LONDRES – En el área de las normas contables internacionales, las autoridades estadounidenses siempre han tenido algo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando el control lo tiene el normal y sosegado Dr. Jekyll, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) trabaja para la convergencia de las normas estadounidenses con las internacionales, e incluso ha llegado a mostrarse optimista respecto de adoptar algún día las segundas. En cambio, Mr. Hyde (el alter ego trastornado) tiende a ver las normas internacionales como un caballo de Troya para la intromisión de prácticas extranjeras indeseables que corromperían el “patrón oro” de los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) estadounidenses.
Desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia, Mr. Hyde ha estado al mando, y es posible que la compatibilización de normas internacionales sobre informes financieros salga perjudicada. El nuevo presidente de la SEC, Paul Atkins, amenaza con exigir a las empresas extranjeras que cotizan en Estados Unidos conciliar sus informes (basados en normas internacionales) con los PCGA estadounidenses. El costo de hacerlo puede alentar a algunas empresas a abandonar las bolsas estadounidenses, y sería un golpe para los mercados financieros globales.
Para entender el origen de este último contratiempo hay que hacer un poco de historia. Cuando en 1973 se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, fue porque las autoridades regulatorias de muchos países (incluido Estados Unidos) consideraron que la creciente integración de los mercados de capitales exigía que todos hablaran un lenguaje contable común.
Durante los ochenta y los noventa, la compatibilización internacional fue inconstante y confinada a unos pocos países pequeños; Estados Unidos, el Reino Unido y Japón siguieron usando normas contables propias. Pero a partir del 2001 se intensificó la búsqueda de extender las normas contables internacionales a las jurisdicciones más grandes, que introdujeron las reformas de gobernanza correspondientes. El comité se convirtió en la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en el marco de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS Foundation), presidida en un primer momento por el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense Paul Volcker.
La esperanza era que una figura tan prestigiosa de la gobernanza financiera estadounidense podría venderle el cambio a la SEC; y la apuesta funcionó, hasta cierto punto. La Unión Europea adoptó las normas contables internacionales en 2005, y hoy las usan 140 jurisdicciones de todo el mundo. Estados Unidos no se sumó, pero puso en marcha un largo proceso de “convergencia”, como resultado de la firma del Acuerdo de Norwalk (2002) entre el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos y la IASB. Durante algún tiempo pareció que la anhelada adopción de las normas internacionales por parte de la SEC era posible; pero para 2012 el organismo ya se había distanciado de la idea.
Aun así, en el entretiempo se alcanzó un importante acuerdo. En 2007, la SEC aceptó que las empresas extranjeras que cotizaran en bolsas estadounidenses no conciliaran sus estados financieros con los PCGA estadounidenses si se reunían ciertas condiciones. A muchas empresas esta solución les facilitó conseguir capital en Estados Unidos, ya que el proceso de conciliación era costoso y lento (sobre todo para los emisores más pequeños).
¿A qué se debe la amenaza que se cierne ahora sobre esta conveniente solución? La respuesta está en la decisión que tomó en 2021 la IFRS Foundation de crear una institución paralela a la IASB: el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB). Los argumentos para hacerlo eran convincentes (aclaración: formé parte de un grupo de trabajo que recomendó la decisión). Al fin y al cabo, en Europa y otros lugares ya había muchas iniciativas en marcha para que las empresas informaran sobre el impacto ambiental de sus actividades, y las empresas querían precisiones sobre los datos que debían presentar.
El ISSB tuvo éxito en crear una metodología común, pero aquí también, hasta cierto punto. El organismo puso el acento en el impacto financiero del cambio climático sobre las empresas, más que en un conjunto integral de indicadores ambientales. Hasta ahora, se han comprometido a adoptar las normas 36 jurisdicciones (que incluyen el Reino Unido y Canadá, pero ni la UE ni Estados Unidos).
De allí surgen los problemas actuales. La UE ya implementó dos directivas: la “Directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial” y la “Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial”. Entrar en los detalles le quitaría las ganas de vivir a cualquiera; limitémonos a decir que la principal diferencia entre la metodología de la UE y las normas del ISSB es la “norma de doble materialidad”, que exige a las empresas informar sobre el impacto ambiental de sus actividades y sobre el impacto de las medidas de sostenibilidad en su desempeño financiero futuro.
Por su parte, Estados Unidos rechaza firmemente la doble materialidad, de la que Atkins dijo que es una norma climática “engañosa” y que la Fundación está “siguiendo modas políticas pasajeras”. Su opinión es que los reguladores bursátiles “no están para hacer de policías ambientales o sociales”. De modo que ahora el ISSB está buscando una cuadratura del círculo imposible entre las posturas de la UE y las de Estados Unidos en relación con la información climática. Para encontrarle una salida a este atasco, el presidente del ISSB, Emmanuel Faber, tendrá que poner en práctica todas sus habilidades diplomáticas.
Pero ¿cómo es que esta arcana disputa amenaza el uso de las normas contables internacionales, que en sí mismas no ofenden las sensibilidades estadounidenses en materia de cambio climático? El argumento de Atkins es sutil. Sostiene que la provisión de apoyo al ISSB por parte de la IFRS Foundation pone en peligro su propia estabilidad financiera. La decisión de la SEC en 2007 de permitir el uso de normas contables internacionales en Estados Unidos sin conciliación con los PCGA locales (decisión apoyada entonces por Atkins, que era miembro de la SEC) se basó en parte en el supuesto de que la IASB iba a disponer de suficientes recursos financieros para sostener su trabajo en la elaboración de normas de alta calidad. Pero ahora Atkins considera que este supuesto no está asegurado.
¿Es este argumento creíble? Por el momento la situación financiera de la IASB no parece estar en riesgo. Aunque en 2024 registró un déficit cercano al 2% de sus ingresos, en 2023 había tenido un superávit comparable, y sus reservas andan por los 50 millones de libras (67 millones de dólares), más o menos dos tercios de lo que gasta en un año. Es verdad que una parte de sus ingresos surge de contribuciones voluntarias, pero no parece estar al borde de la bancarrota, y le sobra capacidad para sostener el desarrollo de normas.
De modo que por ahora hay más de advertencia que de amenaza a corto plazo. Pero ¿quién sabe? La SEC se ha retirado de algunos grupos de trabajo del ISSB, y el ambiente en Washington es hostil al involucramiento con organismos extranjeros en materia financiera. Sería lamentable que se termine arrojando por la ventana al bebé (la comparabilidad financiera) con el agua del baño (la información de sostenibilidad). Hagamos votos para que vuelva el Dr. Jekyll.
El autor
Howard Davies, ex vicegobernador del Banco de Inglaterra, es presidente del NatWest Group.
Copyright: Project Syndicate, 1995 – 2025
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: