Gobernadora de Edomex propone endurecer penas por acoso sexual

La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, envió al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad que sanciona el acoso sexual desde la primera denuncia y endurece las penas para quienes reincidan.

Esta reforma se presenta en el marco y en respaldo al Plan Integral contra el Abuso Sexual, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para garantizar la atención y procuración de justicia en casos de abuso sexual.

Las acciones incluyen la homologación del abuso sexual como delito grave, la capacitación institucional, campañas de concientización y la promoción de la denuncia.

La propuesta de la gobernadora del Edomex elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción de este delito. De este modo, cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado, sin necesidad de que se repita la conducta.

Estas sanciones aplican en cualquier sitio donde ocurra el abuso sexual, como lugares públicos o instalaciones y vehículos destinados al transporte público de pasajeros.

“Con esta modificación, el Gobierno mexiquense refuerza la protección a las víctimas y marca un precedente en la lucha contra la violencia sexual, al reconocer que ningún acto de acoso debe quedar sin castigo”, destacó el Gobierno del Edomex en un comunicado.

Asimismo, el decreto establece agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima, incrementando las penas hasta en una mitad.

Prisión y destitución para policías y ministerios públicos que no atiendan a víctimas de acoso sexual

La iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez crea un nuevo tipo penal para castigar a servidores públicos —como ministerios públicos o policías— que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas de acoso sexual.

En estos casos, se impondrán penas de dos a seis años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual a la pena impuesta.

El decreto establece que toda interpretación y aplicación del delito deberá incorporar la perspectiva de género y considerar los contextos de vulnerabilidad de la víctima, con el fin de garantizar un acceso real y efectivo a la justicia.

Cortesía de Chilango



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