Los magistrados de los Tribunales Electorales de las 32 entidades federativas tienen otros datos y sin recurrir a las audiencias públicas convocadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Política decidieron entregárselos a los líderes de la mayoría morenista en San Lázaro, donde finalmente se definirá sobre su permanencia o su supresión.
El argumento de la economía procesal resulta casi una obviedad. La austeridad republicana, un imperativo. El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, Vladimir Gómez Anduro, llevaba bajo el brazo dos estudios sobre el desempeño y el costo de la justicia electoral estatal.
“No hay mejor manera de defender el trabajo de los tribunales si no es con datos objetivos”, sentenció. Sus datos duros: entre 93 y 95% de los asuntos que se tramitan a nivel local es resuelto por los tribunales electorales locales, con un costo porcentual de 0.08 en años no electorales y 0.09% en años electorales en cuanto a presupuestos estatales.
“Más allá de la percepción que existe de que a final de cuentas todo lo resuelve el Tribunal Federal, es falso. Desaparecer a los tribunales locales implicaría que esos asuntos se van a dejar de resolver”, expuso.
La duplicidad de la función electoral es uno de los grandes temas de la reforma en ciernes. En la primera línea de defensa de los Oples está la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien es congruente con su origen —fue consejera electoral en su natal Sonora— pero sobre todo por la carga financiera y operativa que representaría la nacionalización de la función electoral.
Los primeros pincelados de la reforma que viene, expresados por el comisionado presidencial, Pablo Gómez Álvarez, no dejan espacio a duda: el INE centralizaría funciones y también, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No obstante esos afanes, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, instó a los magistrados estatales a no adelantar vísperas. Hasta el 2025, anticipó, el Ejecutivo federal enviará su iniciativa, a efecto de que —ya sea por consenso o por mayoría calificada— pueda ser votada la primera quincena de febrero próximo.
“No hay una línea política aún de definición” sobre la permanencia de los tribunales locales, apuntó. “No adelantemos el debate sobre la supresión o no, a lo mejor ni viene. ¿Para qué hablamos de la defensa de los tribunales locales si quizás no contenga esa reforma en la reforma electoral?”.
Efectos secundarios
CENTRAL. Protagonista de la agenda turística nacional, el ayuntamiento de Los Cabos ha apostado por la promoción deportiva para posicionarse dentro del disputado mercado de esa industria sin chimeneas. El presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, precisó que 4.5 millones de visitantes acuden a ese destino de Baja California Sur, lo que genera una derrama superior a los 36,000 millones de pesos. A los torneos del Bisbee’s y el abierto de tenis de la ATP se sumarán la Copa Presidente —subsidiada con recursos municipales— y la histórica carrera Score International Baja 1000.
INDIGNADOS. La inseguridad en la red carretera del país sigue rampante, sin que la división especializada de la Guardia Nacional sea efectiva. Para exigir acciones más concretas y protestar por lo que denominan “persecución oficial”, la Asociación Nacional de Transportistas llamó a sus gremios a una manifestación nacional, el próximo lunes 24 en las casetas de cobro de las principales autopistas y los accesos a las aduanas ubicadas en al menos 25 estados.Esta protesta se verá reforzada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino.
Cortesía de El Economista
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