El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este martes sus amenazas de militarización interna al reafirmar su intención de desplegar tropas federales en ciudades gobernadas por demócratas que protesten contra las redadas migratorias, pese a la oposición de las autoridades locales, y los recientes frenos judiciales.
Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, tras reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, el mandatario sostuvo que aplicaría la Ley de Insurrección en las ciudades que obstaculicen el despliegue de la Guardia Nacional. “Se invocó en el pasado. Y si echas un vistazo a Chicago, es una gran ciudad donde hay mucha delincuencia. Si el gobernador no puede resolverla, nos encargaremos nosotros”, dijo el magnate ante los periodistas.
Anteriormente Trump consideró abiertamente aplicar la ley, un mecanismo legal de más de dos siglos de antigüedad que le permitiría desplegar al Ejército en territorio nacional sin la autorización de los estados. “Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales o los gobernadores nos detuvieran, claro que lo haría”, declaró Trump en la víspera.
Las declaraciones se produjeron poco después de que una jueza federal en Oregon, Karin Immergut, bloqueara temporalmente el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland, mientras que otra magistrada en Illinois, April Perry, fijó para este jueves una audiencia sobre el despliegue en Chicago. Ambas decisiones representan un freno judicial a la estrategia del presidente, que busca reforzar la presencia militar en ciudades en las que ocurran protestas sociales, a las que considera “santuarios” para los migrantes ilegales.
Bloqueos judiciales y demandas estatales
El gobierno de Illinois presentó el lunes una demanda contra la Casa Blanca para impedir el despliegue de unos 400 miembros de la Guardia Nacional en Chicago, llegados este martes a Chicago tras ser enviados desde Texas con la autorización del gobernador del estado, el republicano Greg Abbott. El texano había adelantado su arribo en un mensaje poco antes, en el que dijo que los efectivos se encontraban “siempre listos” y estaban siendo “emplazados ahora mismo“.
La jueza Perry, designada por el expresidente Joe Biden, elevó un pedido de más información antes de tomar una decisión definitiva, pero evitó emitir una orden de restricción inmediata, como lo había solicitado el gobierno estatal y de Chicago. A pesar de ello, centenares de soldados texanos ya comenzaron a instalarse en la ciudad.
En paralelo, la jueza Immergut, nombrada por el propio Trump durante su primer mandato, también se mostró inclinada a rechazar una medida similar aplicada sobre Portland, argumentando que el envío de tropas carecía de fundamento fáctico. “Esta es una nación de leyes constitucionales, no de ley marcial”, escribió al conceder las medidas cautelares. El fallo estará vigente hasta el 18 de octubre, y la Casa Blanca ya anticipó que apelará a su decisión.
Trump calificó la situación en Portland de “insurrección criminal” y aseguró que “la ciudad lleva años en llamas”, una descripción desmentida por las autoridades locales. La gobernadora estatal, la demócrata Tina Kotek, sostuvo que “no hay insurrección en Oregon” y acusó al presidente de buscar “fabricar caos” para justificar la intervención federal en estados que le oponen resistencia.
Resistencia
Las movilizaciones contra las políticas migratorias del gobierno se intensificaron en las últimas semanas, especialmente frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago y Portland. Organizaciones civiles y testigos denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales, que incluso habrían arrestado a ciudadanos estadounidenses durante las redadas.
Desde Illinois, el gobernador J.B. Pritzker denunció una “invasión inconstitucional” y acusó a los agentes federales de “detener ilegalmente a ciudadanos y usar violencia excesiva”. También afirmó que Trump “está creando deliberadamente una escalada de violencia para justificar la aplicación de la Ley de Insurrección” en estados opositores. “La administración Trump está siguiendo un manual: causar caos, crear miedo y confusión, hacer que parezca que los manifestantes pacíficos son una turba disparando balas de gas y botes de gas lacrimógeno contra ellos”, afirmó en una rueda de prensa destinada a la situación.
El gobernador llamó a resistir al “avance autoritarista” del gobierno federal, e incluso amenazó con retirarse de la Asociación Nacional de Gobernadores, que nuclea a los líderes de los 50 estados, debido a su silencio frente a la situación. “Deberíamos estar unidos en contra de la idea de que Donald Trump pueda llamar a la Guardia Nacional en contra de nuestra voluntad”, escribió Pritzker en sus redes.
Durante el fin de semana, el presidente había autorizado el despliegue de 700 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, medida que el fiscal general del estado, Kwame Raoul, consideró “una maniobra para castigar a sus enemigos políticos”. De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es necesario el envío de tropas a la ciudad, que equiparó a “una zona de guerra” en diálogo con Fox News.
Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que declara a la ciudad “zona libre de ICE” y prohíbe que los agentes migratorios utilicen propiedades municipales para realizar operaciones. “No permitiremos que el Gobierno federal ignore nuestra autoridad local ni viole los derechos de nuestros residentes”, afirmó.
Mientras tanto, el Pentágono mantiene a las tropas en alerta, tanto las desplegadas en Oregon como las de Texas, “esperando órdenes”. Pese a ello, las autoridades locales insisten en que las protestas permanecen bajo control. En Portland, la policía informó que se realizaron 36 arrestos desde junio y que su prioridad es “garantizar un entorno seguro para todos”.
Las propias autoridades migratorias también hicieron decenas de arrestos de manifestantes, a la vez que escalaron los enfrentamientos. La televisora local de ABC captó cómo agentes federales persiguieron a un manifestante, lo derribaron y le rociaron gas pimienta en la cara cuando estaba en el suelo. ICE atizó la polémica después de que publicara este domingo en su cuenta de X un video donde lleva en un pequeño carro de carga a un manifestante esposado y bocabajo, junto a un mensaje que decía: “¿Te niegas a caminar? Te llevamos”.
Una medida polémica
La Ley de Insurrección, promulgada en 1807, autoriza al presidente a emplear las fuerzas armadas para sofocar disturbios o hacer cumplir la ley federal. Aunque se la asocia popularmente con situaciones extremas de rebelión interna, su redacción otorga al Ejecutivo amplias facultades para determinar cuándo puede aplicarse, incluso sin el consentimiento de los estados.
El Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista con sede en Nueva York, advierte que la normativa carece de límites claros y que su uso podría abrir la puerta a “una discreción presidencial casi ilimitada” para el despliegue de tropas en suelo estadounidense. En condiciones normales existe otra ley, la Posse Comitatus, que prohíbe al Ejército realizar funciones de aplicación de la ley civil, pero esa restricción quedaría suspendida de invocarse la Ley de Insurrección.
La última vez que esta última fue utilizada data de 1992, cuando el entonces presidente George H.W. Bush envió tropas a Los Ángeles tras los disturbios por la absolución de cuatro policías que golpearon al ciudadano afroamericano Rodney King. Antes, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la invocaron para hacer cumplir decisiones judiciales sobre la integración escolar en el sur del país.
Trump ya había amenazado en junio con aplicar la ley durante las protestas en Los Ángeles, aunque finalmente recurrió a otras disposiciones legales, conocidas como “autoridades de Título 10”, que le permitieron movilizar tropas sin el consentimiento del gobernador.
Frente a los fallos de Oregon e Illinois en contra, la Casa Blanca anunció que llevará el caso a la Corte Suprema. “Esperamos que la autoridad legal del presidente para proteger los activos y al personal federal sea reivindicada”, declaró una de las portavoces de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a la cadena Fox News.
Con el debate trasladado a los tribunales, el presidente mantiene su narrativa de “ciudades en guerra” y amenaza con activar un instrumento legal de gran peso con el fin de “proteger a la población”. Un sondeo de la cadena CBS, sin embargo, indicó que el 58 por ciento de los estadounidenses se opone al despliegue de la Guardia Nacional en las ciudades. Aun así, Trump aseguró que “todos los gobernadores republicanos están dispuestos a ofrecer lo que sea necesario” y sostuvo que su prioridad “es evitar muertes y restaurar la seguridad”.
Cortesía de Página 12
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