El conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego deberá cubrir más de 48 mil millones de pesos en impuestos atrasados, tras el fallo de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera electa en las urnas tras la reforma judicial, que resolvió en contra de los litigios y amparos promovidos por Grupo Salinas.
El empresario ha sostenido en redes sociales y eventos públicos que estas decisiones representan un embate del Estado en su contra, producto de una presunta persecución política e ideológica hacia quienes “dicen la verdad” sobre los gobiernos de la autoproclamada Cuarta Transformación. Desde marzo, advirtió que “no sólo vienen por mí; una vez que yo les permita ganar y callarme, van a ir por ustedes y por todo lo que les resulte incómodo y denuncie el abuso de los gobiernícolas”.
El conflicto entre Grupo Salinas y el Gobierno federal no es reciente. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el empresario ha mostrado su desacuerdo con el Ejecutivo y con las acciones de Morena a nivel federal y estatal.
El 24 de septiembre, Grupo Salinas anunció que analizaba acciones legales contra la Presidenta Claudia Sheinbaum por supuestos delitos de difamación y daño moral, tanto en tribunales mexicanos como estadounidenses, acusando que desde la tribuna presidencial se ejercía una “embestida autoritaria” y una persecución política. La empresa aseguró que “mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública”, y anunció que evaluaba iniciar demandas en México y Estados Unidos.
Al día siguiente, Salinas Pliego propuso a la Presidenta una “mesa de negociación” para acordar el pago de impuestos de sus empresas, subrayando que se limitaría a cubrir lo que corresponde por ley y buscando generar confianza para mantener inversiones nacionales y extranjeras. Criticó además que la administración actual dedicara “muchísimo” tiempo a calumniarlo en lugar de enfocarse en los resultados para los que fueron elegidos.
La propuesta fue rechazada por Sheinbaum, quien consideró que “sentarse en una mesa a negociar los impuestos es de otra época”. Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos y exjefe del SAT, desmintió que el gobierno anterior hubiera llegado a algún acuerdo sobre los adeudos de 2008 a 2013. La Presidenta reiteró que los pagos deben cumplirse y que no se requiere negociación, destacando que se trata de un tema jurídico y fiscal, no político.
El 11 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, por presunto lavado de dinero mediante uso intensivo de efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales. Grupo Salinas calificó las acciones como un “uso faccioso del aparato del Estado” y reafirmó que seguirá defendiendo sus derechos con la ley y la razón ética y jurídica de su lado.
Tras el fallo de la SCJN el 13 de noviembre, la empresa consideró la decisión un “día negro para la justicia y el Estado de Derecho”, acusando que la Corte actuó “sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del Gobierno Federal”.
Sheinbaum respondió que toda decisión se toma conforme al derecho y descartó “terrorismo fiscal”, subrayando que si Salinas Pliego paga su adeudo, “ahí se resuelve el asunto”; de lo contrario, se aplicarán los procedimientos jurídicos correspondientes. En el banderazo de inicio del proyecto Agua para Campeche, reconoció el trabajo de la SCJN, afirmando que con este tipo de fallos el Máximo Tribunal “cumple con las leyes y con la Constitución”.
Extorsión arrodilla a empresarios: Coparmex
La extorsión ha alcanzado niveles que ponen en jaque al sector privado en México, advirtió Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Durante el Encuentro Nacional de la Coparmex en Tijuana, Baja California, señaló que la ausencia del Estado ha generado espacios que “jamás debieron perderse” y que hoy permiten que delincuentes determinen quién trabaja, quién invierte y quién abandona sus negocios.
Sierra Álvarez afirmó que la extorsión dejó de ser un delito marginal para convertirse en una estructura de control económico y político que afecta a múltiples territorios y sectores. “La extorsión destruye empleos, vacía comunidades, distorsiona mercados y provoca una migración silenciosa y forzada”, expresó.
De enero a noviembre de 2025, se registraron 8 mil 585 víctimas de extorsión, un aumento de 5.2%, principalmente en zonas fronterizas, aunque reconoció que la cifra real es mayor debido a casos no denunciados por temor a represalias.
El líder empresarial llamó a todos los niveles de gobierno y poderes del Estado a implementar medidas urgentes y efectivas contra este delito. Solicitó que el gobierno federal lidere una estrategia nacional, que los congresos y autoridades locales armonicen la legislación y asignen recursos, y que los Gobiernos estatales y municipales fortalezcan sus corporaciones policiales.
CT
Cortesía de El Informador
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