La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, que busca cerrar los vacíos legales que permiten el contrabando, la evasión y elusión fiscal, además de modernizar y transparentar el comercio exterior.
El dictamen plantea una transformación profunda del sistema aduanero. Entre sus principales objetivos destacan la creación de un sistema digital de control y vigilancia, la certificación periódica de los agentes aduanales y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para combatir prácticas ilegales, como el llamado huachicol fiscal.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Altamirano (Morena), explicó que la nueva ley “busca acabar con las malas prácticas que durante años afectaron al país”, y garantizar que los recursos aduaneros “no queden en manos de particulares o de malos funcionarios, sino que se destinen al beneficio de los mexicanos”.
La iniciativa surge tras revelarse investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red de funcionarios y militares implicados en el ingreso irregular de millones de litros de combustible al país, bajo la figura de “aditivos”, para su venta ilegal.
Entre las medidas aprobadas se establece que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años, prorrogable hasta 40, pero que deberá renovarse mediante certificación cada tres años. Además, se crea el Consejo Aduanero, presidido por la Secretaría de Hacienda, encargado de autorizar, suspender o cancelar dichas patentes y supervisar el cumplimiento de obligaciones.
También endurece las sanciones: quienes introduzcan mercancías sin cumplir regulaciones enfrentarán multas de hasta 300% del valor comercial, y se impondrán penalizaciones adicionales de hasta dos millones de pesos para importadores o exportadores que no acrediten sus obligaciones. Y los bancos que operen cuentas aduaneras deberán reportar mensualmente las transacciones y los nombres de los usuarios.
Durante la discusión, la oposición criticó el dictamen. Blanca Leticia Gutiérrez (PAN) aseguró que la reforma “no combate el huachicol fiscal ni la corrupción, sino que golpea al comercio exterior y militariza las aduanas”. En tanto, Christian Castro Bello (PRI) advirtió que las sanciones son “desproporcionadas” y que “el objetivo real es recaudatorio”.
Por su parte, Patricia Flores Elizondo (MC) alertó que la “sobrerregulación” podría “frenar la productividad y el nearshoring, afectando un sector que representa más de un tercio del PIB nacional”.
En defensa del dictamen, Reginaldo Sandoval (PT) afirmó que la reforma “va al centro del combate a la corrupción”. Recordó que, de las 860 patentes vigentes, más de 500 presentan operaciones irregulares.
“La nueva Ley Aduanera otorgará mayor control y discrecionalidad al Gobierno federal, lo que podría afectar a las pequeñas y medianas empresas exportadoras”, advirtió el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce de Occidente). Su presidente, Miguel Ángel Landeros, expresó preocupación porque, aunque se busca eficiencia y combate a la corrupción, aumentarán los costos. Señaló que el sector exportador no fue consultado y que concentrar las decisiones en el Gobierno “sin transparencia ni equilibrio” puede ser contraproducente. Criticó que, como en la Ley de Amparo, el sector privado fue nuevamente excluido del proceso.
Cortesía de El Informador
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