El pasado no perdona y todo lo que el presidente Gustavo Petro y los militantes del Pacto Histórico criticaron con dureza antes, hoy se les devuelve en un efecto búmeran de la política, que muestra, una vez más, que la distancia entre la comodidad de la oposición y el fervor de la campaña, y el gobernar para dar resultados, es grande.
El bombardeo del pasado 10 de noviembre en Calamar (Guaviare) contra las disidencias al mando de “Iván Mordisco”, que dejaron siete menores muertos, tiene hoy al Gobierno y a sus congresistas dorando la píldora que antes no dudaron en calificar de “crimen de guerra”.
Así mismo, pone de presente una realidad en el país: los menores de edad están en medio del conflicto y para grupos criminales y terroristas son casi que un “activo estratégico”, por lo cual no hay grupo ilegal que no vea en esa población vulnerable una oportunidad de usarlos, como sostienen las Fuerzas Militares, de escudos humanos.
Este panorama se repite a lo largo del tiempo. En el Gobierno del expresidente Iván Duque —con los casos de Caquetá en agosto de 2019, del Guaviare en marzo de 2021 y del Putumayo en 2022, por nombrar algunos— y ahora con el Gobierno Petro. De hecho, la Defensoría del Pueblo reveló este lunes que existen otros operativos en verificación en los que también habrían muerto menores.
Le puede interesar: Petro rechaza llamado de la Defensoría y advierte que seguirán los bombardeos.
Este señalamiento eleva la presión sobre la Casa de Nariño y cierra más el cerco sobre el Ministerio de Defensa.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó esto en una publicación en X, en la que pidió al presidente Petro, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al sector defensa, suspender los bombardeos mientras se aclaran estas denuncias. Su advertencia se suma a las inquietudes por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en las operaciones contra los grupos armados ilegales en el país.
“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido al presidente Gustavo Petro y al ministro Pedro Sánchez suspender los bombardeos y evaluar”, manifestó la funcionaria.
¿Se enteraron o se acomodaron?
Que los menores de edad estén con un fusil en mano, en las filas de los ilegales o utilizados para cometer delitos y no estudiando, jugando, creciendo y compartiendo con su familia, es una verdad de a puño en Colombia.
Las cuentas de la Defensoría del Pueblo advierten que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 un total de 409 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.
Esa cifra está por encima del registro de 2023, cuando se ubicó en 342 casos. Es decir que hubo un aumento del 19% entre un año y otro.
Los departamentos del Cauca (300), Putumayo (20), Valle del Cauca (18), Huila (13) y Arauca (10) fueron las zonas con más casos de reclutamiento forzoso.
Las disidencias (162), el Estado Mayor Central (135), grupos sin identificar (84), el Ejército de Liberación Nacional (9), la Segunda Marquetalia (7) y el Ejército Gaitanista de Colombia (7) son los grupos armados ilegales que más incurrieron en esa práctica, considerada un crimen de guerra en el país.
En ese sentido, el experto en seguridad y defensa y profesor de la Universidad Militar, César Niño, apunta a que “una de las grandes tareas que tiene pendiente el Estado colombiano en asuntos de seguridad nacional es no solo evitar la muerte de menores en el conflicto, sino también hacer cálculos racionales para que no caigan en los operativos, tengan fusiles o no”.
En ese sentido, el país enfrenta —desde hace mucho— la cruda realidad de que los niños están siendo utilizados para la guerra. Basta echar memoria cinco meses atrás, cuando un joven de 15 años fue el autor material del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Es por esa razón que si el Gobierno (pasado, actual o futuro) va a combatir esas amenazas para el país, menores de edad estarán en medio de esas confrontaciones.
Sin embargo, desde el presidente Gustavo Petro hasta su candidato para sucederlo en 2026, Iván Cepeda, parecieran haberse topado recién con esta realidad.
Cuando era jefe de la oposición a Iván Duque, exclamaba que “Duque y Molano cometieron un crimen de guerra. Asesinaron civiles y menores de edad”, luego de un operativo del Ejército en abril de 2022 en el Putumayo que dejó varios civiles muertos.
Así mismo, en noviembre de 2019 ocho menores murieron durante una operación militar contra las disidencias de las Farc en el Caquetá. Sobre el hecho, que generó la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, Petro dijo que “si el gobierno sabía que allí habían menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra” y que era “responsabilidad de millones de colombiano(a)s que votaron por volver a la guerra”.
De hecho, fue a raíz de ese episodio en la gestión de Botero que la oposición de ese entonces convocó a un paro nacional, que se conoció después como el “estallido social”.
No obstante, ahora el Jefe de Estado —con los reflectores encima por los operativos militares ordenados por él— se justifica en decir que “en las columnas de (alias Iván) Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores”.
Por su parte, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, atinó a reiterar su posición de que “acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho internacional humanitario” y que condena “firmemente el reclutamiento de menores de edad y las acciones de los grupos armados disidentes”.
Lejos quedó el Cepeda de marzo de 2021 que le decía al entonces ministro de Defensa, Diego Molano, que lo denunciaría por “graves infracciones al DIH” durante un operativo también en Guaviare que dejó niños y niñas fallecidos. “Su deber es rescatar menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos”, expresó en ese entonces.
Mismo camino tomó la senadora María José Pizarro, quien en esa época (2021) pedía no “continuar justificando lo injustificable” y que ese acto había que llamarlo “por su nombre”, en referencia a que fue “un crimen de guerra”. Pero en sus pronunciamientos sobre los bombardeos del actual Gobierno no mencionó algo sobre “crimen de guerra”, sino que habló de “lo sucedido con los niños, niñas y adolescentes” y de que esa “tragedia es una campanada de alerta que no podemos ignorar”.
¿Qué cambiar para no repetir?
El profesor César Niño advirtió que “una de las perspectivas para que en futuros bombardeos no caigan niños es un trabajo de inteligencia muy fuerte, que es fundamental para ese tipo de operaciones”. Esto, aseguró, debe pasar porque “al Estado se le otorga mayor responsabilidad en bombardeos, que no son decisiones tomadas días antes, sino que llevan planeándose muchos días”.
Por otro lado, mencionó que las Fuerzas Militares deben evaluar hasta qué punto las operaciones aéreas (con las que se bombardean) son funcionales para desequilibrar a los adversario y objetivos.
“No siempre bombardear lleva a debilitar al enemigo, sino que terminan es matando menores y teniendo impactos, conocido como ‘efectos colaterales’, en el medio ambiente y en la población no combatiente”, señaló.
En ese sentido, apuntó a que deberían volver a hacerse operaciones conjuntas, pues “Petro las suspendió”, para evaluar la ejecución de “operaciones militares terrestres apoyadas por fuerzas combinadas y con fortalecimiento de la inteligencia”.
Justicia Penal Militar indaga
Horas antes de la revelación de Marín, la Justicia Penal Militar anunció que abrió una indagación formal por el bombardeo que ejecutaron las Fuerzas Armadas el pasado 10 de noviembre en Calamar, donde murieron 20 presuntos integrantes de las disidencias de “Iván Mordisco”, entre los que había menores reclutados forzosamente.
Con esto, el caso pasa ahora a revisión de esta instancia especial encargada de investigar posibles faltas de miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones. El anuncio se suma al de la Procuraduría General de la Nación, que también abrió una indagación disciplinaria por los mismos hechos.
“Se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar, Guaviare, en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias Iván Mordisco”, se lee en el comunicado de la Fiscalía General Penal Militar y Policial.
Además, esa entidad precisó que tras toda operación aérea suele abrir este tipo de casos preliminares. En ese sentido, afirmó que asumirá el caso con “máxima rigurosidad jurídica y técnica”, y que verificará si las acciones de los uniformados respetaron los principios que rigen las operaciones militares. También aseguró respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
¿Qué indaga la Procuraduría?
Por su parte, el Ministerio Público aseguró que revisará si hubo errores operacionales que desembocaran en la muerte de los siete menores y advirtió que, de ser así, aplicará las sanciones correspondientes.
Además, el organismo liderado por Gregorio Eljach rechazó el reclutamiento forzado de niños por parte de las disidencias de las Farc, práctica que ha sido denunciada también por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, el organismo internacional ha alertado sobre el uso de menores como “escudos humanos” para evadir hostilidades en zonas de conflicto.
En su pronunciamiento, la Procuraduría llamó la atención a las Fuerzas Militares para “observar y perfeccionar” sus procedimientos. Y afirmó que la sociedad colombiana no tolera que grupos criminales pongan en riesgo la vida de los menores y recordó que ese crimen no es amnistiable.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
Cortesía de El Colombiano
Dejanos un comentario: