La mañana de ayer, el Puente Internacional Córdova-Américas, más conocido como Puente Libre, se convirtió en un escenario de protesta y reclamo. Agricultores del norte de México cerraron el acceso a esta vía que conecta Ciudad Juárez, en Chihuahua, con El Paso, Texas, sumándose al bloqueo nacional que ya afecta a decenas de puntos fronterizos. La protesta tiene un propósito claro: visibilizar la difícil situación que enfrenta el campo mexicano.
Entre la multitud de camiones y tractores, Gerardo Fierro, uno de los movilizados, se acercó a los medios y pidió comprensión. Con voz firme y gesto cansado, denunció la desigualdad que viven frente a los productores estadounidenses. “No somos delincuentes, no queremos más que trabajar, pero hay una injusticia como nunca nos había sucedido. En Estados Unidos un agricultor compra el diésel a catorce o trece pesos; nosotros lo estamos comprando a veinticuatro. Así no podemos competir”, explicó a EFE, mientras a su alrededor los tractores bloqueaban el paso hacia el país vecino.
Fierro también denunció el riesgo que representa la nueva Ley de Aguas Nacionales. Según él, la posible aprobación de la norma complicaría la transferencia de tierras y dejaría a los productores sin derechos claros sobre sus pozos. “El gobierno dice que el agua es del pueblo, y por eso la estamos defendiendo. Si venden un terreno sin agua, pierde su valor. Imagínese que un agricultor tenga que esperar tres años para recuperar un permiso. Es injusto”, enfatizó, con la mirada fija en los convoyes detenidos.
Desde el cercano Valle de Juárez, Fidel Mendoza Hernández, representante de la Junta Local de Sanidad Vegetal, se sumó al reclamo. Su mensaje fue contundente: la nueva Ley de Aguas “estrangularía” al campo mexicano. “Nos harían delincuentes a la hora que nos cancelen los títulos de los pozos. Ya no podríamos ejercer lo que hemos hecho nuestros padres y abuelos. No tenemos prórrogas, no dan los títulos a tiempo, no hay apoyo para la energía eléctrica, no hay apoyo al diésel ni a los insumos. Es muy difícil ya producir en México”, detalló, mientras a su alrededor resonaban los motores apagados de los vehículos que mantenían el bloqueo.
En otros puntos del país, los manifestantes dejaron en claro que la movilización no responde a intereses partidistas. “No es un problema de partidos, es un problema estructural de la agricultura en México”, aseguró un agricultor que prefirió el anonimato. Los líderes agrarios indicaron que hasta 17 de los 32 estados del país han participado en las protestas y que alrededor de un millón de tráileres se encuentran detenidos de manera voluntaria.
El reclamo es constante: los agricultores no levantarán las movilizaciones hasta lograr acuerdos tangibles. Las mesas de diálogo, dijeron, deben transformarse en negociaciones reales. Además, insistieron en mayor seguridad en las carreteras, especialmente en la Panamericana, donde denunciaron un aumento en la violencia contra los operadores y la ausencia de respuesta por parte del Gobierno federal.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que “no existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones” y recordó que “el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista”.
Los agricultores mexicanos coinciden en un punto central: buscan precios más justos para sus producciones y la no aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Rechazan la norma que impediría el intercambio de concesiones entre particulares, dejando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como la única autoridad para redistribuir el recurso hídrico.
Mientras los tractores y camiones permanecen inmóviles en los puntos fronterizos, la protesta adquiere una fuerza simbólica. No se trata solo de un cierre de aduanas o de carreteras, sino de un grito de alerta: los productores reclaman condiciones justas para trabajar y sostener una tradición agrícola que, según ellos, está amenazada por los costos, la falta de apoyos y la incertidumbre legal. Entre consignas y explicaciones, los agricultores de Chihuahua y el norte del país dejan claro un mensaje que se repite en cada voz que se levanta: “No somos delincuentes, no queremos más que trabajar”.
¿Qué demandan los productores?
Las peticiones que han hecho al Gobierno son:
- Precios competitivos en la siembra de granos y oleaginosas, de acuerdo con su ingreso objetivo.
- Que se les otorgue financiamiento accesible, seguro agrícola y que se les ayude a capitalizar sus unidades productivas.
- Regreso al esquema de agricultura por contrato, a fin de asegurar precios, comprador y comercialización ordenada.
- Defender la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre y cuando se apoye a los productores mexicanos.
- Piden plan integral de seguridad en el campo y carreteras seguras, protección a centros de acopio, atender y combatir las extorsiones y el robo de mercancías.
- Solicitan una política agroalimentaria moderna, incluyente y técnica en favor de la productividad, logística, infraestructura, tecnificación y adopción tecnológica.
Cortesía de El Informador
Dejanos un comentario: