Mientras el Gobierno argentino avanza en su idea de “modernizar” la legislación laboral y trabaja con un borrador que está circulando entre funcionarios, empresas y sindicatos, otros países en la región ya efectuaron modificaciones a sus leyes, algunas en tono de flexibilización y otras presentadas como mejoras para los trabajadores.
En el país, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), vigente desde mediados de los 70, convive con convenios colectivos que no se han actualizado desde esa época, mientras que otros —como el de la construcción, en manos de la UOCRA— incorporaron cambios para adaptarse a nuevos modelos productivos. Muchos dirigentes sindicales señalan que el objetivo de Javier Milei es quitarles poder al desarmar, entre otros puntos, la negociación colectiva por rama o sector, tal como funciona en la actualidad.
Mientras tanto, en el borrador oficial se apunta a modificar criterios de registración, licencias, formas de pago y organización de la jornada. Se menciona, por ejemplo, que el salario “podrá satisfacerse en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”, o que las convenciones colectivas podrán incluir “banco de horas”, un sistema que permitiría compensar picos y valles de actividad sin generar horas extras automáticas.
En paralelo, el Poder Ejecutivo observa la experiencia regional como parte del diagnóstico previo a la discusión local.
Brasil, Uruguay, Chile y México pasaron en los últimos años por reformas profundas que cambiaron reglas de jornada, negociación colectiva, contratación y seguridad social. El recorrido muestra tensiones comunes y adelantan las que podrían suceder en Argentina: gobiernos que buscan flexibilizar o simplificar procesos, sindicatos que advierten retrocesos en derechos y empresas que reclaman más previsibilidad para contratar.
En Brasil, la reforma laboral aprobada en 2017 bajo el gobierno de Michel Temer fue una de las más amplias de la región. Modificó más de cien artículos y habilitó acuerdos individuales en temas antes reservados a la negociación colectiva. También redefinió la jornada y abrió la puerta al trabajo intermitente.
En Uruguay, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Parlamento aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020, que incluyó capítulos vinculados al trabajo.
El texto modificó alcances de la negociación colectiva y reguló derechos vinculados a piquetes y ocupación de lugares de trabajo.
Por ejemplo, se aseguró que los empleados no huelguistas pudieran entrar a sus lugares de trabajo.
Chile aprobó en 2023 una de las reformas más relevantes de la región: la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. La ley permite sistemas de distribución flexible, semanas comprimidas y jornadas de cuatro días.
El presidente Gabriel Boric la presentó como “una modernización que mejora la calidad de vida sin afectar la productividad”.
México aprobó en 2019 una reforma que transformó su sistema de relaciones laborales para adecuarlo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
La reforma también creó un Centro Federal de Conciliación y habilitó mecanismos de votación secreta para acuerdos colectivos.
Cortesía de El Economista
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