La queja en contra de seis consejeros y exconsejeros del INE por su voto a favor de suspender la organización de la consulta de Revocación de Mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde se abrió un procedimiento por presuntas faltas graves lo que podría llevar a la inhabilitación de la función pública.
La consejera Dania Ravel, quien es una de las consejeras investigadas, expuso que para este caso el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un escrito donde pide comparecer como tercero interesado “para proteger algo fundamental: la independencia de criterio de quienes integran su órgano sopor de dirección como elemento indispensable para ejercer su autonomía constitucional”.
Asimismo, expresó a través de redes sociales que defender la autonomía del INE es un deber y un compromiso con la democracia. “Por ese motivo el INE decidió comparecer al procedimiento de responsabilidad administrativa que se nos sigue a algunas consejerías electorales. Defender la independencia de criterio de quienes integran el máximo órgano de dirección es indispensable para evitar que las decisiones que tomamos las consejerías en el ejercicio de nuestras funciones se conviertan en motivo de investigaciones que inhiban la función electoral y vulneren la confianza ciudadana”, añadió.
E indicó que con estas acciones también se afecta directamente su capacidad para organizar elecciones libres y auténticas, como mandata el artículo 41 constitucional.
Cabe señalar que dicha investigación involucra al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como los entonces consejeros Ciro Murayama y Roberto Ruiz y las actuales consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.
El caso se remonta a un acuerdo aprobado por el Consejo General en diciembre de 2021, que pospuso temporalmente la realización de una Revocación de Mandato derivado de un recorte presupuestal hecho por la Cámara de Diputados al INE que lo dejó sin los 3,830 millones de pesos necesarios para llevar a cabo este ejercicio democrático.
El diputado y entonces representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna presentó una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC), el cual, cuatro años después, decidió abrir un procedimiento de responsabilidad administrativo que escaló hasta el TFJA, donde se les pueden imponer sanciones que incluyen la suspensión o destitución del empleo, una sanción económica o la inhabilitación temporal para desempeñar el servicio público.
Cortesía de El Economista
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