El gobierno de Estados Unidos se aproxima al cierre parcial de las funciones del sector público, ante la división que prevalece en su Congreso respecto de la aprobación de la Ley de Gasto. Analistas del banco global UBS estimaron que no se presentarán afectaciones mayores, aun llegando al término de ley sin un acuerdo legislativo.
La fecha límite para la aprobación de parte del Congreso es este martes 30 de septiembre a la media noche, y pese a que existe la posibilidad de que se alcance un arreglo de última hora, no hay por el momento señales que anticipen algún tipo de alianza para destrabar el riesgo.
Sin un acuerdo de última hora, alrededor de una cuarta parte del gasto federal, se vería afectado, lo que significa que empleados federales serán suspendidos, lo mismo que el pago de sus salarios, lo que incluye categorías discrecionales como educación, transporte y defensa.
Analistas de UBS refirieron que en el pasado ya se han presentado cierres administrativos, que han generado volatilidad moderada y de corta duración en los mercados de acciones y bonos.
“Los efectos macroeconómicos del cierre suelen ser mínimos y se revierten rápidamente. Incluso durante cierres prolongados, la economía y los mercados en general solo han experimentado una interrupción limitada y el rezago suele recuperarse una vez que el gobierno reabre”.
Descartaron que el cierre parcial de actividades pueda comprometer de algún modo la decisión monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, de la Fed) que está programada para los días 28 y 29 de octubre.
Si bien se espera un retraso temporal en la recopilación y publicación de la mayoría de los datos económicos como informes de empleo, desempleo e inflación, explicaron que no alcanzarán a afectar las encuestas del Fed como las que originan al Libro Beige.
Es decir, desde la perspectiva de los expertos de UBS, “el cierre parcial administrativo no será un límite para un nuevo recorte de 25 puntos en la tasa”.
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De hecho recordaron que en el primer término del presidente Donald Trump, en el 2018, se presentó un cierre de 35 días que comenzó el 22 de diciembre de aquel año. En aquel momento, la volatilidad del mercado estuvo más alentada por el alza esperada en la tasa de interés de la Fed, que por el cierre operativo presupuestal, subrayaron.
No obstante, recordaron que cuando se presenta un cierre administrativo suele afectar la publicación de datos económicos gubernamentales.
Si bien el partido de Donald Trump es republicano y controlan tanto la Cámara de representantes como el Senado, se necesitan al menos siete votos de los demócratas para aprobar la legislación sobre gastos.
Cortesía de El Economista
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