La presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca imponer sanciones de hasta ocho años de cárcel a quienes compren, vendan, almacenen o transporten con fines comerciales cigarrillos electrónicos y vapeadores. La propuesta, recibida el 26 de septiembre de 2025, añade un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud para tipificar esta conducta como un delito específico.
La sanción sería de uno a ocho años de prisión y una multa de 100 a 2,000 veces el valor diario de la UMA, lo que equivale a entre 11 mil y 226 mil pesos. Con ello, el gobierno pretende cerrar la brecha legal que había dejado la reforma constitucional publicada en enero de 2025 y dotar de herramientas penales a las autoridades para frenar el comercio de estos productos.
Del decreto constitucional a la tipificación penal
De acuerdo con La Jornada, la iniciativa de Sheinbaum busca armonizar la Ley General de Salud con la reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2025.
Según un comunicado oficial publicado en enero, el decreto adicionó disposiciones a los artículos 4º y 5º de la Constitución para prohibir de manera explícita la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y drogas sintéticas como el fentanilo. Además, estableció que toda actividad relacionada con estos productos debía ser sancionada por la ley.
Ahora, la propuesta de Sheinbaum lleva ese mandato en sanciones penales concretas que, de aprobarse, convertirán en delito no solo la venta o distribución, sino también la compra individual de vapeadores.
Los argumentos de salud pública: enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer
Entre las justificaciones de la iniciativa, se citan estudios de la Secretaría de Salud que relacionan el uso de vapeadores con padecimientos como EVALI (lesión pulmonar asociada al vapeo), daños cardiovasculares, problemas bucales y un mayor riesgo de cáncer.
De acuerdo con La Jornada, Sheinbaum enfatizó que estos dispositivos no solo afectan a quienes los consumen, sino también a su entorno y al sistema público de salud, que debe destinar recursos para tratar las enfermedades derivadas.
Según la COFEPRIS, que junto con CONADIC emitió una alerta sanitaria en 2021, los vapeadores contienen compuestos carcinógenos, metales pesados como cadmio, níquel y plomo y altas concentraciones de nicotina. La institución advirtió que un cartucho con 5% de sal de nicotina equivale a entre uno y tres paquetes de cigarros tradicionales, con efectos adversos en el desarrollo cerebral de adolescentes y fetos.
El impacto en adolescentes: medio millón de jóvenes ya usan vapeadores en México
El problema que más preocupa al gobierno es el crecimiento del vapeo entre menores de edad. Según Aristegui Noticias, en 2022 alrededor de medio millón de adolescentes entre 10 y 19 años ya habían usado cigarrillos electrónicos o dispositivos similares.
Este dato coincide con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que reportó un 2.6% de prevalencia en adolescentes y 1.5% en adultos, equivalente a casi cinco millones de personas que han probado el vapeo en México, según el comunicado oficial de enero.
La evidencia internacional: más riesgos para jóvenes que para fumadores adultos
El debate no es exclusivo de México. Según The Guardian, una revisión global publicada en Tobacco Control encontró que los adolescentes que vapean tienen tres veces más probabilidades de empezar a fumar cigarro tradicional en comparación con quienes no lo hacen. El mismo estudio advierte asociaciones con asma, problemas respiratorios, tos crónica y hasta afectaciones en salud mental.
El Dr. Ronny Cheung, del Real Colegio de Pediatría en Reino Unido, afirmó que el vapeo juvenil representa una “grave amenaza para la salud y el bienestar”, mientras que la OMS ya ha calificado como alarmante el crecimiento de este fenómeno a nivel mundial.
Un consenso científico: no son inocuos y requieren regulación estricta
Un estudio académico más reciente concluye que los cigarrillos electrónicos no pueden considerarse una alternativa segura. Aunque reconoce que podrían ser menos dañinos que el tabaco convencional en fumadores adultos, advierte que la evidencia disponible muestra daños respiratorios, cardiovasculares y adictivos, especialmente en jóvenes.
Los investigadores subrayan que, debido a la rápida expansión de estos dispositivos y a la agresiva mercadotecnia dirigida a menores, es urgente aplicar políticas de precaución que restrinjan su venta, publicidad y consumo.
La iniciativa de Sheinbaum coloca a México entre los países con la legislación más estricta contra el vapeo. Mientras algunos expertos defienden que las sanciones penales son necesarias para proteger a la juventud, otros cuestionan si convertir la compra de vapeadores en un delito con hasta ocho años de prisión es eficaz para resolver un problema de salud pública.
Cortesía de Xataka
Dejanos un comentario: