La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez salió este jueves de la cárcel, donde estuvo presa cuatro años y ocho meses por acusaciones vinculadas al golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la condena de diez años en su contra y ordenara su libertad.
La exmandataria interina salió por la puerta principal del Centro de Orientación Femenina de Miraflores en la ciudad de La Paz, con una bandera de Bolivia en la mano y acompañada por sus hijos Carolina y José Armando Ribera. “En este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral que llevó a los bolivianos a reclamar que el voto en las elecciones generales de ese año sea respetado”, sostuvo, en sus primeras declaraciones fuera de la cárcel.
“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, señaló, aunque dijo que considera que su encarcelamiento fue injusto.
Condena anulada
El TSJ informó el miércoles sobre la anulación de la condena de Áñez, su absolución y la orden de su inmediata libertad por el llamado caso “golpe de Estado II”, por el que fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019. La citada sentencia fue ratificada en 2023 también por el TSJ, aunque en ese momento estaban encargados otros magistrados, mientras que los que revisaron la condena fueron elegidos en los comicios judiciales de 2024.
En la revisión de la sentencia, a pedido de la defensa de la expresidenta, los magistrados consideraron que “hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente que han afectado el debido proceso y también sus derechos”. La resolución del Supremo señala que “la sucesión no fue un acto de usurpación, sino un acto de necesidad constitucional” y considera que el tribunal que condenó a Áñez omitió valorar que las renuncias”de quienes estaban antes que la exmandataria en la línea de sucesión en 2019 “fueron públicas, expresas y con efectos inmediatos”.
“Áñez Chávez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano”, indica la resolución.
Áñez, exsenadora por el departamento del Beni, asumió el mando interino del país el 12 de noviembre de 2019 tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales y gobernó hasta el 7 de noviembre de 2020. Permanece en prisión desde marzo de 2021, cuando fue detenida en la ciudad de Trinidad y enviada a la prisión de Miraflores, en La Paz.
En agosto pasado, el TSJ ordenó revisar los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra Áñez y otros dos líderes regionales opositores al MAS, lo que derivó en la liberación de estos políticos. Los tribunales anularon los procesos ordinarios contra Áñez, que fueron trasladados al Legislativo para ser abordados en un juicio de responsabilidades, y estaba pendiente la revisión de su sentencia, sobre la que se informó el miércoles.
“Sesgo de parcialización”
La antigua jefa de Estado enfrenta al menos otros siete procesos, entre ellos el de la represión contra las protestas tras el derrocamiento de Evo Morales, que dejó una veintena de muertos, y de supuestas irregularidades de corrupción.
En 2019, Áñez promulgó el decreto supremo 4.078 para eximir de responsabilidades a militares y policías que durante su mandato perpetraron las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), en las que fueron murieron 36 personas.
David Inca, representante de las víctimas de Senkata, rechazó la resolución del TSJ. “Tiene un sesgo de parcialización a favor de una persona e ideología, y desmerece totalmente a las víctimas”, señaló, en declaraciones recogidas por TeleSUR. También recordó que durante el Gobierno de Áñez hubo torturas, masacres y violación a los derechos humanos según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Existe el delito de incumplimiento de deberes y de resoluciones contrarias a la Constitución”, insistió Inca.
La decisión judicial también se da en el contexto de la llegada al poder del derechista Rodrigo Paz, quien será investido como nuevo presidente de Bolivia el próximo 8 de noviembre, luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 19 de octubre.
Cortesía de Página 12
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