El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos (EU) despedirá a más de 34,000 empleados debido al cierre del gobierno, según un comunicado de la agencia, lo que supondrá el cierre efectivo de los centros de atención telefónica para los contribuyentes.
Los despidos temporales afectan a 46% de la plantilla de la agencia. Según el comunicado, los empleados de los centros de atención telefónica, los trabajadores de TI y la mayor parte del personal de la sede central serán enviados a casa.
Los empleados asignados a la aplicación de la ley fiscal y de gasto que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó en julio seguirán trabajando.
El IRS está enviando a casa a sus empleados porque el Congreso de EU y Trump no lograron llegar a un acuerdo la semana pasada sobre el gasto público.
El IRS dijo en un comunicado fechado el 29 de septiembre que despediría al personal si el cierre superaba los cinco días hábiles. Los cierres comenzaron el 1 de octubre.
En una carta dirigida a los trabajadores en la que anunció la suspensión temporal, el funcionario del IRS, David Traynor, escribió que una ley del 2019 exige a las agencias pagar los salarios atrasados a los empleados suspendidos temporalmente una vez que finalice el cierre.
Esto contradice la propuesta del gobierno de Trump de principios de esta semana, que argumenta que dicha ley no establece que esos pagos sean automáticos. Trump sugirió posteriormente que no todos los empleados suspendidos temporalmente deberían cobrar cuando se reanuden las operaciones normales.
Hasta ahora, el Congreso y Trump no han logrado llegar a un acuerdo para poner fin al cierre. Los líderes demócratas quieren que el acuerdo amplíe los subsidios de salud para 24 millones de estadounidenses que obtienen su cobertura a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
Por otra parte, el presidente nacional de la Federación estadounidense de Empleados del Gobierno, Everett Kelley, pidió al Congreso que apruebe un proyecto de ley que reabra el gobierno.
Afirmó que los legisladores y el Presidente deben debatir la sanidad más adelante.
Cortesía de El Economista
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