A las puertas del Ministerio de Ambiente, en la calle 37 con carrera octava de Bogotá, mañana se alzarán guacales en señal de protesta, pues activistas y proteccionistas llegarán con carteles y consignas para reclamar lo que consideran una burla oficial: la Ley Esterilizar Salva, aprobada en 2024 para controlar la sobrepoblación de perros y gatos, debió reglamentarse el 12 de enero de este año y el Gobierno no cumplió. Mientras tanto, en calles y veredas del país, camadas enteras siguen naciendo sin hogar.
La manifestación, bautizada como el Plantón de los guacales, tendrá un trasfondo jurídico y político. La senadora animalista Andrea Padilla, autora de la norma, recordó que el viernes 26 de septiembre interpusieron una acción de cumplimiento para forzar al Ministerio a expedir el decreto reglamentario. “Esta Ley debió quedar reglamentada el 12 de enero del año en curso; sin embargo, no han cumplido”, dijo en su convocatoria, y acusó a la cartera ambiental de “mamarle gallo a los animales” con excusas y trámites que frenan la puesta en marcha del programa.
La Ley 2374 de 2024 creó el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros, concebido como la herramienta más ética y eficaz para reducir el maltrato, la indigencia animal y los riesgos de salud pública asociados a la sobrepoblación. La norma definió con detalle las reglas que el Ministerio debía convertir en decreto. Entre ellas:
– Procedimientos: esterilización obligatoria mediante orquiectomía en machos y ovariohisterectomía en hembras, con estándares médicos (anestesia, analgesia, antibióticos y posoperatorio), realizados exclusivamente por veterinarios habilitados.
– Red de atención: habilitación de unidades móviles por las secretarías de salud y contratación con clínicas veterinarias para garantizar cobertura nacional, con énfasis en municipios de categorías 5 y 6.
Entérese de más: ¿Cómo acceder a las jornadas de esterilización para mascotas en Medellín?
– Poblaciones prioritarias: animales sin hogar mediante la estrategia CER (Capturar, Esterilizar y Retornar, Reubicar y Rescatar); perros de manejo especial; caninos con TVT; felinos con FeLV/FIV; y animales de poblaciones vulnerables como habitantes de calle, recicladores y migrantes.
– Calendario: a partir de 2027, la esterilización será obligatoria en estas líneas prioritarias.
– Financiación: esquema progresivo donde la Nación cubre el 100 % en municipios más pequeños (categorías 4, 5 y 6), 50 % en los intermedios y deja la responsabilidad total a los distritos y capitales de categoría 1. Para ello debía reglamentarse el Fondo SINAPYBA, un fondo cuenta administrado por MinAmbiente que canalizaría recursos del Presupuesto General, aportes territoriales, cooperación y donaciones.
– Transparencia: creación de un comité intersectorial de seguimiento y una plataforma pública de reportes para evaluar metas y resultados año a año.
El plazo era claro: el Ministerio tenía seis meses desde la promulgación para expedir el decreto con los lineamientos mínimos. No lo hizo. Y el problema es que sin esa reglamentación no se pueden habilitar las unidades móviles, ni destinar recursos del Fondo, ni fijar metas anuales de cobertura. En palabras de Padilla, la ley existe “solo en el papel”.
La consecuencia se mide en la calle: según organizaciones de protección animal, cada año nacen miles de perros y gatos en condición de abandono, muchos destinados a morir atropellados, enfermarse o ser sacrificados en centros de zoonosis. Así que para ellos la esterilización masiva es la única vía sostenible para romper ese ciclo.
Cortesía de El Colombiano
Dejanos un comentario: