Hay una ceguera voluntaria de la clase política tanto en Estados Unidos como en México que cuesta estabilidad y crecimiento a ambas economías.
Un impuesto o la inestabilidad jurídica tienen costos y más allá de lo que digan los funcionarios de ambos países, los datos en Estados Unidos y en México sugieren que las consecuencias son cuantiosas.
Donald Trump presentó su estrategia de tasar con aranceles una buena parte de las importaciones a su país como una forma de proteger a su industria, de fortalecer su mercado interno. Prometió que no había un incremento en la inflación y que se dispararían las tasas de crecimiento.
El republicano dijo en campaña que los aranceles son un gran impuesto para forzar a otros países a hacer negocios justos, y lo más importante, insistió, es que los aranceles no serán un costo para los consumidores estadounidenses.
Hoy, 310 días después de haber asumido el poder Donald Trump hace concesiones directamente con el presidente de China, Xi Jinping; elimina aranceles a productos agropecuarios y básicos; y, sobre todo, busca la manera de zafarse políticamente de las consecuencias de sus medidas.
Scott Bessent, secretario del Tesoro del gobierno estadounidense, dijo hace un par de días que los aranceles impuestos por Trump nada tienen que ver con las presiones inflacionarias, que todo es responsabilidad de las presiones en los precios de los servicios.
Hay una negación estructural de que un impuesto, como lo son los aranceles, afecte al consumidor. Y en todo caso, dijo en algún momento Trump, se hará un reembolso a cada estadounidense de 2,000 dólares de lo obtenido con los aranceles.
En México la ceguera voluntaria del régimen está cargada a los efectos devastadores de la pérdida del Estado de derecho con una serie de hechos que no parecen tener fin en su retroceso.
Desde la contrarreforma al Poder Judicial, la pérdida de organismos autónomos, la anulación de la protección del Juicio de Amparo o bien, ahora en curso, la manera como los ministros puestos a modo son capaces de intervenir en asuntos juzgados y cerrados.
El costo de la negación estructural en México es muy peligroso porque implica la destrucción de la certidumbre jurídica. Los capitales buscan certezas, o podemos decirlo así: los capitales son cobardes ante la percepción de que las leyes se pueden modificar por capricho político, ya sea por la elección de jueces o por la amenaza de revisar sentencias firmes.
La economía responde a la confianza en las instituciones, no al discurso político. La negación oficial se escuda en los datos de Inversión Extranjera Directa, pero hay que distinguir entre la inversión cautiva y la inversión de confianza.
La ceguera política une a ambos lados de la frontera, porque hay la negación desde el poder de que sus decisiones tienen costos reales para una economía que no entiende de ideologías, solo de incentivos, y el costo de esta ceguera lo pagan los consumidores e inversionistas.
Donald Trump niega que sus aranceles sean impuestos a los consumidores y lo que cosecha es una economía débil y con inflación.
En México se rechaza que debilitar la estructura legal sea un problema porque la negación es una estrategia política, pero en la balanza económica el costo siempre se paga.
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Cortesía de El Economista
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