Los frentes se multiplican para las organizaciones que velan por mantener intacto el recurso de amparo, la herramienta con la que la ciudadanía combate los abusos de las autoridades. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum promueve una reforma legal que trastoca en numerosos puntos este instrumento y que ya pasó, con algunas modificaciones, el visto bueno del Senado. La pelota está ahora en la Cámara de Diputados, que prevé someter la reforma a votación del pleno esta misma semana. El Poder Judicial se suma a los otros dos en el asedio de esta figura. La Suprema Corte (SCJN) ha pospuesto el debate de un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel que va en el mismo sentido que la iniciativa presidencial. Es decir, restringe el alcance del interés legítimo, el supuesto bajo el que los organismos de derechos humanos han podido presentar históricamente sus demandas de amparo.
La razón del aplazamiento en la SCJN, apuntan fuentes de la ponencia de la ministra, es esperar a que la enmienda sea definitivamente aprobada en el Congreso. “Mejor esperar y ser disciplinado que ser anticipado”, sintetiza el jurista Fernando Sosa, que trabajó en el Tribunal Constitucional hasta el pasado 31 de agosto. El especialista añade: “[El Ejecutivo y el Judicial] están haciendo un movimiento sincrónico”.
El dictamen de la ministra se remonta a 2021 y ya había sido aplazado antes. Esquivel busca resolver una diferencia de criterios entre dos tribunales colegiados que habían resuelto en sentido dispar los amparos presentados por la organización medioambiental Greenpeace; uno sobre el programa de contingencias ambientales en el Estado de México y otro sobre la construcción de la Línea 7 del metrobús capitalino. Es esta asociación quien más tarde denuncia la contradicción para que se fije un criterio de cara al futuro. Del texto de la ponencia es, sobre todo, una frase la que enciende de nuevo las alarmas: “El objeto social de una persona moral no es un elemento que, por sí solo y analizado de manera aislada, pueda ser considerado para efectos de acreditar su interés legítimo para acudir al juicio de amparo”.
El objeto social, es decir, el fin último de una organización ―en el caso de Greenpeace, la defensa del medioambiente― había sido suficiente hasta ahora para que los organismos justificaran su derecho a presentar una demanda. “En lugar de contemplar el interés legítimo como una herramienta amplia para garantizar derechos, lo está equiparando a la figura más restrictiva, la del interés jurídico, que es la que aplica cuando hay una afectación directa”, explica Jesús Segovia, abogado del Centro Prodh, una de las organizaciones que se ha opuesto públicamente a la propuesta de Esquivel. “Esta es la puerta de entrada para restringir derechos y que quienes defendemos los derechos humanos no podamos presentar juicios de amparo”, completa. Segovia pone de ejemplo a su propia entidad: “Nosotros acompañamos a víctimas de desaparición forzada o tortura. Tendríamos que acreditar que alguno de los actos nos afecta como organización, cuando eso sería absurdo”.
Esta interpretación del interés legítimo “pone freno a una serie de precedentes que iban en otro sentido”, coincide el jurista Daniel Torres Checa, que ha participado en los foros públicos sobre la reforma al amparo convocados por la Cámara de Diputados. “La Corte había dado una legitimación muy amplia en lo que respecta a la defensa de los derechos ambientales”, apuntala. “El impacto es grave: es casi cerrar la puerta a que las instituciones puedan litigar estos temas”, indica Torres Checa, quien considera que la interpretación propuesta por la ministra va incluso más lejos que la propia reforma legal debatida en el Congreso. En cualquier caso, dice, “este tipo de resoluciones benefician al Gobierno y se alinean con su agenda”.
La “alineación ideológica” entre los poderes públicos, en palabras de Fernando Sosa, en caso de que sendos proyectos se aprueben, se va a traducir en la práctica en una “interpretación uniforme” entre los casos para los que se aplique la nueva reforma y aquellos que se encuentran ya en tramitación, pues la resolución de la Suprema Corte fijaría el criterio para el resto de los tribunales. “Es una forma de mantener la retroactividad que no querían meter”, resume en referencia a la polémica cláusula que el Senado incluyó a última hora y que sembró tal discordia que forzó la intervención de la presidenta. Ese artículo, eliminado de forma preliminar por la Cámara Baja, a la espera de su votación, contradecía expresamente el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe que se apliquen retroactivamente normas en perjuicio de las personas.
La interpretación de la ministra de la Corte no llega tan lejos como el precepto controvertido, pero sí permite fijar un criterio para los asuntos ya abiertos que sintoniza con las limitaciones contempladas en el proyecto legal y que preocupa a las organizaciones de derechos humanos y los expertos. “Se estarían borrando al menos 10 años de desarrollo de garantizar derechos”, lamenta Jesús Segovia.
Ambos proyectos están todavía en suspenso. La discusión sobre el dictamen de Yasmín Esquivel esperará a la aprobación de la reforma legal, que avanza a marchas forzadas en el Congreso gracias a la aplanadora morenista y sus aliados, que cuentan con la mayoría en ambas Cámaras. Si la nueva Suprema Corte, cuyos nuevos miembros fueron promovidos por el partido oficialista, aprueba el documento de la ministra, el asedio a esta figura clave del recurso de amparo será definitivo. La síntesis la ha dado este lunes el diputado morenista y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, al finalizar la última sesión de las audiencias públicas que había convocado la Cámara para discutir la reforma previo a su aprobación en comisiones: “En estas reformas y adiciones a la Ley de Amparo se busca, sí, como en todo lo demás, como lo hicieron antes el PRI y luego el PAN, imponer su visión”.
Cortesía de El País
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