En los pueblos y sus ciudadanos hay memorias que son casi imposibles de borrar o cambiar. En México, la memoria que arrastramos de las encomiendas, devino en un clientelismo político que perdura hasta nuestros días y se ha alimentado maliciosa y calculadamente con el gobierno pasado y con el actual.
En efecto, las personas de ciertas zonas del país -de la CDMX hacia el sur, sobre todo- les parece de los más natural y, hasta obligado, que el gobierno dedique parte de sus esfuerzos, a darles algún recurso a cambio de su voto y su lealtad.
Con esa dádiva, que pudiera parecer modesta para algunos, pero suficiente para una mayoría, los votos fluyen como rio y las mayorías se silencian y se amodorran para acomodarse cómodamente a los designios de ignorantes, mediocres y mentirosos. Los ejemplos pululan y ofenden la mínima inteligencia. Desde los científicos veracruzanos que tienen una nave espacial que va a llevar café a Marte hasta la incapacidad para leer un texto, que obviamente les escribieron a legisladores para tomarse la foto en la tribuna y poder presumirles a su familia sobre los grandes discursos que nunca dieron, pero que quedaran plasmados en la pared de la sala de la casa.
En medio de ello, propuestas como las reformas a la ley de amparo adquieren una relevancia inusitada. Es por principio la primera reforma verdaderamente propuesta por la presidente CSP. Es también, una reforma calculada para que el poder no tenga posibilidad de ser rebatido o contrariado por algún ciudadano. Y, lo más grave, ha perdido toda su fuerza al limitar la suspensión del acto como medida cautelar y provisoria de que se estuviera cometiendo una tropelía contra un ciudadano en concreto y sus derechos.
Todo esto viene a colación, porque yo he vivido en los dos países recientes. El autoritario priista y el democrático con el que comenzó el presente siglo. El autoritario, pero ilustrado, era desagradable y se requirió mucho para cambiarlo y darle un espacio a la democracia liberal que tanto anhelaba mi generación. El autoritario actual, es de otro origen y de otra masa.
Su puerilidad y su materia constitutiva es tan banal, que necesitan poner en ley, lo que sus habilidad política, intelectual y profesional no les concede en la vida cotidiana. Las reformas a la ley de amparo, son en los hechos una manera de legitimar a priori, cualquier acto de autoridad sin que haya de por medio una opinión que valga, más que la de la autoridad que comete un abuso, una ilegalidad o una tropelía salvaje contra un ciudadano.
El gobierno se defiende diciendo que el amparo ha permitido que se abuse de un recurso que defiende a los ciudadanos y se cometan iguales ilegalidades. Lo que equivaldría a limitar la libertad de expresión porque se habla mal de algún funcionario como un diputado de Morena quiso legislar la semana pasada. Cuando un gobierno piensa que sus decisiones y acciones deben ser incontestables e infalibles, estamos mal. Ya no se es un gobierno autoritario, es sencillamente una dictadura. Vamos poniendo nombres a las cosas como son. Nadas más, pero nada menos también.
Cortesía de El Economista
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