar aportaciones a la seguridad social y tener una jubilación digna.
3. Riesgos laborales y la falta de protocolos
Hay embarazadas o con hijos pequeños que están en contacto con plaguicidas y situaciones de riesgo laboral sin que existan protocolos y condiciones seguras.
4. Violencia de género y discriminación
El estudio demuestra la existencia de un ambiente constante y generalizado de acoso y hostigamiento sexual y laboral en los campos agrícolas, que van desde presiones, comentarios inapropiados, tocamientos no consentidos o exigencias en favores sexuales.
Además, la brecha salarial del trabajo en el campo entre hombres y mujeres es del 12%, aunado a que ellas se enfrentan a despidos por embarazo, no tienen licencias de maternidad y hay pocas posibilidades de que ocupen ciertos cargos.
5. Sobrecarga de cuidados
El número de guarderías de campo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) disminuyó a la mitad de 2012 a 2024, pasó de 13 a solo 7 estancias, provocando que los cuidados recaigan desproporcionadamente en las mujeres, lo cual agrava la precariedad laboral y aumenta el riesgo de trabajo infantil, enfatizó Mónica Corona.
6. Vigilancia laboral insuficiente
Hay ambigüedad legal, no queda claro la vigilancia y cumplimiento de la ley, cuál es la responsabilidad federal y local. El estudio remarca que solo hay 660 inspectores federales para más de 456,000 centros de trabajo a nivel nacional, lo que se traduce en un “déficit de personal para cumplir con una sólida política de inspección laboral”.
A lo anterior se agrega que el presupuesto destinado a inspecciones se redujo 38% en términos reales de 2018 a 2024, por lo que es necesario cuestionar, ¿quién cuida y garantiza que se respeten los derechos de las trabajadoras del campo?
Se requieren inspecciones focalizadas en industria agrícola
Marianela Fernández de Oxfam México subrayó que la Secretaría de Trabajo e instituciones de seguridad social deben “traducir en hechos, los derechos ya existentes en realidades tangibles”, para ello, sugiere se necesitan más inspecciones, más recursos y más presencia en los centros de trabajo.
La ambigüedad alcanza a las autoridades laborales. El informe remarca que la Dirección General de Inspección Laboral dice no tener facultades para realizar visitas de inspección respecto a condiciones de trabajo en campo agrícola, ya que es responsabilidad local, sin embargo, la Unidad de Trabajo Digno refiere es una responsabilidad federal, entonces, ¿quién es responsable?
El estudio resalta que, aunque las condiciones laborales precarias son frecuentes, hay una baja cultura de denuncia, ello por el desconocimiento sobre cómo hacerla, la desconfianza que generan las autoridades y su incapacidad “para inspeccionar y emplazar o sancionar”.
Sobre ese punto, Patricia Trejo, representante de la STPS, reconoció que los recursos con los que cuenta la autoridad “son muy pocos, ahora se hacen menos inspecciones que antes”, no obstante, aseguró que las verificaciones son más efectivas y que la dependencia está buscando hacer inspecciones más focalizadas en zonas, sectores y empresas con mayor porcentaje de incumplimiento.
Además, agregó que han identificado que las trabajadoras desconocen sus derechos, y para que puedan ejercerlos, necesitan conocerlos, por ello, puntualizó la necesidad de hablar y educar más sobre tema. “Sabemos que hay una deuda histórica con las mujeres”.
¿Cómo mejorar las condiciones laborales en el campo?
Las representantes de las trabajadoras del campo coincidieron en que hay un largo camino por recorrer antes de conseguir condiciones laborales dignas para las mujeres en el sector agrícola, no obstante, confían en que la autoridad priorice las exigencias del sector.
“Queremos un trabajo digno, seguro y con derechos para poder sostener a nuestras familias, sin poner en riesgo nuestra salud ni nuestro futuro”, enfatizó Nubia Díaz, quien compartió 5 puntos a atender:
- Garantizar contratos escritos y afiliación real al IMSS
- Erradicar los pases médicos que sustituyen la seguridad social.
- Fortalecer la inspección laboral con perspectiva de género.
- Ampliar y adaptar las guarderías para las familias trabajadoras del campo.
- Implementar protocolo contra la violencia y discriminación.
“Cada contrato firmado, cada inspección realizada, cada guardería abierta puede cambiar la vida de miles de familias. Queremos que se cumpla la ley, que se reconozca nuestro trabajo y que se construya un sistema de cuidados que nos ayude”, concluyó.
Por otra parte, Mónica Corona remarcó lo expuesto en el estudio, “que haya vigilancia y contratación formal” mediante una estrategia de coordinación entre autoridades para proteger los derechos desde el reclutamiento, la seguridad real, se fortalezca la transparencia y la inspección laboral.
Sobre esto, sugirió focalizar la vigilancia con cruces de información entre la STPS, el IMSS, el INEGI y otras fuentes que en suma genere “publicaciones proactivas, periódicas, detalladas y desagregada por sexo, sanciones y mecanismos de reparación”; cumplimiento de la NOM 003 y tolerancia cero a la violencia de género y discriminación, además de un sistema de cuidados adaptado y suficiente.
Cortesía de El Economista
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