La salud y la economía son dos factores que no se alinean en pro de los mexicanos.
Las políticas públicas enfocadas a la realidad actual que jueguen a favor de los mexicanos se mantienen en promesas, comenzando por una política fiscal que juegue en el mismo equipo de la política monetaria.
La política fiscal y monetaria continúan en contra. Para que la inflación que está a la baja al igual que las tasas de interés se vean en una mejora en el bolsillo de los mexicanos, dando paso a la adquisición de productos o bienes, empleo y mejores condiciones económicas. Pero, la realidad, la economía no repunta, ni la inversión ni la inflación. Incluso una inflación menor a 4% y un PIB de 3%, son pronósticos lejanos para el 2026.
Y no se ven cimientos que de fortaleza ni certeza jurídica. Para sectores por demás pilares, o no se entendió con lo vivido con el Covid que la salud es prioridad nacional.
Porque sí hay desabastos de medicamentos, falta de utensilios, especialistas médicos, enfermeras y servicios. Citas que se tenían registradas para este año se aplazan para el 2028, cirugías que urgen tienen fecha de por lo menos seis meses. Y la lista de pendientes puede seguir.
Nos aseguran que hay un compromiso del Secretario de Salud, David Kershenobich, con el gremio farmacéutico, para que en un lapso de dos semanas, a partir de esta, para que se defina una mayor certeza jurídica, donde se establezcan los lineamientos de adquisición de medicamentos, distribución y la forma de liquidar ese adeudo que tiene el IMSS Bienestar, de 40,000 millones de pesos con el gremio.
Las promesas son altas desde el inicio de este sexenio, dado el rompimiento y desequilibrio que dejó el sexenio pasado. Es una realidad que hay gran escepticismo.
Las licitaciones para adquirir la cantidad y las fórmulas necesarias llevan por lo menos seis meses, flujo de efectivo y, una estrategia bien definida de la distribución.
En la actualidad las farmacéuticas que buscan distribuir el medicamento comprometido y aun sin pago, no cuenta con los almacenes adecuados ni personal que reciba dicho medicamento, teniendo que tener las fórmulas en su poder, provocando mayores gastos para si mismos.
Ni qué decir de las 25 o 26 licitaciones programadas para este 2026, para adquirir los medicamentos que se necesitaban desde enero y no concluyen, dado el rompimiento de procesos de licitación consolidada y distribución que se eliminaron desde el sexenio pasado y que en este se requieren retomar, pero sin que se vea igual a lo que ya funcionaba desde antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder. Lo malo es que entre innovar en algo que ya funcionaba son los derechohabientes del sector de salud pública quienes pagan los platos rotos. Vaya estrategias.
Cortesía de El Economista
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