“Poderoso caballero es don dinero”, Francisco de Quevedo
Bajo el mandato del presidente Plutarco Elías Calles, fungiendo como secretario de Hacienda Alberto J. Pani, el 1 de septiembre de 1925, inicia operaciones el Banco de México, aunque es importante mencionar que se trata de la materialización de lo propuesto un siglo atrás, en 1822, con el proyecto que durante el Imperio de Agustín de Iturbide se planteó con la finalidad de crear una entidad denominada Gran Banco del Imperio Mexicano, que tendría entre otras, la función de emitir billetes en concordancia con lo que ya estaba sucediendo en las naciones europeas de la época. Durante ese período, el debate osciló entre la pertinencia de que subsistiera la posibilidad de que hubiera varios bancos privados emisores o sólo uno; y que, en su caso, esta institución fuera privada, pero con dicha encomienda o de naturaleza pública. Curioso que, durante el 1er Imperio, los billetes que se imprimieron fueron rechazados por la gente porque prevaleció la costumbre de utilizar monedas. En 1823, con la República se retiraron de circulación los billetes imperiales y se emitieron nuevos, que en el 2º Imperio fueron de nueva cuenta sustituidos encomendándose en 1864 al entonces Banco de Londres, México y Sudamérica (posteriormente Banca Serfín y actualmente en México, el Banco Santander) la nueva factura del papel moneda nacional, poniéndose en circulación los billetes el 13 de febrero de 1865. Durante el Porfiriato, se ratificó la concesión al Banco de Londres, México y Sudamérica y se otorgó otra al Banco Nacional de México, para imprimir billetes con circulación nacional, además de que cada estado de la República debía contar también con un banco privado emisor de billetes. Sistema complejo constituido por esta red descentralizada emisora de billetes y en manos de particulares ¿suena conocido?
Así las cosas, para los que gustamos de conocer la historia, resulta apasionante ver billetes del Banco de Jalisco, de Aguascalientes o de Veracruz, esquema que el período revolucionario, se vio afectado gravemente por el retiro de monedas metálicas y concentración de las reservas con que contaban los bancos privados emisores locales, asaltos, devaluaciones e incluso escasez de moneda, ocasionándose que distintas facciones revolucionarias, comenzando por la de Venustiano Carranza emitieran su propio papel moneda generándose un caos en el sistema por las diferencias en características, calidad, importes y sobre todo soporte económico de estas emisiones que popularmente se conocieron como “bilimbiques” que a veces eran literalmente vales por 10,20 o 25 centavos auspiciados por el territorio de Tepic, San Juan del Río o el distrito de Cuautla, por citar algunos. A partir de 1916, y dada la problemática, se priorizó el pago a trabajadores sólo con moneda metálica, mientras que, conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 se les dio a los bancos un plazo de 45 días para comprobar que contaban por lo menos con el importe equivalente al 50% del monto de sus emisiones soportado en metales finos, lo cual no acreditaron y se declararon en quiebra. En el original artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se estableció que la acuñación de moneda y emisión de billetes estaría a cargo de un Banco Único bajo control del Gobierno Federal (como puede apreciarse, en ese momento todavía no estaba definido si sería institución privada concesionada o pública gubernamental, pero ciertamente sí sería monopólica).
Décadas después, con varias reformas constitucionales posteriores, como las derivadas de la expropiación y privatización de la banca, así como de la constitución del Banco de México como un organismo autónomo, aquéllos problemas antiguos han sido claramente superados y de conformidad con la información publicada por Banxico, a cierre del mes de julio de 2025, el importe de billetes y monedas en poder del público es de 3,054.7 miles de millones de pesos; el hecho que desde 2002 se introdujeron los billetes de polímero de $20 y en 2006 los de $50, que por ejemplo llevan la durabilidad de la denominación de $20 de 8.3 meses (billete de papel) a 28.8 meses (billete de polímero) en promedio, con los consecuentes ahorros directos e indirectos asociados a este cambio, maximizan y eficientizan la utilización del billete y la moneda, pero en el contexto global actual, la tendencia se evidencia con el avance de los pagos digitales.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, señala que en compras menores a $500 el pago en efectivo representa el 85.2%, el uso físico de tarjeta de crédito/débito 10.4% y las transferencias electrónicas y/o aplicaciones por celular el 4.4%; mientras que en compras de $501 o mayores, los porcentajes relativos a los mismos rubros son de 73.5%, 19.0% y 7.6%, respectivamente. Aunque el uso de dinero en efectivo va disminuyendo, y hay diferencias importantes dependiendo del segmento y ubicación geográfica de la población, la realidad es que todavía es bastante relevante frente a los otros medios de pago. Motivos argüidos por los encuestados, que es más práctico, fácil o rápido, porque sólo se tiene esa forma de pago o porque es más seguro. Otras causas para considerar son: (i) el hecho de que facilita la liquidación inmediata y sin costos cobrados por comerciantes menores; (ii) falta de conectividad y/o infraestructura en zonas rurales; y (iii) falta de confianza en personas mayores y usuarios no digitales en general. Por otra parte, los riesgos asociados a la utilización de efectivo como principal medio de pago implican entre otras cosas, temas de seguridad y logística para las autoridades y los propios usuarios/comercios, aumento del riesgo de opacidad y disminución de la trazabilidad en las transacciones que, a su vez, incide en los temas concernientes al origen de los recursos, evasión fiscal y demás aspectos que pueden estar vinculados a actividades ilícitas.
A nivel Latinoamérica, en el reciente estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo denominado “Más allá del dinero en efectivo, la revolución de los pagos digitales en América Latina y el Caribe”, vemos con una óptica transfronteriza como ciertos aspectos que parecieran determinantes pueden ser “administrados” de manera que se logren mejoras sensibles como el caso de Bolivia, país que reporta el porcentaje de economía informal más alto de los 17 países revisados (80%) y sin embargo ha logrado importantes avances (desde 2022 aumentó más de 6 veces el número trimestral de transacciones interbancarias de bajo valor). Tal vez uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso de Brasil con su sistema de pagos inmediatos de bajo valor PIX, con el que logró integrar en 3 años a 150 millones de usuarios, que corresponde casi al número total de adultos de dicho país.
En suma y a reserva de que, en alguna entrega posterior, exploremos algunas posibles acciones ya identificadas que no sólo versen en torno a una nutrida oferta de servicios financieros digitales, sino también a un cambio en políticas públicas que coadyuven a guiar en forma más efectiva el cambio de paradigma, es claro que el tema no es simple e implica múltiples factores y consideraciones de carácter económico, técnico y cultural, que constituyen obstáculos o por lo menos desincentivos substanciales que por lo que hace a nuestro país, siguen manteniendo vigente la frase en cita en el sentido más literal de la expresión.
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Cortesía de El Economista
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