Por cada paso que damos hacia adelante, siempre hay tres para atrás. La ilusión de progreso es eso: espejitos y bandazos. Durante décadas, México ha intentado convertirse en un país desarrollado con prácticas regulatorias de tercer mundo. La reforma de telecomunicaciones de 2013 fue ese paso gigantesco hacia la modernidad, un intento serio por abrir la competencia, abaratar precios y romper inercias. Pero con las administraciones de la llamada Cuarta Transformación, el sector volvió a caminar en reversa. Hoy, la promesa de competencia real se desvanece justo cuando dos de los operadores globales más relevantes deciden abandonar el país.
Telefónica anunció su salida definitiva de México tras años de rentabilidad marginal, costos crecientes y un modelo de red que nunca logró consolidarse. Movistar operaba desde 2019 sobre infraestructura arrendada a AT&T, lo cual ya anticipaba un repliegue silencioso. La empresa se va dejando más preguntas que respuestas: ¿cómo es que un mercado con más de 120 millones de consumidores no pudo sostener a un jugador de esta talla?
AT&T, por su parte, busca comprador para una operación que le costó más de 8 mil millones de dólares en adquisiciones y despliegue desde 2015. Una década después, y pese a haber impulsado precios más bajos y mejor calidad de servicio, la empresa no logró obtener la escala necesaria para competir frente al dominio persistente de América Móvil. Hoy pretende vender su unidad mexicana por unos 2 mil millones de dólares, una señal inequívoca de que el mercado se ha vuelto demasiado estrecho para operadores globales.
A esta contracción se suma otro episodio que explica buena parte del fracaso estructural: Altán Redes. La Red Compartida nació en 2017 como un modelo público-privado para democratizar la conectividad y servir como plataforma mayorista neutral. El proyecto prometía cobertura social sin distorsionar el mercado. Sin embargo, subestimó costos, sobrestimó la demanda, acumuló deudas superiores a los 17 mil millones de pesos y terminó en insolvencia. En 2022, el Estado absorbió la empresa, convirtiéndola en una paraestatal de facto. El instrumento diseñado para equilibrar el mercado terminó reforzando la dependencia del gobierno y restando confianza a la inversión privada.
Hoy, México enfrenta un panorama paradójico. Por un lado, el nearshoring exige infraestructura de telecomunicaciones moderna: 5G, fibra óptica, centros de datos y redes neutrales que acompañen la relocalización industrial. Por otro, la competencia se reduce, los incentivos a invertir se diluyen y el Estado se reposiciona como operador, regulador y árbitro simultáneamente.
La reciente reforma a la competencia económica y de telecomunicaciones, que centraliza la supervisión y amplía facultades discrecionales en una superagencia con dos reguladores subordinados, podría profundizar este dilema si no se aplica con rigor técnico. Con el nombramiento -y ratificación del Senado- de los comisionados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se demostró que vale más la subordinación y lealtad que la capacidad o la autonomía.
La salida de Telefónica, la posible venta de AT&T y el rescate de Altán no son hechos aislados. Son síntomas de un mercado que nunca terminó de abrirse del todo y que hoy corre el riesgo de cerrarse aún más.
La salida de operadores internacionales no es una anécdota: es un síntoma. Si seguimos debilitando la autonomía regulatoria y frenando la inversión, México no sólo perderá competencia; perderá su futuro digital. Un país sin infraestructura moderna no compite, no innova y no crece.
Mientras tanto, seguimos dando tres pasos para atrás con la ilusión de haber dado uno adelante.
Cortesía de El Economista
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