El Índice de Desarrollo Digital Estatal (IDDE) 2025, desarrollado por el Centro México Digital, plantea que el país avanza en infraestructura, uso y servicios digitales, pero tropieza en el costo de acceso a internet y a dispositivos.
La asequibilidad, es decir, lo que hogares y negocios pueden pagar por conectividad y dispositivos, se confirma como el “talón de Aquiles” del ecosistema y tiene impactos desproporcionados en los segmentos de menores ingresos y en entidades rezagadas.
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“La asequibilidad sigue siendo la primera barrera para la inclusión digital. Un pago de internet es superior a 2% de ingreso que indica la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y esto es insostenible”, dijo Salma Jalife, directora del Centro México Digital durante la presentación del IDDE 2025.
Más cobertura y precios altos
Los avances son reales y medibles. En cinco años, la velocidad promedio de la banda ancha fija subió de 20 a 72 megabits por segundo (Mbps) y la móvil de 26 a 52; además, 67% de las conexiones ya son de fibra óptica y la mitad de la población tiene cobertura 5G. El despliegue de centros de datos (hiperscala, colocation y edge) también acelera.
Sin embargo, más cobertura no equivale a más suscripciones ni a mejor experiencia si el precio expulsa a los usuarios potenciales. El gasto mensual en internet representa 3.5% del ingreso para el trabajador mexicano promedio, por encima del umbral de 2% recomendado por la UIT, y en los hogares de menores ingresos, los que pertenecen al primer quintil de ingresos, puede alcanzar 7.5 por ciento.
“Tener más cobertura no se traduce automáticamente en mayor penetración. Tenemos que trabajar en cobertura, pero también en asequibilidad y calidad”, dijo Alberto Farca, vicepresidente de Proyectos y cofundador del Centro México Digital.
La presión no proviene solo de la renta del servicio. El IDDE 2025 estima que adquirir un teléfono inteligente equivale a 19% del ingreso mensual de un trabajador y una laptop, a 44%, lo que representa cargas inviables para millones de personas que, además, necesitan equipos para educación, trabajo, banca y trámites.
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La consecuencia es un techo de cristal. Se multiplican las redes y la capacidad, pero persiste una base social que no logra subirse a la tendencia de digitalización.
“Requiere una intervención regulatoria y programas sociales focalizados definitivamente”, dijo Jalife, al proponer un enfoque de política pública que atienda a estudiantes, adultos mayores y hogares en el primer quintil de ingreso.
El índice cuenta con 75 indicadores, 12 subpilares y tres pilares (Infraestructura, Digitalización de la Sociedad e Innovación) y mantiene una escala máxima de 300 puntos para medir la evolución quinquenal (2021-2025).
La continuidad metodológica permite observar tendencias. Los estados líderes consolidan su ventaja por una inversión sostenida en infraestructura y talento; los avanzados y emprendedores rotan con intensidad; y los básicos progresan más lento, aunque con señales de mejora en los últimos dos años.
“El dominio tecnológico es ahora sinónimo de soberanía económica y de seguridad nacional”, dijo Salma Jalife, al advertir que el dato y el cómputo avanzado deben estructurarse “a lo largo y ancho del país”.
La comparación internacional exhibe la brecha de desempeño. Chile promedia 347 megabits por segundo en banda ancha fija y Brasil, 239 Mbps en móvil, frente a los 72 y 52 Mbps de México, respectivamente.
Hacer sostenible el acceso
El IDDE advierte, sin embargo, que la prioridad inmediata no es solo alcanzar puntajes de velocidad, sino hacer sostenible el acceso. Más competencia en banda ancha fija ayuda (hay más oferentes, aunque el mercado sigue “concentrado” por estándares de competencia), y ligeras reducciones de precio en más de la mitad de los estados podrían detonar saltos de posición en un solo año.
“Más de la mitad de los estados tiene menos de 40 puntos en infraestructura de datos; esto quiere decir que hay mínima o nula presencia de centros de datos”, advirtió Alberto Farca, aunque celebró el salto desde 20 hasta más de 300 centros de datos edge en cuatro años.
En el pilar social del IDDE 2025, el comportamiento de los usuarios mexicanos revela una paradoja. Crece con fuerza el uso económico del internet. La banca electrónica aumentó 14% y las compras en línea lo hicieron 9%, una muestra de que la economía digital avanza.
Al mismo tiempo, el vínculo entre ciudadanía y gobierno se ha debilitado. Solo 37% de los usuarios realiza hoy trámites o gestiones en línea, una proporción 15% menor que durante la pandemia.
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La accesibilidad web retrocedió y la digitalización en el sector salud perdió impulso. En un contexto de brechas de habilidades, equipos costosos y servicios poco asequibles, los beneficios de esas plataformas públicas se diluyen. En muchos casos, la digitalización se convierte en un acceso limitado a servicios que deberían ser universales.
“Digitalizar trámites sin simplificarlos es digitalizar la ineficiencia”, advirtió Salma Jalife sobre la necesidad de armonizar leyes, medir resultados y coordinar esfuerzos entre la federación, los estados y los municipios. Para la especialista, el reto no está solo en trasladar los trámites al entorno digital, sino en transformar la lógica burocrática que los vuelve inaccesibles incluso en línea.
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El diagnóstico del sector productivo repite el mismo patrón de desigualdad. El comercio electrónico despega. Cada vez más empresas compran y venden por internet, y el volumen de ventas digitales crece 52% a nivel nacional.
Sin embargo, la adopción de tecnologías de frontera (inteligencia artificial, internet de las cosas, robótica o blockchain) sigue siendo marginal, alcanzando apenas a 7% de las compañías.
En el caso de las microempresas, el rezago es más evidente. Solo 28% tiene conexión a internet y 17% utiliza servicios de banca electrónica. La falta de asequibilidad, una vez más, limita la productividad que podría permitirles competir en la nueva economía.
“Necesitamos trabajar en la adopción tecnológica de micro y pequeñas empresas”, admitió Salma Jalife, al insistir en que la transformación digital del país requiere acompañamiento técnico, incentivos y formación continua para quienes sostienen la mayor parte del empleo nacional.
Cortesía de El Economista
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