Cancún, QRoo.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Cancún, manifestó su rechazo a las reformas a la ley de amparo propuestas por el gobierno federal, ya que anticipan repercusiones en inversiones, empleo y apertura de nuevas empresas en el Caribe mexicano.
Así lo expuso Jovita Portillo Navarro, presidenta del organismo:
“Desde Coparmex vemos con gran preocupación las reformas propuestas a la ley de amparo, porque representan un retroceso histórico en la defensa de los derechos ciudadanos y empresariales, limitar los efectos generales del amparo y restringir el interés legítimo deja los ciudadanos y a las empresas más vulnerables frente a actos arbitrarios del poder en estados como. Quintana Roo, donde el dinamismo económico depende de la seguridad jurídica. Estas reformas podrían afectar directamente la inversión, el empleo y la confianza en las instituciones”.
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Añadió que los cambios proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa podría promover un amparo, lo cual elimina la posibilidad de presentar casos de interés colectivo.
“Esto reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas”.
Añadió que las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, lo cual dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica.
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Por último señaló que las reformas elevan los requisitos para declarar inconstitucional una ley y otorgan a la Consejería Jurídica del Ejecutivo la facultad de priorizar asuntos en la Suprema Corte, lo cual abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y erosiona la independencia de los tribunales, debilitando la seguridad que necesita el país para atraer inversión y generar empleo.
La lideresa del sindicato empresarial hizo un llamado a que cualquier cambio en las leyes mexicanas se haga con diálogo, apertura y con la mirada puesta en fortalecer, no debilitar el estado derecho en México.
Cortesía de El Economista
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