A más de un año de haberse reformado la Ley de Turismo de la CDMX y de publicarse su reglamento, los mecanismos que debían dar certeza al mercado de las rentas de corta estancia siguen pendientes, planteando retos recaudatorios y de política vivienda efectiva en la capital del país, señalaron especialistas.
Tras dicha reforma, el mercado de rentas de corta estancia sigue en un limbo normativo, ya que los mecanismos para registrar y supervisar a anfitriones y plataformas no han sido puestos en marcha.
“La mayor incertidumbre proviene de que los padrones previstos, el Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas, aún no han sido habilitados ni cuentan con lineamientos técnicos de operación”, explicó Juan José López de Silanes, socio del despacho especializado Basham y Correa.
La indefinición estriba en que mientras la Ley exige registrar cada inmueble con un folio individual y presentar reportes semestrales sobre ocupación y quejas, al mismo tiempo “no existen formatos, mecanismos de transmisión ni criterios de validación”.
A ello se suman contradicciones normativas, pues mientras el Código Civil prohíbe contratos menores a un año, la Ley de Turismo limita la ocupación turística al 50% anual. “Esto presenta un dilema para los propietarios; arrendar de manera tradicional por un año o aceptar que la mitad del año el inmueble no pueda ocuparse”, advierte el abogado, lo que impacta la planeación de portafolios inmobiliarios y resta competitividad.
Riesgos para la recaudación en 2026
La falta de certeza se refleja en decisiones de inversión, tales como remodelaciones pospuestas, compras aplazadas y operaciones que no se formalizan. Pero también amenaza los ingresos fiscales. Actualmente, las plataformas de alojamiento temporal tributan con una tasa de 5% de Impuesto sobre Hospedaje (ISH), frente al 3.5% de los hoteles. Si los topes de ocupación y los amparos reducen la oferta de rentas turísticas, una parte de la demanda migraría a hoteles, con menor carga tributaria.
“Si la demanda se desplaza hacia la hotelería, una parte del consumo pasará de estar gravada al 5% a tributar solo al 3.5%. El resultado sería una disminución neta en los ingresos por ISH, aun cuando la ocupación hotelera aumente”, explicó el especialista de Basham. Un escenario que cobra relevancia en la antesala del Mundial 2026, cuando la CDMX espera una avalancha de turistas.
El especialista de Basham y Correa también advierte que la incertidumbre regulatoria no solo encarece los costos para el usuario final, sino que también puede frenar al turismo alternativo —médico, educativo, cultural o de bienestar—, sectores donde las rentas de corta estancia suelen ofrecer opciones más accesibles y adaptadas para estancias prolongadas.
Vivienda, especulación y justicia tributaria
Desde el CIEP, el investigador Emilio Sánchez propone mirar más allá del corto plazo fiscal y valorar que la regulación también busca mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en la capital, en un entorno dominado por la especulación inmobiliaria.
“La vivienda al final de cuentas es un derecho, y lo que vemos es que se está utilizando como un medio de especulación financiera”. Entre 2020 y 2025, el valor mediano de la vivienda en México creció 42.2%, al pasar de 841,787 a 1,197,273 pesos, ejemplifica.
Para Sánchez, ese encarecimiento muestra cómo los beneficios de las rentas de corta estancia se concentran en inversionistas y expulsan a quienes trabajan en el centro hacia periferias con trayectos de más de dos horas.
El especialista propone que los impuestos generados por este sector —desde el ISH hasta el predial, la adquisición de inmuebles y la captación de plusvalías— tengan un destino claro.
“Podrían utilizarse para redistribuirlos y garantizar el derecho a la vivienda, por ejemplo apoyando la construcción de vivienda social”, señala. Cita el caso de Guanajuato, que destina el impuesto a plataformas digitales de hospedaje a fondos de turismo como ejemplo de que “sí se puede etiquetar el gasto para fines específicos”.
Aunque reconoce que los impuestos suelen ser impopulares, Sánchez insiste en que son necesarios: “Si queremos tener más recursos para garantizar derechos, tenemos que pensar en implementar medidas sobre todo para las personas que más tienen, que en muchos casos usan sus viviendas secundarias solo como un ingreso adicional”.
Falta de datos para conocer el valor recaudatorio
López de Silanos explica que no existe información detallada de cuánto contribuyen las plataformas de corta estancia, como Airbnb, en términos recaudatorios. Pues de acuerdo con el Boletín Estadístico de enero 2025 de la Secretaría de Turismo, en 2024 los hoteles de la Ciudad de México recibieron más de 14.8 millones de turistas que generaron un gasto superior a 141,375 millones de pesos, aunque no se especifica si esos gastos únicamente incluyen el hospedaje u otros gastos de viaje en hoteles.
Adicionalmente, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2025 se estima que el Gobierno de la CDMX recibirá en 2025 más de 937 millones de pesos por impuesto sobre hospedaje (ISH). En el caso de los alojamientos no hoteleros, si bien están sujetos a una tasa más alta (del 5% de ISH), no existen cifras oficiales desagregadas sobre el monto exacto recaudado en este segmento.
Un Mundial 2026, ¿con incentivos?
De cara al Mundial 2026, que tendrá a la CDMX como una de sus sedes insignia, López de Silanes advierte que sería difícil justificar un régimen de excepción temporal en términos recaudatorios, pues solo procede en casos de seguridad nacional o interés público; además, mientras no se activen los padrones de anfitriones y plataformas, la reforma no es plenamente exigible, aunque topes como el 50% anual podrían aplicarse de inmediato.
Por su parte, Emilio Sánchez matiza que flexibilizar reglas solo por el evento puede ser contraproducente ya que “estos incentivos, aunque sean temporales, pueden agravar la crisis de vivienda si no se diseñan con criterios de justicia fiscal y redistribución”.
Cortesía de Expansión
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