Hay que reconocer en principio que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está involucrada y tratando de ver por dónde deshacer los nudos enredados del sector salud que develan la desigualdad en toda su expresión. Ya empieza a reconocer que el dinero no le alcanza, algo que para muchos es obvio desde hace muchos años, pero es de esperarse que la actual administración reconozca en algún momento que sin reforma fiscal que englobe a más contribuyentes no será factible avanzar. Desde su llegada al poder, son obligadas las reuniones semanales en Palacio Nacional tanto para el tema de seguridad como para el tema de salud. Interés e intención sí hay; la duda persiste sobre la capacidad de implementación en un contexto de presupuesto demasiado ajustado.
El plan que delineó para unificar el sistema de salud detona muchas preguntas, pero hay que considerar que el anuncio viene desde una Presidencia donde está haciendo ver que sí le interesa el sustento técnico -sin estancarse en el sesgo ideológico-, lo cual hace esperar que las propuestas no se diluyan en burocracia o politización.
La propuesta de unificación anunciada por Sheinbaum es escalonada, con un horizonte de dos años. A partir de enero de 2026, se impulsará un registro nacional universal de salud, acompañado de una credencial única para todos los derechohabientes. Hasta aquí la cosa se ve factible si se trata de credencializar a los usuarios e integrar un padrón único para todo el sector.
En donde se pierde la sensatez o no se le encuentra la lógica para conseguirlo es cuando se plantea la homologación de la atención médica, es decir que cualquier mexicano —sea afiliado al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar— reciba atención en cualquiera de estas instituciones, sin importar si son o no derechohabientes o si pagan cuota o no.
Pensemos: Las dos primeras, IMSS e ISSSTE, son instituciones de seguridad social con aportaciones patronales, del trabajador y del gobierno, ¿cómo le harán para atender a pacientes no derechohabientes? ¿El Gobierno aumentará su aportación?
Pero continuemos con el anuncio: para el 2027 el esquema se completará con la integración de los servicios médicos de Pemex y el Ejército, culminando en un Sistema Nacional de Salud único, donde cada mexicano pueda acudir al hospital que le quede más cerca sin importar la institución, ello respaldado por una base de datos centralizada de pacientes.
El objetivo expreso es homologar la atención en todo el sistema nacional de salud. Suena muy bien y ha sido un sueño guajiro desde hace muchos años, pero el punto está en los cómos.
La cosa es que antes de unificar se tendrían que igualar las bolsas presupuestales que hay para los usuarios de cada institución. Conforme un estudio en 2023 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el gasto per cápita del ISSSTE era de 9,764 pesos; el del IMSS, de 8,378 pesos; el del IMSS Bienestar, de 3,782 pesos. ¿Cómo le harán para igualarlas? No le pueden bajar a la de IMSS e ISSSTE; por tanto, la de IMSS Bienestar tendrían más que duplicarla. O incluso sextuplicarla si consideramos la bolsa per cápita que gastan en sus usuarios los servicios de salud de Pemex, Sedena y Semar que supera los 24,000 pesos.
Está claro que para que esta unificación no sea un espejismo, deben abordar la necesidad imperiosa de aumentar la inversión pública en salud. México, como país de ingreso medio, destina uno de los porcentajes más bajos; no llega a 3% del PIB, por debajo del promedio latinoamericano de alrededor del 4.5% y lejos de nuestros similares como Brasil, Argentina y Chile que invierten en la salud de su población más de 9% del PIB. Y hay otros indicadores que revelan nuestros faltantes: México cuenta con sólo 1.4 camas hospitalarias por mil habitantes, muy lejos del promedio OCDE de 4.4.
Está muy bien que se esté considerando una credencial única y que haya un padrón general de todos los pacientes del país, quizá eso sirva de base para empezar a construir indicadores médicos y registros vitales que nos hacen mucha falta.
Pero llegar a una homologación de la atención debe ir de la mano con un pacto fiscal que impulse el gasto en salud al menos al 5% del PIB, como recomiendan organismos internacionales, para ser un poco más realistas..
Ahora, la gran pregunta: ¿a quién le toca unificar?
Una última pregunta que queda en el aire es ¿a qué funcionario le tocará sacar adelante el reto unificador? Se asume que el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, es el arquitecto natural de esta base de datos nacional y la credencial única. Su cartera incluye precisamente la “integración sectorial” en su denominación oficial, y le respalda su background en innovación digital y datos —fue director de la Agencia Digital de Innovación Pública—, pero aún no ha terminado de resolver el problema del desabasto crónico de insumos, que si bien fue heredado por el sexenio anterior, es un bache aún pendiente que genera desconfianza. Y además, la pregunta es; ¿contará con el músculo político para negociar con los dinosaurios sindicales y el Congreso?
Industria de suplementos, en The Food Tech Summit
Este 8 y 9 de octubre tendrá lugar en Centro Banamex en Ciudad de México la The Food Tech Summit & Expo 2025, evento clave para la industria de alimentos y bebidas en Latinoamérica que en México vende unos 58,000 millones de pesos anuales. Es una rama productiva que genera 6 millones de empleos directos, contribuyendo al 7% del PIB nacional y 20% del manufacturero. Esta vez participará la creciente industria de suplementos alimenticios con conferencias donde se abordarán varios enfoques; entre sus retos está el de la regulación que aplica Cofepris y que se basa en normas y leyes muy rezagadas que no tienen que ver con la realidad actual no del consumidor ni de la industria, generando mercados grises y negros sin mayor control que generan riesgos sanitarios para la población. Todo ello obliga a ver este sector con una visión de salud pública.
Cortesía de El Economista
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