Un cierre del Gobierno estadounidense ocurre cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo las leyes que autorizan el gasto federal. Sin esos fondos, las agencias públicas se quedan sin recursos para operar, y gran parte de la administración debe suspender sus actividades hasta que los legisladores lleguen a un nuevo acuerdo presupuestario.
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¿A quiénes afecta el cierre del Gobierno?
Cada vez que se produce un cierre, los empleados federales son los primeros en sentir el impacto. Miles de ellos son enviados a casa sin salario —una medida llamada furlough o licencia temporal sin paga—, mientras otros continúan trabajando sin recibir compensación, a la espera de que se destrabe el financiamiento.
Las dependencias del Gobierno deben contar con planes de emergencia que definan qué servicios se mantienen en marcha y cuáles se detienen.
Estos esquemas, disponibles en los portales de la Oficina de Administración y Presupuesto o en los sitios de cada agencia, precisan cuántos trabajadores seguirán activos, qué funciones son esenciales para la seguridad y el bienestar público, y cuánto tiempo tomaría suspender operaciones.
Un ejemplo frecuente es el de la Administración del Seguro Social, que durante cierres anteriores mantuvo los pagos de beneficios y la atención de apelaciones, pero interrumpió trámites administrativos no urgentes.
Los cierres no solo afectan a los empleados públicos: el impacto se extiende a la vida diaria de millones de personas. En episodios anteriores:
- Parques nacionales y museos cerraron temporalmente.
- Se suspendieron inspecciones de seguridad alimentaria.
- Audiencias de inmigración fueron aplazadas.
- Préstamos federales para negocios y viviendas se retrasaron.
Incluso los servicios que deben seguir operando, como el control del tráfico aéreo, sufrieron contratiempos. Durante el cierre de 2018-2019, la falta de personal provocó demoras y cancelaciones en varios aeropuertos del país.
Esta no es la primera vez que sucede
El ciclo presupuestario estadounidense exige que el Congreso apruebe los fondos antes del inicio del nuevo año fiscal, en octubre. Cuando las negociaciones se empantanan o expiran las extensiones temporales, surge nuevamente el riesgo de paralización.
A diferencia de otras naciones, donde el Estado puede continuar gastando mientras se aprueba el presupuesto, la legislación estadounidense impide el uso de fondos no autorizados. Eso convierte cada desacuerdo político en una potencial crisis de funcionamiento.
Desde la creación del sistema presupuestario moderno en 1976, el país ha vivido 20 interrupciones de financiamiento, según la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable, una organización apartidista. Solo cuatro de ellas se consideran cierres completos, en los que las operaciones se detuvieron por más de un día laboral:
- 1995-1996: dos cierres que sumaron 26 días, resultado del enfrentamiento entre el presidente Bill Clinton y un Congreso republicano.
- 2013: una paralización de 16 días por la disputa sobre el financiamiento de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare).
- 2018-2019: el cierre parcial más largo hasta la fecha, con 35 días, causado por el desacuerdo sobre los fondos para el muro fronterizo.
Ese último episodio tuvo consecuencias tangibles: audiencias migratorias suspendidas, préstamos estudiantiles atrasados, parques cerrados y servicios públicos interrumpidos.
El diseño político del sistema estadounidense hace que los cierres sean casi inevitables. Cada presupuesto o resolución temporal tiene una fecha de vencimiento, lo que obliga al Congreso a renegociar periódicamente los recursos.
Las causas cambian, pero la dinámica es la misma: sin consenso entre demócratas y republicanos, el Gobierno se queda sin autorización para gastar y, en consecuencia, una parte del país se detiene.
EE
Cortesía de El Informador
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