La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) hizo un llamado, “respetuoso pero enérgico”, al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “a preservar con firmeza el principio de cosa juzgada, piedra angular del sistema de justicia mexicano y garantía esencial para todos los ciudadanos”.
Mediante comunicado de prensa, la organización expresó “su profunda preocupación por la posible afectación al principio de cosa juzgada, tras la apertura de un proceso de consulta entre los nuevos integrantes del pleno de la SCJN, convocado por su presidente para analizar la revisión de fallos de las Salas de este tribunal, desaparecidas con la reciente reforma judicial”.
En respuesta a la decisión de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, de consultar a los ministros que integran el máximo tribunal sobre la posibilidad de revisar sentencias dictadas en amparos directos, la BMA manifestó “su muy grave preocupación ante la reciente intención atribuida al máximo tribunal del país de revisar casos y sentencias firmes ya dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes”.
“El principio de cosa juzgada constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad jurídica y de la función jurisdiccional del Estado. La certeza de que las controversias decididas por los tribunales de manera definitiva no pueden ser modificadas o reabiertas, es indispensable para garantizar la estabilidad del orden jurídico, la confianza en las instituciones de justicia y la paz social.
“Cualquier intento de revisar o desconocer sentencias que han adquirido firmeza, al margen de los cauces procesales expresamente previstos en la ley, vulneraría gravemente los principios de legalidad, división de poderes, seguridad jurídica y debido proceso. Ello podría generar una situación de incertidumbre generalizada respecto de los efectos de las resoluciones judiciales, afectando tanto a particulares como a las instituciones del Estado”, consigna el comunicado.
Compromiso
Firmado por Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la BMA, la organización reiteró su “compromiso permanente con la defensa del Estado de Derecho para alertar sobre una eventual fractura de la seguridad jurídica que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El referido proceso de consulta, turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama para la elaboración del proyecto correspondiente, se abrió tras la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Rosa María Romero Urbán de impugnar la sentencia de la Primera Sala de la Corte, que el pasado 11 de junio ordenó, al resolver un amparo directo, la liberación de Juana Hilda González, sentenciada a 78 años de prisión por pertenecer a la banda de secuestradores que, en 2005, plagió y mató a Hugo Alberto Wallace.
Cortesía de El Economista
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