“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la incertidumbre que rodea a las decenas de colombianos que están siendo detenidos en Venezuela

Diana Tique dejó de saber de su hermano Manuel el 14 de septiembre de 2024.

“Viajó a la frontera entre Colombia y Venezuela para unas capacitaciones. Las autoridades venezolanas le pidieron el pasaporte y lo llevaron a una entrevista ‘rutinaria’. Luego supimos por la ONG para la que trabaja que lo habían detenido”, le dice Tique a BBC Mundo.

La familia de Manuel Tique no tuvo más noticias hasta el 17 de octubre.

Ese es el día de publicación en Youtube del video en que el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de individuos de varias nacionalidades acusados de ser mercenarios.

“Entre ellos estaba mi hermano”, reconoció Diana.

Según Cabello, Tique, de 33 años, había ingresado a Venezuela bajo la fachada de pertenecer a una ONG, pero en realidad, afirmó el ministro, era un reclutador de paramilitares y ayudante de “mercenarios y terroristas”.

“Al menos Venezuela admitió que lo tenía detenido y obtuvimos una primera información”, explica Diana.

Tanto la familia de Tique como la ONG que lo emplea, el Consejo Danés para Refugiados, aseguran no saber por qué lo apresaron.

Dicen que era la primera vez que viajaba a Venezuela y la frontera. También descartan antecedentes delictivos.

La cancillería de Colombia contabiliza al menos 37 colombianos detenidos en Venezuela en circunstancias similares a la de Tique desde el 28 de julio de 2024.

Ese día, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue declarado ganador de unas elecciones cuyas actas no han sido publicadas y cuyo resultado es disputado por la oposición y cuestionado por organismos internacionales.

Desde entonces, miles de personas fueron arrestadas en Venezuela. Algunas acusaciones comunes suelen ser las de “mercenarios”, “terroristas”, o “alteradores del orden público”.

Son delitos que pueden acarrear desde varios meses hasta decenas de años de cárcel.

Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que “prácticamente la totalidad” de las aprehensiones “fueron arbitrarias y motivadas por razones políticas”, pues se produjeron lejos o mucho después de ocurridos los disturbios que se registraron posterior a los comicios.

El gobierno de Gustavo Petro en Colombia no reconoce oficialmente esta legislatura de Maduro, pero defiende mantener relaciones diplomáticas alegando motivos como la seguridad y estabilidad fronterizas.

En conversación con BBC Mundo, el viceministro de asuntos multilaterales colombiano, Mauricio Jaramillo, dijo que están haciendo “un trabajo de acompañamiento a los familiares de los detenidos, pero la pregunta de qué entiende Venezuela por mercenarismo, por ejemplo, la deben responder las autoridades de allá”.

BBC Mundo contactó a una fuente de la Fiscalía de Venezuela para indagar sobre el estado de los colombianos, pero respondieron diciendo que “por ahora no ofrecerán comentarios”.

En una entrevista en enero con este medio, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, desacreditó las denuncias de violaciones de derechos humanos que hacen los organismos internacionales y defendió que la detención de personas se produce porque “cometieron hechos punibles”.

Las autoridades venezolanas aseguran que desde fines de 2024 excarcelaron a 2.006 personas, pero el comisionado de la ONU, Volker Türk, solo había confirmado unas 1.500 hasta el pasado junio.

Türk también informó que las detenciones continúan.

La acusación pública del ministro Cabello contra Tique fue la última vez, durante meses, que la familia supo de este ingeniero industrial, especializado en gestión y educación ambiental.

A fines de enero de 2025, seis estadounidenses fueron excarcelados por Caracas después de que el presidente Donald Trump envió a su funcionario Richard Grenell a reunirse con Maduro.

Uno de los liberados, “David”, compartió celda con Tique.

“Por ‘David’ supimos que muchos extranjeros estaban detenidos en la cárcel Rodeo I, que les daban comida tres veces al día, que tenían poco que hacer y jugaban ajedrez mentalmente entre celdas”, relata Diana.

“No tienen espacio para interacturar ni comunicación con el exterior. Viven aislados”, añade.

Otra vez pasaron meses sin noticias.

El 15 de mayo, la familia de Tique recibió la llamada de un número internacional.

“Era Manuel, preguntando sobre todo por cómo estaba la familia. Solo habló durante cinco minutos”, dice Diana.

El Consejo Danés para Refugiados (DRC), que desde 2018 brinda asistencia humanitaria en Colombia, asevera que Tique permanece sin acceso a juicio ni a asistencia consular.

“Lo que constituye una grave violación a derechos humanos y a los principios fundamentales de la justicia”, dice DRC en un comunicado.

BBC Mundo no pudo comprobar de forma independiente todo lo señalado por DRC al negarse la Fiscalía venezolana a conceder declaraciones.

Sin embargo, el viceministro colombiano Jaramillo dice que “en algunos casos están pidiendo mayor gestión en el proceso; visitas para cerciorarnos de las condiciones de salud física y mental de las personas detenidas y que tengan correspondencia permanente (con sus familiares)”.

“Pero en los casos de fondo nosotros no podemos expresarnos”, explica Jaramillo, alegando “principios de respeto a la soberanía venezolana”.

Diana Tique dio con otras familias con casos similares: individuos que viajaron a Venezuela por distintas razones, ya sea por trabajo o visitar familiares, y que acabaron detenidos e incomunicados.

“Organizamos plantones para que la cancillería nos atendiera e hiciese más por nosotros”, dice Tique.

En estas gestiones conoció a Viky Latorre.

Al marido de Latorre, Martín Rincón, palmicultor de profesión, también lo detuvieron autoridades venezolanas en septiembre de 2024.

“El 30 viajó al puente internacional de Arauca y dejamos de saber de él. Ocho días después supimos en redes sociales que fue capturado por la Guardia Nacional Boliviariana”, le cuenta Latorre a BBC Mundo.

Al igual que sucedió con Tique, Latorre no supo directamente de Rincón hasta el 15 de mayo, el mismo día que a la mayoría de detenidos les permitieron llamar brevemente a sus seres queridos.

Latorre ha emergido como una especie de vocera de 18 familias de los 37 detenidos colombianos que conoce la cancillería.

Asegura que todos los casos son similares, con capturas “ilegales”, “faltas del debido proceso” y “violación de derechos”.

Hasta hoy desconocen cómo se encuentran las acusaciones. Todo es incertidumbre.

“No sabemos de qué les van a acusar porque no hemos sabido de ningún proceso en ningún tribunal de Venezuela. Tememos que les acusen de terrorismo o por cuestiones políticas que no tienen nada que ver con ellos pues no tienen vínculo alguno con la política colombiana o venezolana”, expone Latorre.

Según la última información que tienen las familias, Rincón, como Tique, está preso en la cárcel Rodeo I.

Manuel no dio detalles sobre las condiciones de Rodeo I a su hermana durante la llamada. Diana piensa que lo hizo para proteger a su familia y mantenerlos al margen.

“Pero sabemos por otras personas que llamaron que las celdas son pequeñas, que les dan poca agua y que solo los sacan al patio una hora al día, encapuchados, para que reciban un rato de sol”, cuenta Diana.

“Imagina que te encapuchen y no sepas dónde te llevarán cada vez”, añade.

Rodeo I se ubica en el estado de Miranda, no muy lejos de Caracas.

Aunque BBC Mundo no pudo conocer de primera mano las condiciones descritas por Diana Tique, Rodeo I lleva tiempo en el punto de mira de organizaciones internacionales.

En junio de 2024, un mes antes de las controvertidas elecciones presidenciales, varias organizaciones internacionales enviaron una dura carta al ministro de Asuntos Penitenciarios de Venezuela.

En esta, los firmantes dicen haber recibido información de que las condiciones de reclusión en Rodeo I son “crueles, inhumanas y degradantes y, en ciertos casos, podrían llegar a constituir tortura”.

La tortura, recordaron en la misiva, es una “norma perentoria del derecho internacional”.

“Exigimos se garantice la integridad y vida de todas las personas recluidas bajo su custodia, incluyendo aquellas personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y cuya libertad exigimos de manera inmediata e incondicional”, según la carta.

En relaciones diplomáticas cada palabra puede generar desentendimientos.

La cuestión de qué es o no “mercenarismo” no parece algo en lo que concuerden ahora mismo los ministerios de Exteriores de Colombia y Venezuela.

Mientras que en Caracas se usa habitualmente para acusar a extranjeros que presuntamente entran al país para intentar derrocar al gobierno, en Bogotá se rechaza cada vez más el término.

“No quisiera que se asociara como ‘mercenarios’ a los detenidos en Venezuela. Nosotros estamos reduciendo la práctica porque muchos de los casos recientes que detectamos en nuestro país son individuos engañados”, dice Jaramillo.

BBC Mundo ha reportado casos de exsoldados colombianos que han viajado engañados para supuestas labores de vigilancia en países como Ucrania, Sudán y México.

El propio presidente Petro ha empleado la palabra “mercenarios” para referirse al fenómeno.

Investigadores entrevistados por BBC Mundo en el pasado también rechazan que dicho adjetivo se utilice a la ligera.

“Ahora”, reitera Jaramillo, “sobre lo que Venezuela considera como ‘mercenario’ no me puedo pronunciar. Heriría susceptibilidades en un momento de buenas relaciones”.

Caracas y Bogotá comparten una historia de convivencia turbulenta.

Según los gobiernos de turno esta se torna amistosa, cordial, tensa e incluso inexistente, como sucedió en 2019 cuando Maduro rompió relaciones con la administración de Iván Duque después de que este reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Entre internacionalistas y políticos colombianos hay diversidad de opiniones sobre el estado actual de los vínculos bilaterales.

Hay quien critica que al Petro no romper con Venezuela y mantener la relación está legitimando a su gobierno aunque no lo reconozca.

Otros piensan que casos como el de los colombianos detenidos serían todavía más desafiantes si no existiesen nexos diplomáticos.

Es algo que difícilmente tranquilizará a familias como la de Tique y Rincón que, a pesar del aparente buen momento entre Caracas y Bogotá, viven en incertidumbre y desconfían del resultado de las gestiones de la cancillería colombiana.

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