El cierre parcial del Gobierno estadounidense cumple este miércoles tres semanas sin visos de una pronta reapertura. Las posturas de demócratas y republicanos en el Senado siguen enrocadas en los mismos puntos que provocaron el 1 de octubre el shutdown, que ya es el segundo más largo de la historia, solo superado por el último. Se prolongó durante 34 días en el invierno de 2018-2019, y entonces también estaba Donald Trump en la Casa Blanca.
La Cámara Alta, que requiere una mayoría cualificada de 60 escaños, ha votado en 11 ocasiones en contra de la propuesta republicana que permitiría una financiación provisional de la Administración hasta el 21 de noviembre, cuando el problema de fondo volvería a ser el mismo: para aprobar los presupuestos de sus rivales, los demócratas exigen el compromiso republicano de que se ampliarán ciertos subsidios de Obamacare, ley que mejoró las prestaciones sanitarias a aquellos ciudadanos sin seguros privados. Esas ayudas se acordaron durante la pandemia y expiran a final de año. También exigen que no se apliquen los recortes a Medicaid que contempla la “ley grande y hermosa”, gran reforma fiscal que Trump logró aprobar en julio.
Tradicionalmente, el partido que se pone más exigente en la negociación que desemboca en un shutdown es el que lleva las de perder, porque a la opinión pública no le gusta ver que se emplee la amenaza de cerrar el Gobierno como palanca parlamentaria. Pero esta vez −de momento− ese patrón no parece estar repitiéndose. Las encuestas sobre a quién culpan los ciudadanos del cierre del grifo público están favoreciendo hasta ahora a los demócratas. La última, conocida este martes, atribuye más responsabilidad (50%) que a los demócratas (43%).
Ese sondeo también indica que lo que pide la minoría en el Senado es popular: el 72% de los estadounidenses desea que se extiendan los subsidios a la atención médica. Entre los republicanos, esa opinión (51%) también es mayoritaria.
La pregunta entonces es cuánto serán capaces de aguantar los demócratas ese pulso, en el que por primera vez están dando señales de plantar cara a la agenda de Trump tras un año, que se cumplirá en noviembre, de su derrota electoral, 12 meses en los que sus bases han echado de menos una oposición más decidida.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, declaró este martes: “La gente nos dice: ‘¡Negocien!’. Pero ¿negociar qué? Hay que reabrir el Gobierno, y solo entonces nos sentaremos gustosos para hablar de los asuntos de los que los demócratas quieran debatir“.
Thune habló tras un almuerzo en la Rosaleda de la Casa Blanca en el que Trump agradeció a los miembros de su partido el apoyo ciego a sus políticas (a todos, menos a uno: el senador Rand Paul, de Kentucky, que ha votado en todas las ocasiones contra la propuesta conservadora). Al rato, el presidente estadounidense contestó a una pregunta sobre si estaría dispuesto a recibir a los líderes demócratas de las minorías en el Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, a los que denigró con insultos racistas, a base de inteligencia artificial y sombreros mexicanos, al principio del shutdown, que estaría dispuesto a hacerlo “solo si permiten la reapertura del país”. “La gente está deseando trabajar”, sentenció.
Trump se refiere a los cerca de 750.000 funcionarios que se encuentran desde hace tres semanas suspendidos de empleo y sueldo. Durante un cierre del Gobierno, los empleados públicos se dividen en dos categorías: aquellos cuya tarea se considera “esencial”, y están obligados a seguir trabajando sin cobrar; y el resto (esos 750.000), que se quedan en casa y tampoco reciben su salario. En principio, y si la actual Administración actual honra los precedentes, unos y otros recuperan el dinero que han dejado de ganar mientras dure el shutdown una vez este se resuelve.
El presidente de Estados Unidos ha hecho ciertas excepciones en estas semanas durante un cierre que ha aprovechado para despedir a miles de funcionarios (despidos que le ha parado un juez), para recortar permanentemente la financiación de ciertos programas, que considera “demócratas”, y para avanzar en su vieja aspiración de cerrar el Departamento de Educación sin contar con el Congreso.
Entre esas excepciones, Trump autorizó la semana pasada tanto al Pentágono como a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca para usar “cualquier fondo” restante del año fiscal actual para financiar los salarios de los militares en servicio activo.
Entre tanto, hay servicios públicos suspendidos, las evaluaciones de seguridad alimentaria no se llevan a cavo los datos del paro no se calculan y los museos públicos de Washington y los parques naturales de todo el país están cerrados o desatendidos. Se calcula que el cierre reducirá el crecimiento anual de la producción económica entre 0,1 y un 0,2% por cada semana que pase: esto es, entre 7.600 y 15.200 millones de dólares semanales, según Oxford Economics.
Cortesía de El País
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