Los autodenominados gobiernos de la cuarta transformación, avanzan por el camino de la prohibición, presuntamente, en aras de proteger la salud de los mexicanos.
Este 30 de septiembre se aprobó la prohibición y sanción de la venta y suministro de bebidas energéticas a personas menores de 18 años de edad, en establecimientos comerciales y mercantiles.
Es una perla más en el creciente collar de prohibiciones, aumento de impuestos y sanciones en contra de los consumidores de “comida chatarra”, bebidas azucaradas o refrescos, tabaco y vapeadores.
No son prohibiciones generalizadas. Son prohibiciones acotadas.
La “comida chatarra” y los refrescos están proscritos en las escuelas; el consumo de tabaco o cigarros está prohibido en espacios cerrados; los vapeadores, están prohibidos desde su producción, distribución, comercialización, enajenación y consumo.
La prohibición parcial se ha convertido en política pública.
Al inicio de este año, la presidenta de México firmó un decreto que se publicó el 16 de enero: eleva la prohibición de vapeadores o cigarrillos electrónicos y dispositivos similares y sanciona toda actividad relacionada con su producción, distribución, comercialización y enajenación, junto con sustancias tóxicas como el fentanilo ilícito.
Esta medida complementa decretos previos, como el de mayor de 2022 que prohibía su circulación y comercialización interna.
Aunque hay que decir, que los vapeadores continúan circulando ostensiblemente en los comercios y siguen consumiéndose públicamente.
Por otra parte, también en enero de este año, la empresa British American Tobacco (BAT) México suspendió la venta de sus productos de vapeo, aunque expresó su desacuerdo, porque, fomenta el mercado negro de prodcutos inseguros accesibles a menores precios y sin estyándares de calidad.
Al final, el propósito de la iniciativa de ley, que busca mejorar la salud, según la compañía, la prohibición derivará en el agravamiento de los riesgos para la salud pública en lugar de reducirlos.
En el caso de las bebidas azucaradas o refrescos, a partir del 2026, tendrán un aumento del 87.3% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en términos nominales representa un incremento de 3.08 pesos por litro.
La intención del gobierno es reducir el consumo y destinar la recaudación, proyectada en 41 mil millones de pesos, al cierre del próximo año, a salud pública. El aumento del IEPS ha sido rechazado por las empresas del sector alimenticio y otras organizaciones empresariales, entre ellas las de los changarros quienes alegan que tendrán un fuerte impacto negativo en sus ingresos.
A pesar de que una de las frases más repetidas por el entonces presidente Andrés Manuel Lóperz Obrador, fue: “prohibido, prohibir”, la realidad muestra que tanto durante su gestión, como en la incipiente administración de Claudia Sheinbaum –quien dice construir el segundo piso de la cuarta transformación–, se ha optado por la proscripción en lugares específicos, del consumo de la comida chatarra, la elevación de los gravámenes y el anuncio de fuertes multas a los consumidores que infringen la ley.
López Obrador y Sheinbaum se han caracterizado por legislar para prohibir parcialmente o aumentar el gravámen por el consumo de algunos productos o acotarlos a determinados espacios y segmentos poblacionales.
La controversia en torno a esta política prohibicionista y recaudatoria, es intensa.
Los que están a favor aseguran que la aplicación y aumento del IEPS a bebidas azucaradas desde el año 2014 disminuyó las compras de esos productos entre 6 y 12% inicialmente e incentivó las reformulaciones industriales (incluída la reducción de azúcar) además de la promoción de hábitos saludables.
También destaca la cuantiosa recaudación por alrededor de 2 mil millones de dólares en los primeros años de aplicación del IEPS.
Los que están en contra aseguran que el IEPS a refrescos solo tiene un efecto recaudatorio y no es significativo en la mejoría de la salud pública.
Dicen que el IEPS es regresivo porque afecta a los más pobres y su eficacia es limitada en cuanto al consumo per cápita porque se mantiene alto.
La gran pregunta, es por qué el gobierno, castiga al consumidor final y no toma decisiones directas sobre los productores de los productos que presuntamente afectan tanto a la salud pública.
¿No deberían ser las autoridades sanitarias las que no autorizaran la producción, expendio y venta de productos que supuestamente son tan dañinos?
Al no actuar directamente en lo que aprueba para su comercialización, pareciera que le está dando prioridad a las inversiones multimillonarias de los negocios respectivos, antes que a la salud pública.
Tal vez por eso, mejor prohíbe parcialmente y recauda impuestos que nunca serán etiquetados y serán utilizados para otros fines.
Sólo el tiempo, permitirá conocer qué efectos reales tienen estas medidas en la salud pública. Al tiempo.
Atisbos
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Cortesía de El Economista
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