La senadora panista Lilly Téllez pidió antier “una guerra con toda la fuerza del Estado” contra los cárteles y acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de haberlos dejado crecer. Su grito resonó porque expresa la frustración de millones de mexicanos que ya no soportan la impunidad ni el miedo. Pero convertir esa rabia en política pública es otra cosa: México ya libró esa guerra, y la perdió.
Detrás de su exigencia no solo hay indignación, también cálculo político. Desde hace meses, Téllez presenta al gobierno y a Morena como cómplices del crimen organizado. Su discurso busca movilizar a un electorado hastiado, posicionarla como voz dura de la oposición y presionar al Ejecutivo para mostrar fuerza. La retórica de la guerra vende: proyecta liderazgo, orden y valentía. Pero detrás del eslogan no hay estrategia de Estado, sino una receta probada que solo multiplica el desastre.
En 2006, Felipe Calderón declaró esa misma guerra. Sacó al Ejército a las calles, prometió recuperar el territorio y devolver la paz. Lo que consiguió fue un país más violento: más de 120,000 muertos, miles de desaparecidos y un narcotráfico que se fragmentó en más de 150 grupos armados. La fuerza sin justicia ni inteligencia solo sirvió para dividir al narco, multiplicar los muertos y debilitar al Estado. Cada operativo exitoso fue seguido por una nueva célula criminal; cada capo detenido o muerto fue reemplazado en horas por uno o varios.
Repetir esa fórmula sería tan inútil como peligroso. Sin fiscalías eficaces, jueces imparciales, sistemas forenses que funcionen y policías con controles internos, cualquier ofensiva militar terminará como siempre: más balas, más víctimas y menos Estado. La militarización prolongada erosiona la autoridad civil, normaliza abusos y profundiza la impunidad. Y si a eso se suma la corrupción que permea a policías locales, ministerios públicos y tribunales, el resultado es un círculo vicioso donde la violencia se recicla y la justicia nunca llega.
La alternativa no es la pasividad, sino la inteligencia. México necesita persecución financiera, control de armas y de precursores químicos, decomisos patrimoniales y coordinación real entre fiscalías. Requiere investigadores protegidos, peritos con recursos, tribunales independientes, funcionarios honestos y objetivos claros: menos homicidios, más sentencias, más Estado. El combate al crimen no empieza en los cuarteles, sino en los juzgados y en los bancos. También exige cooperación internacional seria, pero bajo reglas claras que fortalezcan a las instituciones mexicanas, no que las sustituyan.
El país está harto de los criminales, pero una guerra no arregla lo que la corrupción y el abandono descompusieron durante décadas. Las causas de la violencia —pobreza, impunidad, desigualdad— no se destruyen con balas. Si Téllez quiere resultados y no solo proyectarse como la candidata presidencial de la oposición en 2030, que exija presupuesto para fiscalías, protección a testigos y transparencia en las cifras. Si solo pide guerra, su grito será un eco de aquel fatídico 2006.
México no necesita más fuego, sino justicia. No más soldados, sino Estado. No más discursos, sino resultados.
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Cortesía de El Economista
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