La titular de la Coordinación de Derechos Humanos, Flor Estela Morales Hernández, dialogó con LPO desde el Palacio de Gobierno estatal, donde destacó el reconocimiento que ACNUR le brindó a la administración del gobernador, Salomón Jara, por las políticas que buscan atender a los desplazamientos forzados internos. “Ahora viene un reto muy importante y sobre el cual vamos a tener que estar muy atentas y que tiene que ver con la convivencia pacífica para que las familias que retornan puedan vivir en paz y que no se generen nuevos brotes de violencia”, declaró.
¿Qué balance hacen del reconocimiento que le brindó ACNUR a Oaxaca por sus políticas para atender el desplazamiento interno?
-Estamos trabajando muy de la mano con ACNUR y con otras agencias de Naciones Unidas en la agenda que tiene que ver con personas en situación de desplazamiento forzado interno. En 2024 iniciamos un proceso para la construcción de una iniciativa de ley para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en Oaxaca y ACNUR nos estuvo acompañando en la parte técnica para la construcción del protocolo para que cumpliera con los estándares a raíz de todo lo que se ha reflexionado a nivel internacional sobre cómo deben de ser las consultas a los pueblos y comunidades indígenas. Lo bueno es que ACNUR reconoció que el proceso que se llevó a cabo en la comunidad de Guadalupe Victoria fue planeado, que llevó mucho diálogo, que es un retorno seguro donde se cumplieron los estándares. Estamos muy contentas de tener este respaldo porque este reconocimiento es importante porque no solamente se trata de lograr que las familias regresen a sus a sus y a sus tierras, sino que sea un retorno seguro y duradero.
También hubo un reconocimiento por la ley, por la iniciativa que presentó el gobernador Salomón Jara y por todo este proceso de consulto que hicimos. Es el quinto estado que aprueba una ley de este tipo, pero la primera ley que se construye bajo un proceso de consulta. Estuvimos platicando, dialogando con las familias víctimas, con las autoridades tradicionales, con las autoridades municipales y con la representación agraria. Fue un diálogo muy amplio, donde se dieron las garantías para que las personas participaran.
¿Con cuántos de estos casos de desplazamiento ha trabajado el gobierno estatal?
-Tenemos identificado 23 casos de desplazamiento y tienen su principal causa de origen en la violencia por conflictos de límites de tierras. Nuestro estado de Oaxaca es uno de los estados que tiene más más conflictividad por temas agrarios y han derivado en que la población -sobre todo toda aquella que está en los límites o en los territorios que están en disputa- hayan tenido que desplazarse. Algunos desplazamientos están relacionados con el control social, el control político, como los de la región Triqui, que son, de alguna manera, los desplazamientos más emblemáticos o los más conocidos en Oaxaca.
¿El crimen organizado no es una causa de este tipo?
-En Oaxaca, a diferencia de otros estados como puede ser en el Norte, los desplazamientos están más relacionados a conflictos entre comunidades por límites de territorios. Las comunidades están en disputa porque sus límites se traspasan y eso es lo que ha generado que las familias se tengan que desplazar. El 98% de los desplazamientos ocurrieron en otros sexenios, es decir, estamos hablando de desplazamientos de larga data y ahora tenemos que lograr que retornen.
¿Cuáles son los principales puntos de esta política que busca permitir estos retornos al territorio de origen?
-La construcción de paz, que estos retornos, estas reubicaciones se den en el marco de un proceso de diálogo para que sean duraderos. En Guadalupe Victoria, por ejemplo, estas familias fueron desplazadas en el año 2017. En marzo de 2023 iniciamos el proceso de diálogo con todas las partes que estaban involucradas para lograr acuerdos, para lograr una paz duradera y que este retorno fuera acompañado de una construcción de paz. Debemos sensibilizar a las personas que están involucradas en estos conflictos de que con la violencia no gana nadie y que una un impacto muy fuerte en las niñas y los niños que están creciendo, pensando y normalizando la violencia. Entonces, hemos hecho mucho énfasis en que esto tiene que cambiar y esa es la parte medular. Debemos lograr una construcción de paz real sobre todos los impactos de la violencia y que haya una voluntad de las comunidades de querer vivir en paz.
¿Cómo se lleva a cabo ese seguimiento de la construcción de la paz por parte de las autoridades?
-El retorno es un proceso que inicia desde el diálogo, incluso para que se puedan sentar en la misma mesa hasta lograr que las familias regresen. Ahora viene un reto muy importante y sobre el cual vamos a tener que estar muy atentas y que tiene que ver con la convivencia pacífica para que las familias que retornan puedan vivir en paz y que no se generen nuevos brotes de violencia. Para ello inauguramos un centro multiservicios en donde están las dependencias que estamos a cargo de todo este proceso en territorio.
Usted dijo que hay solo cinco estados con leyes aprobadas de este tipo, ¿Cómo se encuentra Oaxaca en cuanto a desplazamientos internos en comparación con estos estados?
-Es un reto importante que tenemos a nivel país porque no tenemos una ley general. Se trató de avanzar en el sexenio pasado, pero se quedó detenida en alguna de las cámaras y ya no se logró avanzar. No tenemos un registro para saber o tener este este mapa, entonces hacer una comparativa es complejo. Además, hay desplazamientos muy silenciosos, que a veces la persona o las familias no denuncian. Entonces, estos datos no los tenemos en las instituciones. Es un poco difícil saber o tener como un mapa del país, pero en Oaxaca los desplazamientos están más relacionados con los conflictos agrarios, sociales, a diferencia de los desplazamientos forzados en otros estados del país en donde pueden estar relacionados a otro tipo de violencia.
ACNUR reconoció lo que sucedió en Guadalupe Victoria, ¿Ya se está trabajando en otro caso?
-Lo que siempre tenemos que cumplir como instituciones son los principios y los estándares bajo los cuales se construyen los protocolos, las herramientas, el propio diálogo. La estrategia es diversa porque Oaxaca es un estado en el que eh hay muchas culturas, cada pueblo indígena tiene sus propias dinámicas y entonces cada conflicto tiene sus propios contextos.
Cada caso tiene un tratamiento totalmente distinto, pueden ser desplazamientos en una misma región, pero que tengan distintas variantes. Lo que sí se debe respetar es cumplir con el estándar. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que garantizar la participación de las familias en los acuerdos, en las decisiones que se tomen. Ese es un principio básico cuando hablamos de la construcción de paz y cuando hablamos de construcción de soluciones duraderas. Otro es lograr que participen las mujeres, es algo fundamental que tengan la información adecuada para tomar decisiones, la formación culturalmente adecuada.
¿La coordinación de Derechos Humanos está trabajando en otros temas además del desplazamiento interno?
-La agenda en materia de derechos humanos es muy amplia. También acompañamos casos que tienen que ver con agresiones a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas con discapacidad. También llevamos el tema del delito de trata de personas, la prevención, la atención a las víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de personas. También acompañamos de manera conjunta a la Comisión Estatal de Búsqueda con las personas desaparecidas. Uno de los temas que se más se ha visibilizado es el fenómeno del desplazamiento forzado interno, pero en realidad son muchos temas los que acompañamos. También acompañamos las mesas de construcción de paz en conflictos agrarios porque, aunque no haya desplazamiento interno, los problemas se deben resolver a través del diálogo.
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La vuelta al poder de Donald Trump ha generado importantes retos en materia de migración, ¿Esto lo atienden también desde la dependencia?
Esa agenda la atendemos de manera conjunta con la Secretaría de Gobierno, que tiene una subsecretaría de Migración. Ellos llevan esa política, pero confluye porque podría haber casos de personas deportadas que serían refugiadas, entonces podría haber retornos. Pero también participamos de esta atención porque México es un país de paso, entonces también tenemos esa encomienda de trabajar con las personas migrantes. De todas maneras, sí hemos tenido retos a raíz de la llegada de este personaje al poder.
¿La demanda no ha sido como se esperaba en un primer momento?
-Pensamos que el reto iba a ser mucho mayor, cientos, miles de oaxaqueños y oaxaqueñas deportadas, pero no ha sido así. Ha habido casos, pero no como lo imaginamos en un principio.
¿Por qué?
-Tiene que ver mucho con las redes de apoyo que nuestros propios hermanos y hermanas han establecido en ese país. También entiendo que la política del Gobierno Federal ha de alguna manera ayudado a que no haya como tantas represalias en contra de nuestros hermanos y hermanas, tal vez a diferencia de otros países.
Cortesía de La Política Online
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