El Congreso de Jalisco tendrá un cierre de año a tambor batiente. Cuatro temas deberán ser resueltos en los próximos 40 o 45 días: el presupuesto 2026, la reforma judicial, el nombramiento de un nuevo Fiscal Anticorrupción y la decisión de si continúa el auditor del estado o se nombra a uno nuevo. Salvo el tema presupuestal, que requiere la mitad más uno de los votos, los otros tres requieren dos terceras partes de los diputados, o lo que es lo mismo un acuerdo entre Morena y MC.
Para el sacar adelante el presupuesto el Gobierno de Pablo Lemus no parece tener mayor problema, pues los diputados del Verde siempre votan con los naranjas y hay buen acuerdo para este tema con el PAN y con Hagamos, el partido del grupo político de la UdeG.
Por el contrario, los otros tres temas requieren mayoría calificada y ello implica necesariamente la concurrencia de Movimiento Ciudadano y Morena. A ambos les gustaría tomar las decisiones aliados con otros partidos, pero, la política es así, hermosamente irónica, y para alcanzar los 27 votos se requiere la concurrencia de ambas fracciones. Aunque no quieran, tienen que llegar a acuerdos y tomar las decisiones en conjunto.
En el caso del Fiscal Anticorrupción hay que buscar un sustituto para Gerardo de la Cruz Tovar. El primer zar anticorrupción de Jalisco estuvo muy por debajo de la expectativa ciudadana. Su bajo desempeño se explica en gran medida por la escasez presupuestal en que lo tuvieron los sucesivos gobiernos a lo largo de los ocho años (uno de la administración de Aristóteles, seis de Enrique Alfaro y otro más de Lemus). Se comienzan ya a barajar nombres para este puesto, pero da igual quién sea: si no hay recursos para operar el resultado será el mismo.
El auditor superior del Estado, Jorge Ortiz Ramírez, puede reelegirse por un nuevo periodo de ocho años. Eso es lo que quiere el Gobierno de Pablo Lemus. Ortiz llegó muy apoyado por organizaciones de la sociedad civil que, sin embargo, pronto se desencantaron de su trabajo que quedó muy por debajo de las expectativas de los grupos ciudadanos. No así de los políticos, particularmente de los naranjas, que lo ven con buenos ojos. Evidentemente algo no se está haciendo bien en la Contraloría cuando los políticos en funciones son los que lo apoyan. Eso, entre otras cosas, es lo que ha provocado que Morena no lo vea como una opción viable.
El asunto más complejo es sin duda la Reforma al Poder Judicial. Dos temas son los que hasta ahora han impedido un acuerdo entre Morena y el Gobierno de Pablo Lemus: la famosa tómbola o insaculación, que Morena defiende como principio ideológico y quiere que exista en cualquier parte del proceso, mientras que el gobierno de Lemus quiere, como un mensaje político, abolirla completamente del proceso. El segundo tema es si el Tribunal Administrativo se suma ya al poder judicial y por los tanto se abre a elección, lo que le quita a MC, particularmente a Alfaro, el control.
Lo único seguro en este proceso es que ambos tienen que ceder y que en la negociación los cuatro temas terminarán contaminándose unos a otros.
Cortesía de El Informador
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