Luego de que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos y se diera a conocer este lunes que se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida, la Fiscalía General de la República (FGR) destacó este martes que sigue vigente la orden de localización y detención internacional solicitada a la Interpol.
En un comunicado, la FGR detalló que el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense “determinó la deportación” del esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont. “Sus abogados recurrieron a dicha orden de deportación”, explicó la fiscalía.
Ante ello, la Fiscalía General de la República adelantó que las autoridades estadounidenses se pronunciarán al respecto el próximo miércoles 12 de noviembre.
En tanto, la FGR también recordó que “la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR solicitó, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición en este caso”.
Álvarez Puga cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otra por defraudación fiscal, por parte de la Fiscalía Especializada y la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, respectivamente.
El pasado 27 de octubre diversos medios dieron a conocer que Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos por un problema en su estatus migratorio y agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por su sigla en inglés) recluyeron al empresario en Krome North Service Processing.
Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, comentó que esparaba que la FGR proporcinara la información y al ser cuestionada sobre una posible extradición del empresario, comentó que esa era la intención.
Desde el sexenio pasado, Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont son señaladas por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
A inicios de marzo del presente, las entidades del sistema financiero recibieron la instrucción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a ambos personajes.
Desde el 2019, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de Álvarez Puga, Gómez Mont y cinco personas más, además de siete empresas, por su posible participación en actos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La acusación de la fiscalía consiste en movimientos ilícitos cercanos a 3,000 millones de pesos, con relación a contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), pues aparentemente se utilizaron comprobantes fiscales digitales por Internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaron, con el fin de lavar de dinero.
Posteriormente, en el 2021, los órganos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpusieron las denuncias correspondientes al tener indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de estos dos personajes. Derivado de ello, la FGR informó en enero del 2022 que había emitido una ficha roja para la búsqueda de los señalados en 190 países.
Cortesía de El Economista
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