El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde julio de 2020, modernizó el marco comercial de América del Norte y se ha vuelto indispensable para la estabilidad económica de la región. Dentro de este acuerdo, el sector agroalimentario destaca como un pilar de éxito y, a la vez, una fuente constante de tensión. Su importancia económica y los conflictos regulatorios que lo rodean dominarán la agenda de la crucial revisión sexenal programada para 2026.
La relevancia del T-MEC para el sector agropecuario mexicano es innegable. Gracias a condiciones geográficas, climáticas y humanas favorables, México se ha consolidado como un líder en competitividad agroindustrial, y el tratado le otorga acceso preferencial y sin aranceles a los mercados de sus socios. La integración de las cadenas de suministro es profunda y de una magnitud impresionante. Para ponerlo en perspectiva, se estima que las políticas arancelarias de México podrían afectar más de $40 mil millones de dólares en exportaciones agrícolas anuales provenientes de Estados Unidos y Canadá.
El tratado dedica varios capítulos a regular el comercio agrícola, pero el más importante para entender los conflictos actuales es el Capítulo 9 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias – MSF). Este capítulo establece un principio fundamental: cualquier restricción comercial por motivos sanitarios debe basarse en “ciencia sólida” y no debe utilizarse como una barrera comercial injustificada. Además, el tratado regula las Cuotas Arancelarias (TRQs), que limitan la cantidad de un producto que puede importarse con un arancel bajo y han sido una fuente de disputa recurrente, especialmente en el sector lácteo entre EE.UU. y Canadá.
Las tensiones en el sector agroalimentario son el principal foco de controversias bajo el T-MEC, destacando el conflicto por la restricción de México al maíz genéticamente modificado, el cual culminó con un fallo a favor de Estados Unidos en diciembre de 2024 al determinarse que la medida carecía de base científica. Adicionalmente, persisten otros dilemas recurrentes, como las quejas de EE.UU. por demoras en autorizaciones sanitarias de la Cofepris y el rechazo a plaguicidas, así como la inconformidad de México por las barreras a sus exportaciones de ganado bovino.
La revisión del T-MEC en 2026 será un momento clave para evaluar la eficacia del tratado, y el sector agroalimentario será, sin duda, uno de los temas centrales. Para mitigar los riesgos arancelarios y regulatorios, los productores y exportadores mexicanos deben adoptar una postura proactiva. Las recomendaciones clave incluyen:
- Diversificar la cadena de suministro y realizar un análisis de origen para asegurar el cumplimiento de las reglas del T-MEC.
- Aprovechar el mecanismo de solución de controversias cuando se enfrenten a barreras comerciales que se consideren injustificadas.
- Invertir en innovación, como la agricultura ecológica y la biotecnología, para mantener la competitividad en mercados cada vez más exigentes.
- Asegurar el cumplimiento de las normas laborales establecidas en la legislación mexicana y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para que el sector agroindustrial continúe siendo un motor de crecimiento y liderazgo regional, es esencial que las diferencias regulatorias se resuelvan a través del diálogo y la cooperación, siempre bajo reglas claras y un trato recíproco. La longevidad y el éxito del T-MEC dependen de ello.
*El autor es Director de Desarrollo de Negocios en la Embajada de Israel en México. Egresado en Relaciones Internacionales con especialidad en Economía Global por la Universidad Anáhuac México. Integrante de la UER de Energía y Sustentabilidad del COMEXI.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor.
Cortesía de El Economista
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