La mayoría del pleno del Senado aprobó en lo general, con algunas modificaciones, la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum que reforma la Ley de Amparo.
Durante un debate que se extendió por más de cinco horas en lo general, la mayoría oficialista aseguró que la reforma brinda mayor certeza jurídica, homologa plazos y garantiza un acceso efectivo a la justicia a la ciudadanía. Pero los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que la reforma debilita el juicio de amparo y deja a la población en indefensión frente a posibles abusos de autoridad.
Entre los cambios, destaca la precisión del concepto de interés legítimo, que podrá ser de carácter individual o colectivo, sin necesidad de que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”. Esto busca facilitar la defensa de derechos colectivos o difusos, sin confundirlo con el interés jurídico.
La oposición denunció la intención de Morena de introducir retroactividad en la reforma, para que los juicios en trámite se sometan a las nuevas disposiciones, afectando derechos adquiridos. En respuesta, el senador Javier Corral defendió la reforma como producto de un proceso plural y transparente. Aseguró que el dictamen moderniza el juicio de amparo mediante herramientas digitales, haciéndolo más ágil y eficiente, fortalece su carácter garantista, establece plazos claros y sanciones para evitar dilaciones y precisa conceptos como el interés legítimo. Además, limita suspensiones en casos sensibles y garantiza que el juicio digital sea opcional, protegiendo a quienes no cuentan con acceso tecnológico.
En materia fiscal, el dictamen aclara los medios de garantía para obtener una suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes.
La priista Carolina Viggiano criticó la reforma, argumentando que debilita el acceso a la justicia, restringe la protección frente a los abusos de las autoridades y favorece a intereses poderosos. Indicó que limita la suspensión de sentencias, elimina el interés legítimo en causas colectivas y encarece los procesos, dejando desprotegidos a pequeños empresarios, gremios y comunidades indígenas. “Los poderosos podrán saquear recursos y vulnerar derechos; incluso, podrán incumplir sentencias alegando imposibilidad material o jurídica”. Señaló que la iniciativa busca debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos institucionales y otorgar manos libres al Ejecutivo, consolidando un régimen autoritario que desprecia las libertades y legisla pensando en el poder y no en la ciudadanía.
Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva para detener la discusión, la cual fue rechazada. Criticó que la reforma carece de mejoras sustanciales, no simplifica la tramitación, no propone la promoción oral del amparo, no elimina causales de improcedencia que protejan a las autoridades y no fortalece medidas de reparación.
Guadalupe Murguía, de Acción Nacional, coincidió en que la reforma concentra poder en las autoridades, limita la protección a pequeños contribuyentes y debilita la suspensión del acto reclamado. Puso como ejemplo que, en un caso de expropiación por obra pública, aunque el afectado gane el amparo, podría perder su propiedad antes de que se suspenda el acto.
Al cierre de edición continuaba la discusión en lo particular. La duda es si Morena y aliados dejarán el artículo transitorio que establece que los juicios que se encuentren en trámite continuarán su proceso con las nuevas disposiciones.
Cortesía de El Informador
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