Morena volvió a asegurar la mayoría en el Senado para aprobar la reforma a la Ley de Amparo, una medida que endurece los requisitos para activar este recurso legal fundamental en la protección de los derechos humanos.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la reciente reforma judicial que se consolidó con la renovación de la judicatura este año. Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
¿Qué busca la Ley de Amparo?
La reforma tiene como objetivo agilizar los procesos judiciales y evitar que el amparo sea utilizado por quienes buscan eludir la justicia. Según Sheinbaum, los principales beneficiarios del abuso de este recurso han sido los deudores fiscales, mientras que los sectores más vulnerables, como las personas de bajos recursos y mujeres indígenas, rara vez han visto protegidos sus derechos.
La propuesta contempla cambios a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El amparo es un recurso legal que permite a las personas proteger sus derechos frente a actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. A través de él, se pueden presentar reclamaciones ante un tribunal si, por ejemplo, un funcionario se niega a entregar un expediente o a recibir una denuncia.
Principales cambios aprobados
El Senado aprobó que el amparo pueda promoverse tanto por afectaciones individuales como colectivas, exigiendo que el interés legítimo implique una “lesión real, actual y diferenciada”. Esto modifica la propuesta original de Sheinbaum, que solo permitía acciones individuales. También se amplió el plazo para que los jueces resuelvan los amparos indirectos de 60 a 90 días y se establecieron límites para suspender actos reclamados en casos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.
La reforma también contempla la digitalización de los juicios de amparo, garantizando que quienes no tengan acceso a medios digitales puedan realizarlos de manera tradicional.
Preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la limitación en las suspensiones como medida cautelar y por el posible aumento en el incumplimiento de sentencias de amparo.
Entre los organismos que han señalado riesgos están el Centro Prodh, GIRE, Fundar y Artículo 19, quienes advierten que la reforma podría otorgar mayor poder a las autoridades y dificultar la defensa de los derechos de los ciudadanos. Según estas voces, un cambio en la Ley de Amparo debe ser progresivo y garantizar que siga siendo una herramienta eficaz de acceso a la justicia, conforme a la Constitución y los tratados internacionales.
YC
Cortesía de El Informador
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