Quedan tres semanas para que concluya el semestre en la Universidad Nacional Autónoma de México y las actividades académicas están interrumpidas, por lo menos en la mitad de las facultades en Ciudad Universitaria y una decena de escuelas preparatorias y profesionales, en el Valle de México.
Ya sean por ficticias amenazas o abigarradas demandas, trabajadores y alumnos se han opuesto a las clases presenciales. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Alejandro Chanona Burguete, no podrá festejar su primer año como director: el consejo técnico decidió concluir el semestre con clases en línea, “con la finalidad de preservar el interés superior del derecho a la educación y de garantizar la seguridad e integridad de nuestra comunidad”.
Hace dos semanas que los paristas desalojaron las instalaciones de la FCPyS. Recién nombrado, Chanona Burguete —ex legislador y ex integrante de la directiva de Movimiento Ciudadano— ordenó acondicionar aulas y laboratorios y justo ese remozamiento fue uno de los detonadores de las protestas. Nada de lo nuevo fue respetado.
¿Mano negra en la UNAM o fuego amigo? Las protestas tuvieron otras expresiones primigenias. En la escuela Erasmo Castellanos Quinto –única en la que se ofrece educación secundaria—hubo bloqueos, en demanda de la instalación de comedores comunitarios. Las cafeterías y tienditas al interior de las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios están concesionadas a particulares y ese coto de poder también quiere ser devastado.
A menudo, el remedio es peor que la enfermedad: dentro de la Prepa 2 es imposible habilitar áreas de cocina y mesas para atender con tres comidas a más de 8,000 alumnos, muchos, hijos de afiliados al STUNAM. El Gobierno de la Ciudad de México había ofrecido su apoyo para atender a los quejosos –incluso ofreció un bajopuente de Avenida Churubusco—, pero se desistió, al ver el tamaño del reto.
Los alumnos, primero impedidos de acudir a clases por la toma de las instalaciones, se han resistido a regresar a las aulas, desde hace un mes, luego de que media docena de escuelas y facultades vivieron desalojos, por amenazas de bomba.
La vigilancia de las escuelas, facultades, centros de investigación, instalaciones deportivas y museos universitarios está a cargo de la dirección general de resguardo –cuyo personal está afiliado al STUNAM—, pero han sido inoperantes a la hora de inhibir a los paristas y a los saboteadores. Ahora mismo, las autoridades universitarias han tenido que auxiliarlos, ante la detención de cuatro elementos, presuntos responsables del fallecimiento de un aficionado del Cruz Azul en las inmediaciones del Estadio Olímpico hace tres semanas.
Garantizar la impartición de clases es obligación de académicos y administrativos. Ahora mismo, la directiva de la Máxima Casa de Estudios está emplazando al profesorado a aplicar las evaluaciones previstas en los planes y programas de estudio. ¿Y en los planteles que permanecen cerrados o con aulas virtuales, cómo aplicarán los exámenes? ¿Es posible garantizar la excelencia académica en línea? Otros servicios escolares, como la extensión universitaria, prácticamente han quedado paralizados.
Más por escepticismo que por asombro, los mandos superiores de la Universidad expresan que sin un manifiesto o pliego petitorio que conozcan en la Rectoría, las condiciones para una negociación entre las autoridades y el movimiento estudiantil (¿?) ni siquiera son viables. Muchos de los líderes del CEU, ahora en el poder, pudieron descifrar al CGH pero a esta generación postCovid, todavía no.
Lo único innegable es que la UNAM terminará el semestre a puertas cerradas y afrontará el 2026 con un dilema mayor: convertirse en el campamento de aquellos subversivos que busquen sabotear la Copa Mundial de la FIFA.
Cortesía de El Economista
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