Este 9 de octubre (2025), el máximo tribunal de justicia del país tendrá que resolver una “papa caliente” muy importante para la economía digital en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del “aprovechamiento” que busca cobrar mayores impuestos a las plataformas digitales.
La Alianza In México, en la que se agremian empresas de tecnología como Cabify, DiDi, Rappi, Uber, Lalamove y Mensajeros Urbanos llama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a rechazar el impuesto del 2% a las plataformas digitales.
¿Aprovechamiento o impuesto?
Fue Claudia Sheinbaum, entonces Jefa de gobierno de la Ciudad de México, la que implementó este gravamen, como una medida local, en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en su artículo 307 TER.
Su objetivo es gravar a las plataformas que facilitan la entrega de bienes, alimentos o paquetería como Uber Eats, Rappi, Didi Food o DiDi.
El argumento es que es un “aprovechamiento” por el uso intensivo de la infraestructura vial y urbana de la ciudad.
No es un impuesto federal generalizado. Este año se registraron discusiones y reformas relacionadas con las plataformas digitales en el plano nacional, pero se concentraron en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16% para ventas de extranjeros.
Litigio, el contexto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en junio de este año, declaró inconstitucional este cobro.
Determinó que no se trata de un aprovechamiento legítimo, sino de un impuesto disfrazado que invade competencias federales.
El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, no ha eliminado el gravamen. Sin embargo, está suspendida su aplicación.
En su momento, el gobierno capitalino, encabezado por Sheinbaum, se basó en tres argumentos en favor del impuesto: la compensación por el uso de infraestructura pública; la equidad tributaria y recaudación para servicios públicos; y su carácter de medida temporal y focalizada para equilibrar la carga fiscal entre empresas locales y extranjeras.
Los argumentos en contra, de parte de las propias plataformas, asociaciones empresariales, repartidores independientes y legisladores de oposición, esgrimen la inconstitucionalidad y doble tributación; el impacto en usuarios y economía local; la falta de proporcionalidad y efectividad.
Los repartidores interpusieron amparos con la queja de que el costo recae en ellos, no en las plataformas.
La Corte declaró inconstitucional el cobro con una votación de 3-1.
Ahora, la reconstituída Corte revisará la constitucionalidad del gravámen.
Piden rechazar el impuesto
La Alianza In Mexico advierte que declarar constitucional este impuesto afectaría el ingreso de cientos de miles de familias que dependen de las plataformas para autoemplearse, advierte la organización.
Tendría un impacto importante y regresivo en el ecosistema de plataformas del que dependen miles de personas, da un trato fiscal discriminatorio con respecto a otros prestadores de servicios similares y pone en duda el cumplimiento de México de sus compromisos comerciales internacionales, en particular los del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En términos de su impacto económico, esta medida tendrá un efecto negativo que va más allá de las plataformas digitales.
También afectará a las comunidades de repartidores, a los pequeños y medianos negocios que dependen en buena medida de esta modalidad de reparto y a los millones de consumidores que hacen uso diario de este tipo de servicios.
La economía digital es hoy en día un factor fundamental en el crecimiento económico y en las oportunidades de desarrollo y es la expresión económica del ambiente de innovación e inclusión que se genera con la tecnología.
Un impuesto como el que se plantea en el Código Fiscal de la Ciudad de México es una barrera al crecimiento y un desincentivo a la innovación, además de generar un efecto sistémico preocupante en otras entidades federativas.
¿Cómo votará la nueva Corte? ¿Votará a favor de la fiscalización con la aprobación del 2% de impuesto a la operación de las plataformas digitales en el país?
O ¿votará a favor del desarrollo de la economía digital en México y el innegable y potente impacto económico que tiene entre los microempresarios y la nueva forma de empleo que generan las plataformas digitales?.
Será una prueba de fuego para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento en que está siendo observada con lupa, por propios y extraños. Veremos.
Cortesía de El Economista
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