Los motivos de la demora en la publicación en el Periódico Oficial de Jalisco de la creación de la Fiscalía Antitortura, que nadie en el Gobierno estatal ha sabido explicar, se ha convertido en un serio contratiempo en la buena marcha que la administración de Pablo Lemus, ha mantenido desde su fase de gobernador electo, con colectivos de madres buscadoras.
Y es que además de que el retraso en la difusión de este decreto podría provocar que no se le asigne presupuesto para su operación prometida para el 2026, esta omisión impide pasar a la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desapariciones.
Este descuido puede trastocar la buena relación y empatía mostrada, de forma personal e institucional, por el propio mandatario estatal, por ejemplo, con el gesto más reciente de la disculpa pública que hizo a una familia que ha sufrido 15 años las omisiones e incumplimientos de las autoridades en la búsqueda de sus desaparecidos, que no sólo cumplió con la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ignoró su antecesor Enrique Alfaro y corrigió la pifia de sus funcionarios de la Fiscalía estatal y la Secretaría de Gobierno por el mea culpa fallido del 14 de agosto, sino que le valió el reconocimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ese “primer acto de disculpa pública en la historia de Jalisco” y la sensibilidad, solidaridad, acompañamiento y empatía hacia las víctimas que le reconoció a Lemus la ONU, y que ha mostrado desde que era gobernador electo cuando inició reuniones con distintos grupos de madres buscadoras y elevó a rango de gabinete el tema, al crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, tiene ya una abolladura con el incumplimiento de la promulgación del decreto que crea la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura.
Los reclamos por este descuido deben atenderse de inmediato, porque es muy importante, si se quiere seguir trabajando de la mano con los colectivos, mantener la percepción de las familias que sufren el inenarrable dolor, que los hace vivir muertos en vida por no saber del paradero de alguno de sus seres queridos, de que el gobierno de Lemus sí está mostrando la cercanía y prioridad a este el principal problema de inseguridad de Jalisco, que no mostró su antecesor ni su administración.
Este decreto fue enviado a Palacio de Gobierno para la revisión del gobernador desde el pasado 27 de agosto. Había un plazo de 20 días por si había alguna propuesta de modificación u observaciones que nunca se hicieron. Por eso, esta publicación que debió hacerse máximo el pasado 19 de septiembre, debe cumplirse ya para pasar a la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos.
Cortesía de El Informador
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