El Congreso Nacional de Chile dio su aprobación final al proyecto de ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una medida de reparación simbólica esperada por décadas por las familias de víctimas de la dictadura. El proyecto, que será promulgado por el presidente Gabriel Boric, busca reconocer con una categoría jurídica propia a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y por primera vez creará un registro de personas ausentes por desaparición forzada.
“Ausente por desaparición forzada”
Tras la votación el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, señaló a la prensa: “A 52 años del golpe de Estado, recién hoy vamos a tener un registro oficial de las 1.469 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada”. El proyecto, aprobado por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, crea la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada” e implica, según la iniciativa, “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad por obra de agentes del Estado” desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990.
Así, en la inscripción se consignará el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad efectiva o aproximada de la persona al momento de su desaparición. Igualmente, la fecha en que fue arrestada, detenida, secuestrada o privada de libertad de cualquier otra forma. En la práctica este reconocimiento “simbólico”, como lo calificaron los parlamentarios de la coalición gubernamental, que votaron a favor, implica que las familias de las personas detenidas y hechas desaparecer no deban declarar la presunta muerte de sus seres queridos.
El catastro será administrado por el Registro Civil e incorporará a las personas listadas en los informes específicos de las tres comisiones de verdad sobre violaciones a los derechos humanos que empujó el país a su regreso a la democracia y también en sentencias judiciales de procesos penales regulados por la ley de declaración de ausencia por desaparición forzada.
Golpe al “negacionismo”
La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, indicó que “esto no solo se trata de recibir un certificado, esto se trata de que el Estado de Chile tiene personas vivas, muertas y ausentes por desaparición forzada”. Pizarro destacó que la “grandeza” de los legisladores “se impone a la bravuconería y la indecencia que llevamos viviendo semanas en este Congreso ante el negacionismo de la derecha, no solo de la extrema derecha. Sus palabras, de que ‘hacemos negocio’, sus palabras, que ‘somos resentidos’, solo reflejan la mierda que son”.
La dictadura de Chile duró 17 años y causó más de 40 mil víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. De ellas, 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada y 1.092 aún siguen en paradero desconocido. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
Políticas firmes a 52 años del golpe
La futura ley va en línea con el inédito Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos implementado por el gobierno del progresista Gabriel Boric, en noviembre de 2023, en el que por primera vez el Estado se hace cargo de la búsqueda de estas personas e instaura medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión de este tipo de crímenes.
A cinco meses del término del actual gobierno, familiares y autoridades apuntan a la necesidad de hacer de esta tarea “histórica e ineludible” una política permanente que no dependa del signo político de quien esté en La Moneda. “Estamos ad portas de un cambio de gobierno y no sabemos qué va a pasar con este plan. Vamos a insistir en que se cree un organismo especial de búsqueda, independiente y autónomo, aprobado por ley, con un marco institucional y un presupuesto que garantice su continuidad”, dijo a la agencia EFE la presidenta de la Corporación Cerro Chena, Mónica Monsalves.
En cementerios de al menos ocho regiones del país se realizaron diligencias de búsqueda, entre ellos el General de Santiago, de Copiapó, de Pisagua, de Iquique, N°3 de Playa Ancha, de Valdivia y de Punta Arenas, además de otros sitios de interés como la Escuela de Suboficiales del Ejército, Colonia Dignidad y Cerro Chena, entre otros. El propio mandatario informó a la nación sobre los trabajos concretos en el marco del Plan: más de 100 diligencias en terreno, incluyendo excavaciones, entrevistas, acompañamiento a familiares y revisión de archivos y peritajes forenses, tanto judiciales como extrajudiciales.
Para el Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, el contexto electoral que enfrenta el país, donde uno de los candidatos favoritos defiende el modelo de la dictadura y fue rostro en la campaña del plebiscito de 1988 en favor de Pinochet, “exige ajustes urgentes y estructurales” al plan. “Considerando estos posibles giros ideológicos, debemos asegurar la continuidad, independencia y efectividad del plan”, subrayó Nash.
Cortesía de Página 12
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