Al menos 19 personas resultaron heridas el sábado en Perú durante protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, informaron autoridades y defensores de derechos humanos el domingo, cuando están previstas nuevas manifestaciones.
Cientos de personas marcharon el sábado en el centro de Lima hacia las sedes de los poderes públicos bajo un fuerte dispositivo de contención policial.
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Grupos de jóvenes lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la fuerza pública, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones de goma, observaron periodistas de la AFP.
“Un efectivo policial sufrió quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov durante la marcha convocada por diversos colectivos”, informó en redes sociales la Policía Nacional, junto a imágenes de los enfrentamientos.
Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) contabilizó 18 heridos, incluido un periodista.
“Hacemos un llamado a la policía a respetar el derecho a la protesta, no había ninguna justificación para que disparen gran cantidad de gases lacrimógenos y mucho menos para que se agreda a las personas”, dijo a AFP Mar Pérez, abogada de la CNDDHH.
Una nueva marcha está convocada este domingo en el centro de Lima por transportistas y el colectivo de jóvenes Generación Z en rechazo a la “corrupción”, las “extorsiones” y la “violencia”.
“¡El pueblo se levanta! ¡Estamos hartos!”, reza el llamado publicado en redes sociales.
El malestar social aumentó después de que el gobierno de Boluarte reglamentara el 5 de septiembre una ley que obliga a los jóvenes a aportar a fondos privados de pensiones, pese a la precariedad laboral y a una tasa de informalidad que supera el 70%.
En la recta final de su mandato, que concluirá el 28 de julio de 2026, Boluarte bate récords de impopularidad.
El Congreso, de mayoría conservadora, tampoco goza de aceptación, porque es visto como una institución corrupta, de acuerdo con varios estudios de opinión.
Las protestas también han escalado en los últimos seis meses en Perú a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.
Cortesía de El Economista
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