Antecedentes había como para que las autoridades estatales hubieran previsto que, a diferencia de la marcha de la Generación Z de la mañana del sábado, que transcurrió en total calma, en la vespertina se identificaron desde el primer momento hombres que llevaban toda la intención de que esa manifestación degenerara en violencia, como finalmente sucedió.
El primer gran caso de irrupción de manifestantes violentos que causaron destrozos en mobiliario urbano, edificios privados y públicos, así como agresiones a policías que, posteriormente, incurrieron en toda una serie de abusos policiales, detenciones ilegales y de personas inocentes, ocurrió el 28 de mayo de 2004. Aquel día, un grupo de globalifóbicos radicales salió también a las calles del centro de Guadalajara a protestar en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea, en tiempos del gobernador y ahora senador panista Francisco Ramírez Acuña, y del presidente Vicente Fox.
Más recientemente, en el pasado sexenio de Enrique Alfaro, el 4 de junio de 2020, una marcha en contra de los excesos y violencia policial por el caso de Giovanni López, detenido por no portar cubrebocas en el contexto de la pandemia de coronavirus, también terminó en violencia por agitadores que cometieron inadmisibles ataques a la policía y actos vandálicos como la quema de patrullas y daños al Palacio de Gobierno.
Lo peor fue que desde el gobierno estatal ordenaron toda una serie de detenciones ilegales que provocaron una nueva movilización al día siguiente, en la que se dio el “Halconazo tapatío”, aquel desplante autoritario y represivo de la administración alfarista. Este episodio también provocó toda una crisis política, al generar el momento de mayor tensión entre Alfaro y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que desde los “sótanos del poder de la Ciudad de México” querían desestabilizar su gobierno, y luego de las detenciones ilegales del halconazo, se justificó que habían sido ordenadas, no por su gobierno, sino por la delincuencia organizada que había infiltrado la Fiscalía estatal, y que estuvieron a punto de repetir un caso como el de Ayotzinapa, en Jalisco.
Si el gobernador Pablo Lemus no quiere que el conflicto crezca por todos los desmanes ocurridos en Palacio de Gobierno, el Congreso, la Catedral y en las instalaciones del Tren Ligero, que hicieron los violentos manifestantes con herramientas y materiales que saquearon de la obra en proceso en la Plaza de la Liberación por falta de vigilancia e inteligencia policial, deberá ordenar una investigación que deslinde responsabilidades de las fallas cometidas en su equipo, castigar los abusos policiales acreditados en fotos y videos y, sobre todo, cambiar la historia de impunidad de quienes causaron los daños a patrimonios públicos y privados, identificando sus perfiles y los intereses a los que responden cuando destrozan todo a su paso.
Cortesía de El Informador
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