Pablo Lemus informó ayer que de los 44 detenidos en la protesta violenta del sábado en Guadalajara “hay 17 ya identificados de alta peligrosidad que vienen del Estado de México y de Michoacán principalmente, y que ocasionaron los daños al Palacio Gobierno”.
Surge la duda: ¿y los otros 27 detenidos?
El mandatario aseguró que identificaron el camión en el que ingresaron a Jalisco medio centenar de agitadores provenientes de otra entidad. Los refirió como “delincuentes pagados” con intereses políticos a nivel nacional.
“A estas personas les pagaron un sueldo para venir a ocasionar destrozos en Jalisco y desviar la atención de lo que estaba pasando en la Ciudad de México”, dijo Lemus.
Es de suponer que estas aseveraciones serán probadas por la Fiscalía ante el juez.
Estos 17 integrantes del llamado “bloque negro” enfrentarían penas, dijo Lemus, que irían de los 3 a los 10 años de cárcel por los delitos de lesiones, daño a monumentos históricos, daño a las cosas y delitos en contra de representantes de la autoridad.
No obstante, fue impreciso acerca de la situación y nivel de involucramiento del resto de detenidos. Esto toma relevancia ante los señalamientos de arrestos arbitrarios por parte de su policía estatal.
El gobernador dividió a los detenidos en dos grupos:
“Vamos a distinguir de aquellos jóvenes que no hayan tenido un involucramiento importante, que no hayan causado daños, con la reparación del daño podrán salir libres (sic), no queremos que los 40 se queden encarcelados”.
Suena ilógico que quien no causó daños quede libre con sólo “la reparación del daño”.
Los reventadores violentos deben ser castigados tras probar su identidad y participación (muchos iban encapuchados).
Sin embargo, si hay detenidos inocentes, la fiscalía debe desistirse y pedir su liberación sin fabricar pruebas.
Hoy a las nueve de la mañana es la audiencia de vinculación en donde el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz decidirá el destino de los detenidos.
Como sociedad es nuestro deber vigilar y elevar el costo político para las autoridades tras un operativo policial cuyas deficiencias y abusos quedaron documentados.
Cortesía de El Informador
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