Las protestas en apoyo a Palestina han enardecido el enfrentamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y sus opositores en el departamento conservador de Antioquia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, justificó la represión a los manifestantes en la noche del martes con unas imágenes de un McDonald’s repleto de pintadas y rodeado por la movilización. “Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y [los participantes de la marcha] llegaron a generar miedo”, dijo. Casi en simultáneo, se viralizó un video en el que se ve cómo a un manifestante, que yace en el suelo, le patean la cara brutalmente. Los agresores no eran policías, sino unos contratistas de la Alcaldía que supuestamente se encontraban allí para promover el diálogo. El presidente Petro, que apoyó las protestas, reaccionó con furia en X y ordenó una comisión que investigue los hechos: “[Son] milicias fascistas, que golpean a la juventud y a los pobres”. El uno y el otro han usado la protesta para subirle el volumen a la retórica contra su contrincante.
La narrativa de la Alcaldía es que los manifestantes fueron violentos y actuaron como parte de una estrategia del Gobierno nacional para “desestabilizar” al país con vistas a las elecciones de 2026. Según el alcalde, Petro busca movilizar a sus bases para revivir los estallidos sociales de 2019 y 2021, considerados como un precedente clave de su llegada al poder en 2022. “Quiere volver a incendiar el país, sea con el motivo que fuere. Ahora encontró la causa Palestina y mueve a un grupo de jóvenes (…) a generar vandalismo”, dijo durante una entrevista en Blu Radio. Si bien es cierto que Petro ha apoyado las protestas, esta versión no toma en cuenta que las marchas transcurrieron casi sin incidentes en Bogotá y Cali, las otras dos grandes ciudades de Colombia. Tampoco que hacen parte de un movimiento global que se ha robustecido en todo el mundo, en países como Italia y España, sobre todo tras la hambruna que ha producido Israel en Gaza y el asalto de una flotilla de ayuda humanitaria hace unos días.
Petro, por su parte, ha puesto el foco en el accionar violento de los gestores de convivencia de la Alcaldía, contratados para mediar en las protestas. En su usual retórica, los ha comparado con los grupos paramilitares de la Italia de Benito Mussolini, en la primera mitad del siglo XX, y ha ordenado que la fuerza pública los enfrente. “La orden que le di a la policía es disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía e iniciar una investigación penal”, escribió en X. Los asoció a la participación del concejal uribista Andrés Rodríguez, que llegó a la manifestación con un bate, azuzó la represión y anunció que le “declaraba la guerra” a los participantes. “Son nazis, pero la justicia no los persigue”, subrayó el presidente. En este caso, la narrativa grandilocuente deja de lado que la figura de gestores de convivencia existe en varias ciudades de Colombia, como Bogotá, para hacer frente al déficit de policías. No pueden asumir funciones policiales ni ir armados. Cuando funcionan correctamente, evitan que las protestas escalen.
La Alcaldía, que inicialmente se centró en denunciar “el vandalismo”, ha tenido que referirse a los abusos de sus contratistas. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, los caracterizó al final de un video difundido a la prensa como “conductas individuales, aisladas” y prometió investigaciones. Gutiérrez, en tanto, dijo en su entrevista radial que no puede haber “ninguna situación desmedida” como la que ocurrió, pero intentó suavizar los abusos: según él, los gestores reaccionaron porque “fueron agredidos previamente” por los manifestantes. Reiteró varias veces que su prioridad es “defender a la ciudadanía” frente a los violentos y apuntó contra el presidente y sus seguidores por denunciar una respuesta que, según evidencian los videos, fue desproporcionada. “Lo único que quieren es hacer ver el problema de parte nuestra, cuando los que lo generaron fueron ellos”, dijo. Después, tras el anuncio del Gobierno de una comisión de investigación, se victimizó: “Su odio por Antioquía, Medellín y nuestra gente no tiene límites. Resistiremos y Colombia y Medellín saldrán adelante”.
El expresidente Álvaro Uribe, que apoyó a Gutiérrez en su aspiración presidencial en 2022, ha aprovechado la ocasión para sumarse a las arremetidas contra el Gobierno. Declaró en X que “la ciudadanía se sentirá forzada a defenderse” si el Ejecutivo “impide que la fuerza pública proteja a las personas, los bienes privados y públicos”. “Petro siembra ánimo ciudadano de defenderse y una escalada de la confrontación que nadie sabe su alcance”, enfatizó. No dijo nada sobre el concejal Rodríguez, que pertenece a su partido y causó un repudio generalizado al amenazar a los manifestantes con un bate. El alcalde, en cambio, sí buscó desligarse de un aliado incómodo: “El concejal tendrá que decir qué hacía ahí y por qué tomó esa actitud”.
Los gestores
José Luis Marín, un concejal del Pacto Histórico que participó en la movilización, comenta por teléfono que los gestores de convivencia provocaron a los manifestantes desde antes de los disturbios. “Les decían: ‘Váyase para su casa, marihuanero’, ‘a usted lo mandó Petro’. Y mi pregunta es: ¿Por qué una persona pagada con recursos públicos tiene que decirle a un joven que se moviliza que se tiene que ir?”. Después, dice, hubo correazos con cinturones, piedras y palazos. Para él, parte del problema está en que los gestores de convivencia de Medellín, a diferencia de otras ciudades, tienen una fuerte participación de veteranos de la fuerza pública, algo que la misma Alcaldía ha resaltado en videos institucionales. “Están profundamente ideologizados contra el Gobierno y están formados con una lógica de enfrentar al enemigo interno, no de dialogar”, afirma.
El concejal Andrés Tobón, del partido de Gutiérrez, defiende que los militares actúan “en materia civil” y que los abusos “nunca habían pasado hasta ahora”. “Tenemos un sinnúmero de protestas, muchas alimentadas por el Gobierno nacional, todas acompañadas por gestores. Y nunca derivan en asuntos de carácter vandálico”, comenta en una llamada. Dice que esta vez los manifestantes agredieron a unos 10 gestores y que ellos reaccionaron “en su humanidad, no por instrucción de la Secretaría”. “Desde mi opinión ciudadana, yo observo que actuaron en legítima defensa, pero no soy el órgano competente para establecerlo”, evalúa. Marín rechaza esta versión: “Siguieron agrediendo incluso cuando intervino la Policía y ya no estaba en riesgo la integridad de ninguno”.
En el medio de las disputas políticas quedan las preocupaciones sobre cómo sucedieron estos abusos. Daniel Duque, exconcejal y opositor a ambas administraciones, señala por teléfono que no conoce de otras agresiones por parte de este grupo de convivencia, pero que la Alcaldía debe condenar las que ocurrieron el martes y sancionar a los responsables. “No podemos dejar pasar un acto tan grave. Sería empoderarlos, darles licencia para seguir abusando de su autoridad”, subraya. Para él, “el vandalismo y las provocaciones” de los participantes de la protesta no pueden justificar que “unos civiles, sin ninguna autoridad policiva, agarren a patadas a la gente”. “Es inaceptable. Si hay manifestantes vandalizando o afectando bienes públicos, pues que manden a la Policía”, comenta. La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha pedido investigaciones “contra los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes”.
La polarización
Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, señala por teléfono que el nuevo enfrentamiento debe leerse en un contexto de “crispación de ánimos” ante las elecciones del año que viene. La derecha, dice, aprovecha las marchas para “agitar el fantasma” de un nuevo estallido social y reforzar su discurso de orden público. “Apuestan a la mano dura, a que no van a permitir que pase lo que pasa en el resto del país”, comenta. El petrismo, por su parte, intenta “liderar la protesta anti-Israel”, movilizar a sus seguidores y luego denunciar a sus opositores de tener “prácticas fascistas”. “Les sirve a ambos. Es parte de la polarización y radicalización por la que se está apostando en el país”, afirma.
El concejal petrista Marín insiste en sus críticas al grupo de gestores de convivencia y al “autoritarismo de extrema derecha” del concejal que salió con el bate, pero coincide en que las protestas quedaron en medio de una preocupante tendencia de polarización de ambas partes. “Hay una falta de reconocimiento del otro. A mí me dicen todos los días guerrillero, terrorista, y desde el otro sector también se dice nazi. Hay que matizarlo un poco”, subraya. Recuerda que, en el medio de los enfrentamientos políticos, están las personas afectadas: “Entre los titulares favorables a uno u otro lado, hay jóvenes a los que les revientan la cabeza por movilizarse”.
Cortesía de El País
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